Por María Cafferata

En medio de la crisis política, social e institucional que arrastra Jujuy desde que Gerardo Morales decidió avanzar, entre gallos y medianoche, con una regresiva reforma constitucional, y mientras el gobernador avanza con la criminalización de la protesta, el presidente Alberto Fernández definió intervenir el Partido Justicialista jujeño y desplazar a sus autoridades. La movida, que venía siendo reclamada hace tiempo por un sector del oficialismo, fue una respuesta directa al apoyo que legisladores peronistas de la provincia le habían dado a la nueva Constitución local. 

"No quedan dudas de que las autoridades del Partido Justicialista distrito Jujuy comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrina que fundan el pensamiento justicialista y contradicen el espíritu de nuestra Constitución Nacional", cuestionó Fernández, en calidad de titular del Consejo Nacional Federal del PJ. En lugar de Rubén Rivarola, quien ostentaba la presidencia del partido provincial, fueron designados como interventores el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el intendente de Merlo (en uso de licencia), Gustavo Menéndez.

La decisión de intervenir el PJ jujeño comenzó a gestarse el año pasado. Un importante sector del peronismo provincial venía reclamándole a Alberto Fernández que interviniera y desplazara a Rivarola, histórico titular del PJ local y dueño de El Tribuno -el diario más importante de la provincia-, debido a su alianza política con el gobernador radical Morales. "La militancia, los dirigentes, todos veníamos reclamándolo. Era insostenible que el presidente del PJ siguiera jugando todas con Morales", explica una de las principales dirigentas justicialistas locales. Las conversaciones se precipitaron cuando, el mes pasado, 11 constituyentes peronistas votaron a favor de la reforma constitucional de Morales, la cual prohibe los cortes de calle y rutas (y que, en la versión original, impulsaba el desalojo expeditivo de las comunidades originarias que no tuviesen título de propiedad). El masivo rechazo social a la reforma y la violenta represión que se desató en los días posteriores fue el empujón que faltaba. "Fue la gota que rebalsó el vaso", admite otra referenta peronista jujeña.

Las balas de goma a la cara, las detenciones arbitrarias y los allanamientos pavimentaron el terreno para la intervención, pero todavía debía resolverse un escollo técnico: el cierre de listas. Por primera vez en años el peronismo jujeño se presentaría en un mismo frente, aunque habría una interna entre tres listas para senadores y diputades nacionales: una encabezada por Rivarola y Nilson Ortega, otra encabezada por Carolina Moisés y Guillermo Snopek y la otra encabezada por Leila Chaher y Alejandro Snopek. Como la Junta Electoral era manejada por el PJ local, era necesario terminar de atravesar el período de formalización de alianzas y listas en relativa paz interna. Mientras tanto, el conflicto fue escalando, Morales continuó subiendo la apuesta -con la detención de manifestantes y la acusación de "sedición" a los abogados que los defendían, entre otras medidas- y se terminó resolviendo que era tiempo de intervenir.

El decreto 

"Como es de público conocimiento, un grupo de legisladores del PJ de Jujuy, amparados por las autoridades del partido distrital, votaron favorablemente a la introducción de modificaciones en la Constitución provincial, avasallando y restringiendo derechos fundamentales", comienza fundamentando Fernández en la resolución en la que define intervenir el PJ jujeño. Había tomado la decisión, explica, a pedido de un un grupo de afiliades que habían presentado una nota el 18 de junio manifestando "su preocupación ante el avasallamiento de los derechos humanos cometido por el gobierno de Jujuy y su decisión de sancionar una Constitución provincial que viola derechos y garantías consagrados por la Carta Magna, como el derecho a la huelga o a protestar".

El detonante era claro: el acompañamiento que constituyentes del PJ, que responden a Rivarola, le habían dado a la reforma de Morales. "De acuerdo a la carta orgánica, todos los afiliados están obligados a observar los principios y bases de acción política del partido", explica Fernández, antes de definir que "no quedan dudas" que las autoridades del PJ jujeño comulgaban con un "pensamiento totalmente ajeno" a los principios justicialistas, por lo que correspondía la intervención del partido. Al hacerlo, designa como interventores temporales a Aníbal Fernández y Gustavo "Tano" Menéndez, quienes tendrán un plazo de 360 días para "normalizar" el partido. Los interventores, a su vez, tendrán que viajar a la provincia y elaborar un informe de situación.

El anuncio fue recibido con discreto entusiasmo en el sector del PJ jujeño que venía reclamando hace años que desplazaran a Rivarola. En las filas justicialistas predominaba, sin embargo, un estado de alerta. "Es alegría pero con mucha incertidumbre", admite una de las afiliadas que impulsó el pedido de intervención, reconociendo la complejidad del mensaje de celebrar un hecho que, en la práctica, implica "asumir el fracaso de la dirigencia peronista". Persiste la duda, además, de qué sucederá con la precandidatura de Rivarola a senador nacional por Unión por la Patria: algunes dirigentes deslizan que ahora debería bajarla, pero sospechan que podría recibir apoyo del propio Morales. 

Sí hubo, en cambio, algunas manifestaciones de apoyo a la intervención a nivel nacional, como la del precandidato presidencial Juan Grabois: "Al fin. Lo veníamos pidiendo. Un paso necesario para no acostumbrarnos a la injusticia y a la represión", celebró.

La cacería

En el mientras tanto, Morales continúa la cacería y exprime al máximo su veta "mano dura" para la interna cambiemita. Además de perseguir y castigar a les manifestantes y a sus abogados, se ha abocado a asfixiar económicamente a los intendentes que no le responden políticamente, como el caso de La Quiaca (en donde, además, se ha amagado con un golpe institucional para destituir al intendente, Blas Gallardo). Pese al hostigamiento y persecución, el pueblo jujeño sigue protestando: en Tilcara, la Quiaca, Purmamarca y Abra Pampa.