En medio del enfrentamiento entre el Gobierno y los sindicatos, con una reforma laboral pendiente en el Congreso y el avance de varias causas judiciales contra sindicalistas, hubo cambios en los mecanismos de reparto de fondos a las obras sociales, que dependen de los gremios.

La relevancia de las obras sociales y su financiamiento

Las obras sociales ocupan un lugar central en el sistema de salud de la Argentina. “En la actualidad, alrededor de un tercio de las personas se atienden en el sector público, las prepagas atienden entre un 7% y un 10%, y las obras sociales nacionales y provinciales y el PAMI cubren casi al 60% de la población”, señaló a Chequeado Daniel Maceira, investigador del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).

Las obras sociales se financian principalmente con los aportes de los trabajadores y empleadores. Cada trabajador en relación de dependencia aporta automáticamente un 3% de su sueldo para financiar su obra social y su empleador aporta otro 5 por ciento. Según datos de la AFIP, en 2016 los aportes de empleados y empleadores destinados a la cobertura de salud sumaron $108 mil millones, un 33% más que en 2015.

De ese total, entre un 80% y un 85% (dependiendo de los ingresos del trabajador) se destina a la obra social para la prestación del servicio y el restante 15% o 20% se destina al Fondo Solidario de Redistribución (FSR).

¿Qué es el Fondo Solidario de Redistribución?

Se trata de un fondo cuyo objetivo principal es el reintegro de dinero a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reembolsos (SUR). Además, se encarga de subsidiar a las obras sociales más pobres para que puedan cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO) que establece el Ministerio de Salud de la Nación. El Fondo se creó en 1980, está a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud y se financia con una parte de los aportes y recursos del presupuesto nacional, entre otras fuentes.

El Fondo, que también atiende los gastos administrativos de la Superintendencia, subsidia a beneficiarios cuyos aportes no llegan al mínimo necesario a través del Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO). Este fondo fue motivo de una disputa entre el sindicalismo y el Gobierno en los últimos años del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La CGT acusaba a la anterior gestión de retener los recursos del Fondo Solidario.

El monto para determinar el aporte mínimo del SANO se mantuvo fijo durante varios años, a pesar de la inflación, por lo que ningún afiliado quedaba debajo del mínimo y en la práctica no se repartían fondos a través de ese sistema, como explican Oscar Cetrángolo, profesor de Finanzas Públicas e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, y Ariela Goldschmit, docente de Finanzas Públicas de la UBA.

“No había un criterio claro de devolución de los recursos no utilizados en el Fondo Solidario y en el Sistema de Reintegros. Eso generó un remanente no ejecutado que estaba pendiente de devolución a las obras sociales”, agregó Maceira.

En agosto de 2016, el gobierno de Mauricio Macri anunció el pago de esa deuda que, según explicaron, ascendía a $27 mil millones. Esa deuda, sin embargo, no fue destinada en su totalidad a las obras sociales: sólo $2.700 millones fueron automáticamente girados a la Superintendenciapara reintegrar los costos de los tratamientos complejos. Otros $8.000 millones fueron destinadas a la Cobertura Universal de Salud que impulsa el Ministerio de Salud de la Nación y que apunta principalmente al sector público; $4.500 millones se destinaron al Fondo de Emergencia y Asistencia, que brinda asistencia a las obras sociales, por ejemplo, ante situaciones de epidemias.

Los fondos remanentes (cerca de $14.000 millones), fueron colocados en títulos públicos a cargo de la Superintendencia. Los intereses trimestrales de estos bonos se irán integrando al Fondo Solidario de Redistribución para el pago de prestaciones médicas a cargo de las obras sociales. Esto se estableció mediante un decreto de necesidad y urgencia.

En 2016 la Superintendencia transfirió a las obras sociales un total de $8,1 mil millones a través del Sistema Único de Reintegros. Los gremios que más fondos recibieron fueron el de empleados de Comercio, con $689 millones; el de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con $677 millones; y el gremio de la Construcción (Uocra), con $455 millones. Los datos disponibles de 2017 llegan hasta septiembre último, con transferencias totales por $6,4 mil millones. También Comercio, UPCN y Uocra fueron los sindicatos que más fondos recibieron. Se trata, a su vez, de tres de las obras sociales con más afiliados.

“La calidad del servicio de una obra social depende en parte de la naturaleza del empleo y del nivel salarial de sus afiliados, y en parte de la capacidad de gestión de los responsables de las obras sociales”, señaló Maceira. “Más allá de esto -concluyó-, no es la administración sindical la que determina una buena o mala prestación del servicio. Hay ejemplos de obras sociales sindicales bien administradas y con capacidad de gestión, y ejemplos en sentido contrario”.

Esta semana la Superintendencia hizo una modificación respecto del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), una de las medidas implementadas por el kirchnerismo en 2012. Se trata de un subsidio para compensar las desigualdades del sistema y que se distribuye proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de afiliados de cada obras social. A través de la Resolución 18/2018, el Gobierno dispuso que la Superintendencia debe presentar el primer día hábil de cada mes ante la AFIP el padrón de afiliados de cada obra social para determinar qué monto del SUMA deben percibir, lo cual implica que las transferencias ya no se harán de manera automática, sino ante la presentación de la documentación. Eso otorga más discrecionalidad al Poder Ejecutivo Nacional.