De acuerdo a las más recientes estimaciones, poco más de 10 millones de personas residen en los 40 distritos que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires, es decir, un 70 por ciento de toda la población de la Provincia. 

El nivel de hacinamiento que se encuentra en esta región es uno de los grandes problemas estructurales que acarrea el territorio bonaerense desde hace décadas y que hasta el día de la fecha no ha podido resolver. 

Es más, el problema parece agravarse cada año que pasa. Si bien la pandemia del coronavirus impidió el desarrollo del Censo Nacional, proyecciones elaboradas por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia revelaron que de los diez municipios donde más creció la población en la última década, nueve de ellos pertenecen al Gran Buenos Aires.

Uno de ellos, por ejemplo, es San Vicente, municipio administrado desde el 10 de diciembre por el joven peronista Nicolás Mantegazza.

En el plazo de diez años, pasó de tener 44.529 a 59.478 habitantes, lo que significó un crecimiento del 3,79 por ciento. Para 2020, se estima que la población de San Vicente sea de 77.161. 

“La situación es que en el primer y segundo cordón hay un nivel de hacinamiento que ya no hay lugar para el crecimiento demográfico. Muchos municipios vecinos generaron una migración hacia los municipios del tercer cordón”, explicó Mantegazza a La Tecla. 

En este sentido, el intendente señaló: “Mucha gente, por una cuestión de cercanía ve la posibilidad de poder acceder a su vivienda, o construir su casa, ya que si no es por valores es por déficit de suelo. Son distintos indicadores y factores que han hecho que el distrito, en función del crecimiento y la expansión, haya recibido nuevos habitantes”.

¿Cómo se puede, entonces, descomprimir el Conurbano? Esta es una de las tantas preguntas que se hacen en el Movimiento Arraigo, una iniciativa del senador bonaerense Francisco “Paco” Durañona, que recientemente recibió el aval del presidente Alberto Fernández.

Si bien el grupo de trabajo que lidera el ex intendente de San Antonio de Areco nació hace ya varios años, recientemente conformó una Comisión de Equipos Técnicos en el Partido Justicialista nacional. Fue en ese marco donde el pasado martes el jefe de Estado -quien prontamente asumirá la conducción del partido- cerró uno de los encuentros.

“Parte de la normalidad a la que quiero llegar es la revisión de un modelo de país que se dice federal y que no lo es. No puedo dejar de ver lo que ocurre en el interior. Esta Argentina es desigual y alimenta la desigualdad cotidianamente”, sentenció Fernández.

Y apuntó: “Quiero cambiar la estructura de la Argentina. Necesitamos una distribución entre Nación y Provincias más equitativa, para que cada uno tribute sus impuestos donde desarrolla sus negocios. Debemos ir cambiando las lógicas que imperan y descentralizar los centros urbanos. Cuando la infraestructura mínima llegue a toda la Argentina, es posible que la gente que vive alrededor de las grandes ciudades, piense que volver a su pueblo es una buena idea”. 

“El debate sobre el arraigo es central y le sirve a las grandes ciudades que padecen hacinamiento. Es un proyecto donde todos ganan, y es eternamente postergado”, concluyó el Presidente. 

En este contexto, hay una serie de ejes fundamentales a la hora de hablar de arraigo y las estrategias para desconcentrar el AMBA. En diálogo con La Tecla, Durañona consideró que antes que nada “es imperioso que se defina un rumbo, tanto del Gobierno nacional como el provincial. Es decir, cuál es la orientación que le vamos a dar a la gestión, a las decisiones y los distintos programas”.

“Hay una intención de Axel Kicillof de recuperar la identidad que se perdió en determinada región y en las zonas productivas del interior con una fuerte inversión pública en sectores estratégicos como la salud, la educación, infraestructura, las cuencas hídricas y los caminos rurales. Pero, personalmente y desde Arraigo, creemos que sería muy auspicioso que ese destino de la gestión esté orientado en esto de promover el arraigo, fortalecer las comunidades y a los municipios”, señaló el senador del Frente de Todos.

La provincia de Buenos Aires funciona actualmente como una Confederación de Municipios que, tal como se ha señalado en varias ocasiones, los intendentes no cuentan con total autonomía a la hora de tomar decisiones. 

Recientemente, desde Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de Ley para modificar la Constitución provincial y dotar de mayores competencias a los jefes comunales para poder hacer frente a distintas demandas: educación, salud, tecnología, higiene urbana, producción, agroindustria, empleo, infraestructura, agua y cloacas, espacios verdes, medio ambiente. 

Pero para eso, además, se necesitan mayores recursos. De acuerdo a la estructura coparticipable de la Provincia, sólo el 16 por ciento va para los municipios. De ese porcentaje, apenas una pequeña porción se quedan los del interior, por lo que la posible modificación del Código Único de Distribución (CUD) es también una de las grandes pendientes.

Otra cuestión es la inversión pública de la Provincia orientada a generar arraigo. Esto es, programas ferroviarios, de transporte, viales, de conexión regional, educativas, de salud, productivas, de hábitat y de conectividad. 

Pero más allá de eso, uno de los puntos más fuertes en la discusión es el acceso a la tierra y la vivienda. En la Legislatura, actualmente, hay en debate un proyecto que tiene por objetivo saldar esta deuda a través de una especie de “Procrear Rural”. 

Bajo el nombre “Arraigo Bonaerense” la iniciativa pretende poner a disposición tierra fiscal a través de créditos hipotecarios subsidiados por el Estado para generar acceso a la tierra y la vivienda para pequeños y medianos productores, cooperativas y agricultura familiar, que no tienen ninguna herramienta hoy en día para acceder a la propiedad. 

“De esta manera pueden construir su vivienda e instalarse con su familia y hacer las inversiones para la producción de alimentos. Hay muchísima tierra con capacidad productiva a disposición en la provincia de Buenos Aires. ¿Se va a regalar la tierra? No, es un sistema de créditos como el Procrear. ¿Significa que le vamos a dar tierra a cualquiera? No, implica una participación muy fuerte de las organizaciones rurales, de gobiernos locales y de la Provincia para quienes tengan probada experiencia en materia de producción de alimentos. Las implicancias directas serían generación de empleo, generación de inversión pública y producción de alimentos locales”, explicó el senador bonaerense a La Tecla.

Por ahora, el proyecto está trabado en el Senado y aún no pudo llegar al recinto. Desde el Frente de Todos acusaron a la oposición de no querer dar el debate al ausentarse en dos reuniones de la Comisión de Organización Territorial y Vivienda. “La oposición tiene mayoría por lo que no corre ningún riesgo de que sea aprobada si no quieren, no dieron quórum inclusive con todas las organizaciones que participaron, además de Universidades, como la UNNOBA y la Universidad del Sur que nadie puede acusar de kirchnerista. Hubo dos reuniones, en las dos se ausentaron”, acusaron. 

Junto con el proyecto de Arraigo Bonaerense,  también se presentó uno de conectividad, para que en cinco años la Provincia despliegue la fibra óptica federal con recursos de ENACOM y ARSAT para que haya conectividad en todos los rincones de la Provincia; y un proyecto de Promoción de la Agroecología, que fomenta la economía y la producción local de alimentos de manera sustentable, sin agroquímicos y de manera más económica. Sin embargo, esta última iniciativa fue rechazada en la Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca, que comanda Felicitas Beccar Varela. 

“Están de un solo lado del mostrador. Son productores agropecuarios con miles de hectáreas. Es difícil que quieran aprobar algo con promover la agroecología, en la mejor de las interpretaciones. Después entran los intereses de los laboratorios, que cada vez el mundo los acepta menos, que destruyen nuestro suelo y genera desarraigo. No hay nada que genere mayor desarraigo que la consolidación de sistemas productivos primarios y de grandes superficies, que desmontan, que destruyen superficies y dejan al margen del camino a toda la producción artesanal”, finalizó Durañona. 

En tanto, en el Gobierno provincial ya pusieron en marcha un ambicioso plan de viviendas a cuatro años. Tal como publicó este medio, el plan prevé una inversión total de $190.186 millones, destinados a la construcción de 33.600 viviendas nuevas; la reactivación de 9.738 obras de viviendas cuya edificación se encuentra frenada; el desarrollo de 85.353 lotes con servicios; 18.426 obras de mejoras habitacionales y de hábitat; 507 proyectos integrales de urbanización en barrios populares; y la construcción de 6.213 viviendas y 5.846 lotes como parte del programa Procrear.

El Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat implicó la creación de la “Unidad Provincial de Tierra y Vivienda” que tiene como objetivo coordinar las políticas de generación de suelo urbano y desarrollo de soluciones habitacionales en la Provincia. 

"Tiene que haber una respuesta a esta problemática aunque no sea inmediata, porque la ausencia del Estado genera reacciones que no resuelven el problema de la vivienda y que van contra el derecho del otro", explicó el Gobernador, y finalizó: "Por eso hoy la Provincia decide abordar la situación, junto al Estado nacional y los municipios, así como lo hemos hecho con todos los problemas estructurales que encontramos”.