Pasaron exactamente 5137 días desde que se inició el caso judicial que hoy tendrá un veredicto. En estos 14 años y 23 días se jugaron cuatro mundiales de fútbol. Desde que comenzó a tramitarse el expediente Cristina Kirchner en dos ocasiones, Mauricio Macri y Alberto Fernández ejercieron la presidencia de la Nación.

El 12 de noviembre de 2008, Elisa Carrió y los diputados que la acompañaban en la Coalición Cívica-ARI presentaron una denuncia en Comodoro Py. La denuncia llevaba la forma de Carrió y de Adrián Pérez, Héctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa Siria Quiroz, Susana García, Fernando Sánchez y Juan Carlos Roldán.

Carrió le apuntaba al corazón de los negocios de los Kirchner y uno de ellos era el de la obra pública vial que desde 2003 habían comenzado a recibir las empresas de Lázaro Baéz. El empresario, amigo y socio de los Kirchner, había armado una compañía que se dedicó a hacer rutas en la provincia de Santa Cruz. Y eso para los diputados que hicieron la denuncia era un caso de corrupción.

El caso le tocó por sorteo al juzgado federal a cargo de Julián Ercolini que en aquel año estaba de turno junto a la fiscalía que encabeza Gerardo Pollicita.

El fiscal impulsó la acción penal el 22 de diciembre de ese lejano 2008. Es decir que abrió una investigación judicial en la que uno de los imputados era Néstor Kirchner, el poderoso ex presidente de la Nación, conductor político del Frente para la Victoria y esposo de quien por aquel entonces ocupaba el sillón de Rivadavia.

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El nombre de Néstor Kirchner encabezaba la lista de imputados. Lo seguían, según consta en el requerimiento de instrucción firmado por Pollicita: “Julio Miguel De Vido, Claudio Uberti, Ricardo Raúl Jaime, Carlos Alberto Zannini, Cristóbal Manuel López, Lázaro Antonio Báez y Rudy Fernando Ulloa Igor”. De Vido, ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo y Báez, están entre los imputados en el juicio que concluye hoy.

Gerardo Pollicita, el fiscal que impulsó la investigación original en diciembre de 2008

En la imputación firmada por Pollicita hace casi 14 años el fiscal resumió el corazón de la denuncia: “Al brindar los fundamentos de la presentación, concretamente en las líneas introductorias, (los denunciantes) describieron las estrechas relaciones personales y comerciales que tendrían entre sí los nombrados, así como también el exponencial crecimiento en el patrimonio de estos últimos precisamente a partir de la traba de aquellos vínculos. Por otra parte, se indicó que los ilícitos cometidos habrían comenzado desde fines de 2003 y que, en general, se vinculan a los contratos de obra pública llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas para el adecuado y eficiente funcionamiento de la administración pública. Así, refirieron que los contratos observados presentarían como características la concentración económica, la concurrencia de los mismos grupos empresarios a las licitaciones sin nuevos oferentes, la escasa diferencia en las cotizaciones ofrecidas por las empresas, la alternancia en las adjudicaciones y la existencia de sobreprecios.

El reducido grupo de empresarios estaría conformado por personas con una estrecha vinculación personal con Néstor Kirchner y una evidente relación comercial entre ellos mismos, que les permitiría ser socios y contrincantes de acuerdo a la licitación pretendida. De esta manera, se intentó poner en evidencia en la denuncia que los funcionarios públicos involucrados habrían beneficiado a “empresas amigas”, con desapego de las buenas prácticas de la administración pública, el manejo eficiente del erario público y el respeto a las normas que regulan las compras y contrataciones del Estado; a la vez que se procuró reflejar que son las mismas empresas que, funcionando como holding, se presentaban imponiendo el precio y subiendo considerablemente los costos de la inversión pública ante una total pasividad del Estado contratante”.

Cristina Kirchner en una de las primeras audiencias del juicio oral (Reuters)

La denuncia deslizó sospechas de delitos en varias áreas de la administración durante el kirchnerismo. Y hacía referencia a los negocios de obra pública vial de Baéz en Santa Cruz y a su relación con los Kirchner. En la tercera jornada de alegatos del juicio que termina hoy el fiscal Diego Luciani señaló que esa denuncia generó un cambio. Según lo que analizó el fiscal durante el juicio, a partir de la imputación de Pollicita por la denuncia de Carrió, las empresas que se presentaron a las licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz modificaron el modo en que hacían las ofertas. Trataron de mejorar los precios de las obras que-según la acusación- desde el año 2003 se habían hecho siempre a valores más altos de los que preveían las licitaciones.

Aquella causa iniciada a partir de la denuncia e Carrió lleva el número 15.734/2008 y en ella se hablaba de unas pocas rutas otorgadas a Lázaro Báez. Pero además, como se hablaba de otros casos por sospechas de corrupción se terminaron abriendo expedientes diferentes: algunos quedaron a cargo de Ercolini y otros fueron a parar a otros se tramitaron en distintos juzgados del fuero federal.

Javier Iguacel, cuando declaró en el juicio por la obra pública vial que finaliza hoy.

En abril de 2016, meses después del cambio de gobierno nacional, Javier Iguacel, que estaba al frente de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los inicios del gobierno de Mauricio Macri, formuló una denuncia más amplia y con más datos sobre las rutas en Santa Cruz.

La denuncia de Iguacel se basó en el informe de avance de “Gestión Integral de Obras Ejecutadas en el 23° Distrito Santa Cruz”, elaborado por la unidad de auditoría interna de la DNV. Según la presentación judicial de 2016 en ese informe se había determinado que entre 2003 y 2015 se habían concentrado las obras en esa provincia, delegado funciones de la DNV en la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) -comitente en cada una de las contrataciones- y concentrado obras en un único grupo de empresas: Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y “Sucesión Adelmo Biancalani”. Volvían a aparecer los nombres de algunas de las empresas denunciadas por Carrió en 2008.

En ese informe de auditoría se habían revelado también incumplimientos de los plazos de obra, y una marcada desigualdad en los tiempos de pago con relación a otras empresas contratistas de obra pública que cuyos contratos tenían relación con Vialidad Nacional.

La denuncia de Iguacel tenía información ordenada y que se refería a cada una de las 51 obras entregadas a Baéz. La sistematización de los datos conseguida a partir del informe de auditoría posibilitó una investigación más amplia por parte de los fiscales Pollicita e Ignacio Mahiques. El juez Ercolini había delegado la investigación en los fiscales.

El 3 de agosto de 2016 los fiscales solicitaron que la causa iniciada por la denuncia de Iguacel se sumara a la de 2008. Pidieron que se declarara la conexidad entre el viejo expediente y iniciado a partir de la auditoría de Vialidad, que llevaba el número 5048/2016.

Para pedir la conexidad los fiscales señalaron que: “la cuestión de la obra pública” que se introdujo en el marco de la presente causa, conformaba uno de los ejes centrales denunciados en el marco del expediente originario, en donde se procuraba la determinación de la hipótesis del beneficio otorgado a empresarios allegados y el presunto retorno de dinero a la familia de los anteriores presidentes”.

Con el avance de la investigación Pollicita y Mahiques pidieron la indagatoria de los imputados. Entre ellos estaban algunos que figuraban en la vieja causa como De Vido, Báez y el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López. Y también pidieron la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner, en tanto había estado a cargo del Poder Ejecutivo entre 2007 y 2015.

El juez Julián Ercolini dictó el procesamiento de los imputados en la causa Vialidad

En septiembre de 2016 Ercolini citó a Fernández de Kirchner y a los otros imputados a indagatoria y les dictó la inhibición general de bienes.

El 31 de octubre de 2016 Cristina Fernández de Kirchner declaró en indagatoria y luego de negar los cargos en su contra dijo que:

*”…Los representantes del Ministerio Público Fiscal, pretenden hacerla responsable en su carácter de ex Presidenta de la Nación por supuestas irregularidades que habrían tenido lugar con motivo de contratos de obra pública adjudicados y ejecutados en la provincia de Santa Cruz, lo que resultaba una hipótesis genérica y difusa”.

*”Los fiscales no pueden desconocer y dejar de merituar que tuvo tres causas por enriquecimiento ilícito, en las cuales fue sobreseída total y definitivamente”

*”No tuvo cargos de responsabilidad directiva o de decisiones empresariales en ninguna de las empresas investigadas, lo cual la aleja de toda posible responsabilidad penal”.

*”…En relación con la referencia de Lázaro A. Báez como el “amigo presidencial” que fue “insertado” en el negocio de la construcción, que más allá de que ella no reviste tal cualidad, el hecho de resultar amigo no puede constituir un indicio de delito. Además, que si el deseo de Néstor Kirchner hubiese sido beneficiarlo con obras públicas, podría haberlo hecho cuando fue gobernador de Santa Cruz”.

Fernández de Kirchner argumentó que la investigación realizada por los fiscales tenía intencionalidad política. Remarcó que el fiscal Ignacio Mahiques –sumado a la fiscalía de Pollicita para este caso- era hermano de Juan Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires. En 2016 Mahiques era funcionario del gobierno de Mauricio Macri en el ministerio de Justicia y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Para cargar las tintas sobre la intencionalidad política de la acusación de los fiscales en su indagatoria Fernández de Kirchner también había nombrado a Daniel Angelici como “operador” del macrismo en la justicia.

El juez Ercolini procesó a Fernández de Kirchner y el resto de los imputados el 27 de diciembre de 2016. Habían pasado algo más de ocho años de la imputación de 2008 de Pollicita.

A la vicepresidente de la Nación Ercolini la procesó por asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Y le trabó un embargo de 10 mil millones de pesos.

Jorge Ballestero fue uno de los camaristas -junto a Lepoldo Bruglia- que confirmó el procesamiento del caso. Renunció en mayo de 2018 a la Cámara. (Adrián Escandar)

Las defensas apelaron los procesamientos. Luego de revisar la causa la Sala I de la Cámara Federal porteña los confirmó. La resolución por la cual los procesamientos fueron confirmados fue firmada en septiembre de 2017 por los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero.

En diciembre de 2017, nueve años después del inicio de la causa original, los fiscales Pollicita y Mahiques pidieron la elevación a juicio del caso. El 2 de marzo de 2018 Ercolini cerró la investigación y mandó el caso para que sea sorteado el Tribunal Oral Federal que llevaría adelante el juicio.

En principio había sido sorteado el Tribunal Oral Federal 9 pero ese sorteo fue anulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego el caso le tocó al Tribunal Oral Federal 2 con la conformación que tuvo hasta marzo de 2019: Jorge Gorini, Jorge Tassara y Ramiro González Uriburu. Tassara falleció en marzo de 2019 y se sumó como tercer juez Andrés Basso en tanto Adriana Palliotti fue designada como cuarta jueza.

En el camino hacia el juicio oral el caso tuvo apelaciones que resolvió la Cámara Federal de Casación Penal y también la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En mayo de 2019 comenzó el juicio que ha llegado al final. Unos días antes del inicio la Corte Suprema de Justicia había pedido el expediente original del caso para resolver los recursos presentados por los imputados. Aquel pedido podría haber derivado en la suspensión del inicio del debate, hecho que finalmente no sucedió.

El 21 de mayo de 2019 Cristina Fernández de Kirchner fue acompañada por militantes de su sector político en la primera audiencia del juicio en Comodoro Py. Así se iniciaba un proceso que, pandemia de por medio, duró más de tres años. Y que hoy llega su última instancia: se conocerá el veredicto.