Un grupo de ex miembros de la Policía de la provincia de Córdoba, encabezados por el ex director de Lucha contra el Narcotráfico, comenzará este martes a ser sometido a juicio oral acusado de estar vinculado con la comercialización de drogas.

Se trata de una causa iniciada a fines de 2013, cuando los imputados fueron separados de sus funciones y detenidos por los delitos de "asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, violación de secretos, extorsión y falso testimonio".

El debate oral comenzará a las 9, ante el tribunal federal integrado por los jueces Miguel Hugo Vaca Narvaja, Mario Garzón y Luis Herrera Piedrabuena.

La acusación estará a cargo del fiscal Enrique Senestrari y el titular de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico de la Procuradoría General de la nación, Abel Córdoba, y en principio está previsto que declaren 33 testigos.

La causa, conocida públicamente como "narcopolicías" o "narcoescándalo" y con un alto impacto político, social e institucional en la gestión del gobernador Juan Manuel De la Sota, se inició en diciembre de 2013 cuando la Justicia Federal detuvo a los acusados, entre ellos, el comisario mayor Rafael Gustavo Sosa, por entonces director de Lucha contra el Narcotráfico.

Los otros imputados son Alfredo Damián Seine, Mario Enrique Osorio, Franco Sebastián Argüello, Fabián César Peralta Dáttoli, Gustavo Julio González, Cristián Damián Ingas y Juan Francisco Viarnes, un civil que ejercía de policía encubierto y se encuentra prófugo.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, entre 2010 y 2013, en su condición de jefe, el comisario mayor Sosa "se valió de la estructura jerárquica y de roles dentro de la dependencia, con la intervención del personal subalterno para la comisión de delitos".

Entre esos actos delictivos se descubrió "la generación de sumarios policiales basados en información falsa" y "la incorporación de agentes encubiertos y provocadores (que armaban allanamientos y causas falsas)" que exigían dinero para "favorecer o agravar causas judiciales".

Según la acusación, los imputados también se encargaban de "plantar" estupefacientes para producir detenciones y, además, realizar procedimientos policiales con secuestros de drogas que luego ellos mismos comercializaban.

Para la Justicia, estos efectivos generaban "informes ideológicamente falsos, detenciones ilegales, manipulaciones de las transcripciones de las intervenciones telefónicas y falsa información" con lo que engañaban a los fiscales y tribunales federales intervinientes.

Además, la Justicia Federal sospecha que el policía Juan Alós, encontrado muerto el 7 de setiembre de 2013, pudo haber tenido vinculaciones con estos hechos y que no se suicidó por otros motivos, tal como consideró la Justicia provincial que cerró el caso en 2014.