La red de Re/Max está integrada por más de150 oficinas distribuidas en alrededor de 40 ciudades de la Argentina. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires la empresa en cuestión dispone de 50 puntos comerciales. Para algunos martilleros tradicionales de la CABA consultados por la agencia Noticias Argentinas la red de franquicias cuenta en la actualidad con más del 30% de la porción del mercado inmobiliario local.  Por su parte, los martilleros de la CABA, insisten en el hecho que se están violando normas éticas profesionales “ y los ‘agentes inmobiliarios’ que ellos fomentan, la mayoría, no tiene título habilitante ni matrícula para ejercer la actividad”.

Además, los letrados de CUCICBA, sostienen que Re/Max aumenta la precarización laboral y, estimula, una manera de realizar operaciones inmobiliarias, que terminan generando posiciones monopólicas en la actividad.

En defensa de las operaciones de la compañía, su CEO, Sebastián Sosa, explicó que “desde hace años se ha montado una batalla legal que es deshonesta y comercial contra emprendedores locales que buscan dar un resultado novedoso utilizando nuestras herramientas”.

Ahora bien, las declaraciones de los ejecutivos de Re/Max los ha llevado a afirmar que trabajan con 5.000 personas.

En una solicitada publicada en los diarios nacionales en noviembre de 2021, Re/Max dijo tener 5000 agentes inmobiliarios. Y, fue esta novedad la que motivó a los dirigentes sindicales de comercio a realizar una denuncia ante el Ministerio laboral. En su escrito, los representantes gremiales anunciaron que realizarán medidas de acción directa contra la franquicia extranjera. Además, en la denuncia presentada ante la cartera que conduce Claudio Moroni, la asociación gremial dice que Re/Max usa la figura de “agente inmobiliario para engañar a los trabajadores y privarlos de sus derechos laborales y/o sindicales”. Y agrega que “pretenden precarizar la actividad inmobiliaria y lucrar su necesidad”.

Por ese motivo las autoridades informaron que el próximo martes 15 de febrero se realizará una audiencia de conciliación laboral en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación por la situación irregular de los empleados de Re/Max y los dirigentes del Colegio Profesional Inmobiliario fueron convocados a dar testimonio acerca del accionar de la compañía teniendo en cuenta las dos resoluciones administrativas de la Inspección General de Justicia (IGJ), un ente descentralizado, creado por Ley nacional, que depende del ministerio de Justicia de la Nación, y que tiene como misión registrar y fiscalizar sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han puesto en jaque la actividad de la multinacional de servicios inmobiliarios y que ha reforzado la posición del Colegio de martilleros local en el planteo judicial.

El año pasado emitió una resolución contra Re/Max Argentina SRL, en donde determinó como ilícita la actividad inmobiliaria bajo el régimen de franquicia, tras lo que ordenó iniciar el proceso judicial de liquidación. Al tiempo que Re/Max contratacó con una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNDC) contra la entidad de los martilleros, a la que acusó de boicot, cartelización y abuso de posición dominante.

La denuncia del sindicato mercantil viene a sumar una querella más a una guerra judicial que ya se extiende por más de quince años.