En principio, en la carátula de la causa figuran como delitos imputados el cohecho, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos, tráfico de influencias en concurso real, tenencia de arma de fuego de uso civil y amenazas calificadas.

El empresario Barrios es defendido por los abogados Pablo Moyano y Brenda Vittori, mientras que al policía Ocampo lo representa el Dr. Eduardo Gerard. El fiscal de la causa es José Arias.

Al momento de hacer uso de la palabra en lo que fue la primera audiencia del debate oral, el exjefe de investigaciones de la Policía confesó su enojo porque los detalles de la acusación en su contra fueran publicados en diciembre de 2021 por diario El Entre Ríos.

Ocampo, vale tener presente, es un funcionario público y, por ende, su actuación vistiendo el uniforme policial es también "pública" y está expuesta a la comunidad.

Lo difundido a fines de 2021 fue la imputación inicial efectuada desde el Ministerio Público Fiscal. La información detallaba que la investigación había detectado presuntos pagos que Barrios efectuaba a Ocampo, por fuera del sistema legal de adicionales, mediante el cual la policía regula la contratación de sus servicios por parte de privados. Aunque no habría fechas precisas, los indicios señalan que las entregas de dinero se habrían repetido durante no menos de tres años.Leé tambiénImputan a un alto funcionario policial y al dueño de una distribuidora por cohecho, tráfico de influencias y abuso de autoridadEntre los diez hechos de la imputación, figuran “favores” que Ocampo ordenaba realizar a sus dependientes, con el claro propósito de beneficiar a Barrios. Por caso, certificados de buena conducta para determinadas personas. También, una “verificación a domicilio” de un camión de la distribuidora Manaos.

Más grave aún sería que, según las pruebas colectadas por Fiscalía, Ocampo, a pedido de Barrios, habría ordenado a funcionarios policiales, sin que mediara justificación, identificar al conductor de un auto.

También se le imputa a Ocampo haber hecho valer su influencia sobre el área de Tránsito de Concordia, para que dicha dependencia municipal le devuelva una moto a una persona del círculo familiar de Barrios, siendo que el vehículo había sido secuestrado en un operativo de control de tránsito.

A Ocampo también se le reprocha haber presuntamente desafectado personal a su cargo que investigaba el homicidio de Raúl Alberto Molina, ocurrido en Estancia Grande, derivándolo a cumplir funciones de seguridad en la Distribuidora Manaos, sin que este último servicio fuera contratado formalmente a través del sistema de adicionales.

El cuanto a Barrios, el empresario al que la Justicia acusa por cohecho activo, y su empresa han experimentado un crecimiento notable en la capital del citrus, no sólo por sus ventas a los consumidores. También por sus vínculos con el Estado, que fuera visible a través del sponsoreo de eventos organizados por las municipalidades de la región.

El juicio a Barrios y Ocampo continuará hoy viernes. Al culminar el debate oral y público, el tribunal deberá resolver si condena a ambos o se vuelca por la absolución.Un operativo para BarriosEntre los hechos que Fiscalía atribuye a Ocampo en complicidad con Barrios hay uno que reviste características singulares y que fuera difundido por Diario Uno en un informe periodístico en el mes de julio de 2022.

El hecho en cuestión tiene relación con un conflicto que tenía el empresario. Este hombre quería imponer su monopolio en la distribución de Manaos en Concordia y la región de Salto Grande. Según contó Diario Uno, había un comerciante que no quería comprarle las gaseosas a él, sino que prefería conseguirlas en otros lugares. Lo presionaba y amenazaba reiteradamente, e incluso una vez denunció que le quería prender fuego su casa.

Un día, el comerciante viajó a Villaguay para comprar las Manaos y Barrios lo siguió. En el trayecto, cuando el hombre regresaba con la mercadería, lo interceptó y lo amenazó. En ese momento, Barrios se comunicó con Ocampo y el comisario movilizó nuevamente la estructura policial: llamó a la policía caminera y pidió montar un operativo cerrojo para detener la marcha del vehículo del comerciante, con el argumento de que llevaba mercadería que no estaría en regla. El procedimiento policial se realizó y el conductor del vehículo explicó la situación, dijo que lo estaban amenazando y justificó el transporte de las gaseosas.

Todo esto quedó registrado en las actas que se labraron en el operativo, y hasta en el libro de guardia donde quedó asentado el llamado que realizó Ocampo para pedir el mismo.

El 9 de diciembre del año pasado, el fiscal Arias solicitó los allanamientos a los investigados y se logró desbaratar el accionar delictivo. Y desde entonces, la causa avanzó con el análisis de más evidencias que fueron secuestradas. Así, surgió este segundo episodio que será endilgado a ambos acusados.

Una vez que este hecho sea imputado formalmente al comisario, la causa quedará prácticamente lista para ser enviada a juicio, donde la Fiscalía buscará una condena tanto para el policía como para el empresario, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias.

Ocampo, que había llegado a la Policía de Concordia en 2013, en este momento se encuentra pasivo en la fuerza de seguridad provincial y probablemente, si lo terminan condenando, sea exonerado