La AFIP, la agencia recaudadora del Estado, comenzó a perseguir a la Corte Suprema de Justicia mucho antes de que se hablara del juicio político. La orden la dio, en el caso del organismo impositivo, la propia Cristina Kirchner hace unos tres meses. El juicio político a los jueces del máximo tribunal es la consecuencia escandalosa de aquella gestión más discreta. El juicio político es otra ofrenda de Alberto Fernández a su mentora en la desesperada búsqueda de su apoyo a la candidatura a la reelección del actual presidente. Sobre todo, el apoyo de Cristina Kirchner en las primarias obligatorias que se realizarán en agosto. Para las elecciones generales, puso en marcha una campaña electoral sucia que incluye, según la aceptación oficial, a una “mesa militar” en la AFI (el servicio de inteligencia oficial), donde personal militar, civil o uniformado, estaría participando en la intercepción ilegal de conversaciones telefónicas privadas. La revelación periodística de que existe esa “mesa militar” en el espionaje del Gobierno lo llevó a este a una decisión bufonesca: denunció penalmente a dos periodistas y a dos diarios por publicar lo que ellos mismos aceptan que es cierto.

Un funcionario de La Cámpora en la AFIP, Mariano Abruzzese, que llegó al organismo cuando Cristina Kirchner desplazó a Mercedes Marcó del Pont y puso gente propia en la agencia recaudadora, es el funcionario que está a cargo del monitoreo diario de las cuentas de la Corte Suprema.

Abruzzese, subdirector de Operaciones de Grandes Contribuyentes de la AFIP, está inspeccionando la obra social de la Corte; el fondo anticíclico, que tiene importantes ahorros de dinero, y los depósitos del tribunal en los bancos Ciudad y Nación. Cuentan que Cristina Kirchner llama hasta tres veces por semana para preguntar si hubo avances en esta extravagante intervención de la AFIP en el dinero propio del Poder Judicial. La persecución a los jueces supremos del país es pública, pero también es soterrada.

El juicio político será un escándalo con Leopoldo Moreau convertido en la versión vernácula de Beria, el jefe de los servicios de inteligencia de Stalin que comandaba juicios sumarios. Citará seguramente a los jueces de la Corte, pero estos no están obligados a concurrir; lo máximo que pueden hacer, si quieren, es mandar un escrito a la Comisión de Juicio Político. Pero hará otras citaciones; pedirá que algún juez amigo autorice allanamientos, y llamará a testigos. Es posible que también trate de unir el juicio político pedido por Alberto Fernández con otros pedidos preexistentes. Hay dos, por lo menos: uno lo promovió la diputado hipercristinista Vanesa Siley contra el juez Carlos Rosenkrantz porque este firmó una sentencia según la cual el beneficio del dos por uno para la prisión, previsto por el Código Penal, también es aplicable a los condenados por delitos de lesa humanidad. El otro lo presentó Elisa Carrió contra el juez Ricardo Lorenzetti por supuestos hechos de corrupción. Un show que no conducirá a nada porque el oficialismo carece de los dos tercios de los votos del plenario del cuerpo, necesarios para abrirle un juicio político a la Corte. Pero otra cosa es la Comisión de Juicio Político, donde el oficialismo tiene solo un diputado más que la oposición (16 sobre 31). Suficiente para el show. Para que exista esa ínfima mayoría son necesarios los tres votos de los diputados que representan a Sergio Massa, que adelantaron que apoyarán el jaranero espectáculo contra los más importantes jueces del país. Massa sirve para cualquier cosa: se presenta como el único gobernante sensato ante el gobierno de los Estados Unidos y el Fondo Monetario mientras se presta aquí a la persecución a la Corte. Es decir, contribuye a profundizar la inseguridad jurídica del país.

Las razones del juicio político a la Corte serían risibles si no fueran institucionalmente gravísimas. La acusan de haber dictado una cautelar por el hurto de parte del gobierno nacional de fondos de la coparticipación a la Capital (cautelar que les restituyó a los porteños una porción del dinero manoteado por el kirchnerismo) y por tres decisiones que tienen que ver con la constitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura. Los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias, salvo que se demuestre que son sentencias írritas o fraudulentas. ¿Qué pruebas hay de que la Corte cometió prevaricato cuando cumplió con su rol constitucional? Ninguna. También incluirán en el juicio político presuntas conversaciones telefónicas entre Silvio Robles, un estrecho colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Capital, Marcelo D’Alessandro, actualmente en uso de licencia. Son pinchaduras ilegales de teléfonos porque no fueron autorizadas por ningún juez y, por lo tanto, no sirven para ningún sumario judicial o político. “Yo no hago denuncias basadas en conversaciones privadas”, dijo Alberto Fernández el martes pasado. Dos días después denunció a D’Alessandro por esas conversaciones privadas que fueron obtenidas ilegalmente. Para ser claros: en la Argentina solo tienen valor judicial o político las intervenciones telefónicas autorizadas debidamente por un juez. ¿Justifica la campaña electoral hasta lo inmoral? Ahora estamos ante la certeza de que la operación contra Enrique Olivera en 2005 (era candidato a jefe de gobierno por el partido de Carrió y fue acusado falsamente de tener cuentas bancarias no declaradas en el exterior) se pergeñó en el despacho del entonces jefe de Gabinete, que era Alberto Fernández.

El Presidente perdió siete gobernadores en el pedido de juicio político a la Corte; fueron 18 los que firmaron la primera declaración contra la resolución sobre la coparticipación y ahora son 11 los que suscribieron el pedido de juicio político. Vale la pena detenerse en algunos gobernadores. Uno de ellos, Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, inició la campaña contra Rosatti porque también espera ser el elegido por Cristina Kirchner como candidato a presidente. Carrió denunció varias veces que Santiago de Estero, gobernado por Zamora como un señor feudal dueño de todo, incluidas la Justicia y la economía, es un centro clave del país en el tráfico de drogas. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, encumbró, junto con Juan Manzur, a Daniel Leiva como presidente de la Corte Suprema provincial. Leiva fue fiscal de Estado nombrado por Manzur y Jaldo. Un camarista, Enrique Pedicone, grabó a Leiva cuando este le pedía, en nombre de Manzur y Jaldo, que manejara con bajo perfil el caso del hijo del represor Antonio Bussi. Pedicone terminó echado del Poder Judicial. La promiscuidad institucional es habitual en algunas provincias que se escandalizan por el desempeño de los jueces supremos del país, que respetan sus estrictas facultades constitucionales.

El periodismo reveló que los servicios de inteligencia incorporaron a personal militar desde que la AFI es conducida por Agustín Rossi. La información fue confirmada por la respuesta oficial de la AFI (ex-SIDE) a la comisión parlamentaria de control de los servicios de inteligencia, por las declaraciones públicas del propio Rossi y por la denuncia penal contra dos periodistas (Daniel Santoro y quien esto escribe) y contra los diarios LA NACION y Clarín. Misión cumplida. Es lo que debe hacer el periodismo: contar lo que el poder no quiere que se sepa. La información de LA NACION se respaldó exclusivamente en documentos oficiales (pedidos de informes y respuestas entre la comisión bicameral y la AFI). Este periodista no habló nunca en su vida profesional con espías profesionales del servicio de inteligencia, hayan sido agentes o exagentes de los servicios. No sirven para nada.

Los periodistas no están obligados a respetar el secreto de lo que sucede entre las cloacas del espionaje. Tampoco lo están los legisladores de la oposición si lo que descubren es que los servicios están violando la ley, como sucede con la incorporación de militares. Rossi no dijo la verdad, por ejemplo, cuando aseguró que Ramiro Gómez Riera, asesor de la AFI, no es militar. Gómez Riera es subteniente del Ejército y su esposa es jefa de personal de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad nacional. Un familia dedicada a los servicios de inteligencia.

Que Alberto Fernández haya vuelto a meter al periodismo profesional en el Código Penal, que prevé la posibilidad de cárcel, es un giro sorpresivo de la historia que deja mejor parada a Cristina Kirchner. La expresidenta eliminó del Código Penal (en tiempos más moderados, es cierto) el ejercicio del periodismo. Alberto Fernández ya es solo una máscara de lo que dijo ser.