Semana particular para varios intendentes de la provincia, quienes a las situaciones cotidianas de gestión debieron sumarle un dolor de cabeza extra por los reclamos de empleados (en algunos casos) y vecinos (en otros), que aplicaron la metodología de protesta que más incomoda al gobierno y a gran parte de la sociedad: los cortes de rutas.

El difícil contexto económico por el que atraviesan los municipios del interior le jugó una mala pasada a los intendentes de General Mosconi y Misión Laishí. Miguel Ángel Riveros no pudo impedir durante las últimas dos semanas que aborígenes que reclamaban puestos laborales en la empresa Plus Petrol cortan el servicio de energía eléctrica por el lapso de dos días, dejando “a oscuras” y sin la posibilidad de que los vecinos de Mosconi puedan contar con el servicio básico para afrontar las elevadas temperaturas; José Lezcano también se las vio en figurillas y debió recurrir a la mano amiga de la provincia para que los más de cincuenta ¿empleados? municipales que mantienen un conflicto laboral y judicial con el municipio liberen la Ruta Provincial 1 frente a la pintoresca localidad sureña.

Pero no sólo el interior “profundo” se animó a salir a la calle o a la ruta. En la capital también el intendente Fernando De Vido tuvo que utilizar su muñeca política para evitar que se expandiera el conflicto que se inició el martes en las inmediaciones del Aeropuerto “El Pucú”, cuando vecinos del Barrio Sagrado Corazón y del “16 de Julio” pedían red de agua potable, pavimento y alumbrado público, antes de que fueran desalojados de la Ruta 11 por la policía, no sin antes forcejear con los revoltosos.

Politiquería

El contexto en el que se desarrolló el reclamo vecinal se tiñó de “politiquería”. El jueves, cuando desde la municipalidad enviaron a funcionarios con peso de decisión (el titular de la Unidad Ejecutiva Municipal, la Secretaria de Obras Públicas, el Director de Electrotecnia y Alumbrado Público y el presidente y vice del Concejo Deliberante) que fueron acompañados del administrador de Aguas de Formosa; el clima de la reunión no fue la mejor desde el principio ya que desde el oficialismo y la oposición hubo acusaciones cruzadas por supuestos “merodeos” de operadores políticos en las horas previas, intentando algunos generar un ambiente cordial de recepción para los funcionarios y ejecutivos; mientras que otros habrían estado incentivando a los reclamantes a que no acepten propuestas a largo plazo. Varios testigos confirmaron estas acusaciones de uno y otro lado, admitiendo que concejales oficialistas y de la oposición “prepararon el terreno” según los intereses.

Luego del paso del “Tsunami Lanata”, el oficialismo quedó más susceptible a la generación de hechos públicos adversos y en ese sentido hubo órdenes “estrictas” desde Casa de Gobierno que los problemas deben solucionarse “de cualquier forma y con inmediatez”.

Incapaz de cualquier otro tipo de reacción por las graves internas dentro de las filas de la UCR y por la abrumadora mayoría del oficialismo en la Legislatura provincial y los Concejos Deliberantes de las diferentes comunas, cada funcionario radical saca sus propios réditos políticos de situaciones puntuales, tal como ocurrió esta semana.

Ante este cuadro, la reunión en el Bº Sagrado Corazón terminó como todos sabían que iba a terminar: interrupción a los funcionarios, gritos de uno y otro lado, agresiones verbales, intento de “carterazos” hacia una funcionaria y el inevitable fin de las expectativas por lograr un entendimiento. Los vecinos exigieron “soluciones urgentes” para sus reclamos, cortaron el diálogo y salieron a la ruta nuevamente dejando “en ridículo” a los que habían ido a explicar la planificación de obras futuras.

Los “borrados”

Al gobierno le preocupa mucho y le molesta aún más este tipo de actitudes porque consideran “evitables” estas reacciones que –admiten- tiene mitad de “culebrón” político y mitad incapacidad de prevención por parte de varios “burgueses de la función pública” que “desaparecieron” de la escena política luego de que pasaron las elecciones y lograron objetivos particulares.

“Estos problemas no los tendríamos si cada concejal o su secretario recorrieran todos los días los barrios y pudieran ser articuladores de la necesidad de los vecinos. Nosotros ya nos topamos con el problema explotado y tenemos que resolver en la marcha”, se quejaba uno de los funcionarios municipales que en forma permanente se pone el traje de bombero cuando las llamas se expanden.

El ejemplo de un candidato a intendente (que continúa siendo concejal en la capital) barriendo las veredas de los vecinos en época electoral para ganar simpatía es recurrente entre quienes ejemplifican a los “borrados” de los barrios.

El hecho que dentro del partido gobernante las grietas se abran permanentemente por las ansias voraces de porciones de poder, termina perjudicando la gestión de los gobernantes municipales y en muchos casos el provincial. No son pocos los que “disfrutan” en la intimidad la implosión de problemas, porque debilitan al “compañero” en la carrera hacia la escalera de arriba. Ni el pedido de Gildo de “no mirar al compañero de al lado” alcanza a postergar la ambición de muchos de los que se encuentran en un segundo o tercer nivel de importancia.

Nadie deja de tener presente que la “cacería de brujas” por la filtración de información sensible nada menos que a la cara de “la Corpo” (entiéndase Lanata) no mermó y varios quedaron en la línea de fuego sospechados de haber ventilado lo que sólo era de circulación en el ámbito oficial.

De tripas, corazón

Por poca o mucha voluntad que desde las comunas y el gobierno provincial le pongan, hay una realidad que en forma privada todos confiesan: no hay plata. Y no habrá en el plazo inmediato, por lo que hay que ingeniarse para aprender a gobernar sin los grifos que desde el tercer piso de la Casa de Gobierno calmaba la sed de dinero de los ineficientes administradores de la “cosa pública”.

Según el análisis realizado por la consultora Delphos, la situación financiera de las provincias argentinas es crítica. “Se observa un deterioro generalizado de las cuentas fiscales”, dice la publicación.

De acuerdo al análisis, el resultado que muestran las cuentas fiscales provinciales “provoca que la gravedad de la situación se vuelva crítica”.

En 2012 las provincias tendrán un bache financiero de 31.000 millones de pesos: un déficit fiscal de 20.500 millones y vencimientos de amortizaciones por 11.000 millones. Así lo indica el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). La recaudación propia de las provincias también se desacelera: creció en el primer bimestre 28,6% respecto de ese lapso de 2011, 10 puntos menos que en 2011, que fue de 39% respecto de 2010. Ello marca una merma de la actividad, señala el estudio.

Por suerte, para los mortales que habitamos esta provincia, informes y datos oficiales sostienen que “las provincias más comprometidas son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Santa Cruz, Entre Ríos, Chaco, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Tierra del Fuego, Neuquén y La Pampa”.

Crear condiciones

Formosa escapa al “pelotón rojo” de las provincias más comprometidas pero no sobra plata para pensar en aumento salarial, ayudas excepcionales a municipios o fomento de obras sin el apoyo de los organismos nacionales e internacionales de créditos.

Esta situación la tienen por sentado quienes administran las arcas provinciales, por lo que ya algunos intendentes reaccionaron para recaudar más (Formosa y Clorinda apuestan a cambiar metodologías de recaudación o modificación de variables impositivas), mientras que otros sólo apuestan a que “pase el temblor”.

Aún con críticas sobre la forma de otorgar obras que pesa sobre “el lomo” del intendente, un municipio que le encontró la vuelta desde el año 1984 para resolver la cuestión de la pavimentación es el reducto donde manda Mario Brignole. El sistema de Consorcio donde la comuna (51%) y los vecinos (49%) dividen gastos ya les permitió pavimentar más de 10 mil metros de calle de los habitantes de “La Perla del Sur”.

“Cada vecino que quiera tener su calle pavimentada puede pagar $950 el metro lineal que se puede financiar hasta en 48 cuotas. Una familia que tenga su terreno de 10 metros de ancho pagará $9.500, que traducido a números finos son poco menos de $200 mensuales durante 4 años”, detalla un funcionario para precisar datos.

Lejos está, esta forma de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la mayoría de las intendencias. Los servicios e infraestructuras que demandan los habitantes urbanos, se acostumbraron a reclamar, pero en las mayorías de los casos a evitar pagar.

Sólo en Formosa, se pavimentaron casi un millar de cuadras, sin que existiera un solo plan de recupero para beneficiar a otros vecinos. Es lógico que con esa experiencia la demanda de servicios irá en aumento. Es probable que algunos no tengan para pagar pero también es irrefutable que el promedio de gastos en celulares orilla los 200 pesos mensuales por familia tipo. En ese rubro, nadie levanta la voz para evitar su consumo y, menos aún protestar o cortar la ruta porque los precios aumentan o son costosos. En toda la provincia hay más de un celular activo por persona.

Ante la creciente demanda social muchos intendentes, que fueron electos para gobernar (con o sin plata), deberán comenzar a ejercer talento para resolver los problemas comunes y evitar “males mayores” que sean el caldo de cultivo de revueltas, de las cuales salen unos pocos beneficiados. Los mismos de siempre.