“Pueblo chico, infierno grande”, reza un antiguo refrán popular, que refleja la proporción inversa entre el tamaño de un determinado territorio y la magnitud de los conflictos y vicisitudes que afectan a sus pobladores.

La apacible ciudad de Monte Hermoso, de algo más de 7 mil habitantes, se ve sacudida por un escándalo de magnitudes impensables, tras una acusación por asociación ilícita que tiene en la mira al intendente peronista Marcos Fernández y a varios funcionarios, además de su hermano, Martín. Luego de “dormir” en los cajones, la causa se reactivó y la jueza federal María Gabriela Marrón comenzó a citar a indagatoria a los imputados.

La denuncia, presentada en 2015 por los ediles Carolina Bertazzo y Victorio Dupuy, del Frente Progresista Cívico y Social, fue investigada por el titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca, Antonio Castaño, quien concluyó que autoridades del Municipio “aunaron voluntades y pergeñaron un plan con el objeto de cometer, entre otros, delitos electorales”.

En su análisis, Castaño asegura que los funcionarios municipales “se valieron de punteros a fin de captar personas en situación de vulnerabilidad, de bajos recursos y educación mínima”, a quienes adulteraban sus documentos para que votaran en favor de Fernández, entonces candidato a intendente por el Frente para la Victoria, “abultando la cantidad de votantes para el partido político reinante” a través de falsos empadronamientos.

Los hechos ocurrieron en las PASO de 2015, que finalizaron ampliamente en favor del peronismo (unos 800 votos de diferencia sobre Cambiemos), mientras que dos años antes, los radicales habían obtenido un triunfo relajado. “Es un vuelco muy grande, sospechamos que algo raro había pasado. Por ejemplo, que habían traído gente de afuera para votar acá”, expresa Dupuy a La Tecla.

Tras el ejercicio comparativo entre ambos padrones, el fiscal Castaño asevera que “se pudo establecer que hay nuevos electores con domicilios inexistentes, donde no hay construcciones (...) o aparecen una cantidad indeterminada de electores en un mismo domicilio”.

En un recuento de situaciones irregulares, el fiscal menciona el caso de Oscar Bertin, director del Registro Civil montermoseño, quien ingresó “declaraciones falsas en los DNI de las víctimas” y “facilitó su domicilio personal, donde residían numerosísimas personas” al momento de las elecciones. O las siete personas que figuraban empadronadas en un baldío.

La pesquisa de la jueza Marrón también llevó a investigar lo que el fiscal consideró una “zona liberada, sin control policial alguno; donde no quedaron registros del transporte de personas que ingresaron al distrito en las jornadas de elecciones”. Además, Castaño apuntó a los responsables de los “transportes contratados por el propio Municipio”, aclarando que el recorrido era “desde barrios carenciados de Bahía Blanca o directamente desde la sede del FpV” hacia la sede de ese partido en Monte Hermoso, o directamente hacia las escuelas donde tenían que votar. Y señaló “la manipulación ejercida sobre los votantes, al punto que se sintieron ultrajados por la maniobra que no advirtieron desde el comienzo”.

Pedido de detención e ¿intervención?

El abogado de la querella, Leandro Aparicio, manifestó a La Tecla que, a través de los resultados electorales y grabaciones realizadas a algunos de los imputados, pudieron establecer que la mayoría de la gente que llevaron a votar “era de estratos sociales bajos; pero también había señoras de plata que iban específicamente para hacerse el carnet de conducir, porque lo tenían vencido. Y una de esas señoras declaró que el jefe del Registro Civil (Oscar Bertin) sacaba un cuaderno y les preguntaba cuál dirección querían”.

El letrado de los denunciantes aseguró que “en algunos casos se pagaba con plata falsa, a través de distintos punteros, que traían de a 15 o 20 personas y cobraban por eso”.

En cuanto a la demora en tramitarse la causa, Aparicio fue contundente: “Se debió a la corrupción de la Justicia; en este caso, de los camaristas federales Jorge Ferro, que ya fue denunciado en otras causas y ya renunció, y Pablo Candisano Mera, a quienes denunciamos por las maniobras que hicieron”.

Por último, el abogado querellante aseveró: “En noviembre de 2016, el fiscal Castaño pidió la detención y el llamado a indagatoria de Fernández y otras seis personas por asociación ilícita agravada, que tiene una pena de entre 5 y 20 años”; y agregó que los camaristas en-viaron la causa a la Justicia Electoral, que no avanzó en la investigación; “has-ta que dos años después, finalmente, volvió al fuero penal”.

“Son actos relacionados con manipulación de elecciones, además de pagos con vales municipales”, aseguró Aparicio. “Es de una gravedad tal que está claro que amerita una intervención del Municipio”, añadió el letrado. 

“Traían gente que te preguntaba dónde queda la Escuela 2”

Uno de los denunciantes es el actual concejal radical Victorio Dupuy, quien recordó que “cuando llegaron las PASO de 2015 notábamos que venían muchas combis de afuera. El mismo domingo llegaban y se iban, y la misma combi hacía hasta cinco viajes por día. Y lo mismo volvió a pasar en 2017”.

“Traían gente que te preguntaba dónde queda la Escuela 2; acá tenemos tres escuelas, es imposible que alguien que es de acá no las conozca”, añadió.

El edil aseguró que “nosotros seguimos indagando, hasta que el año pasado fuimos citados a declarar para ver cómo seguía, y ahora llegamos al 2019 con la jueza Marrón que se decidió y están todos con pedido de indagatoria. Hay casos que, más allá del dolor que causan, son hasta graciosos. Como el de un muchacho que se equivoca y se acerca al comité radical para pedir su documento y el carnet de conducir que le habían prometido, porque acá cuesta 3.600 pesos. Nosotros no entendíamos nada. Dijo que venía a buscar a un tal Sergio. ¿Qué pasó? Que se confundió y, en vez de ir a la unidad básica, se metió al comité. O sea que tenían retenida su documentación. Y eso está grabado y aportado a la causa”.

Por último, Dupuy aseveró: “Traían gente muy humilde por 500 pesos y el carnet; y en las colas para votar te encontrabas con gente que no sabíamos quiénes eran. Calculamos que fueron entre 500 y 800 los que detectamos”.

“En esta ciudad vivimos entre seis y ocho mil habitantes, así que nos conocemos todos. Y si no lo conocés, siempre podés preguntar: ‘Che, ¿quién es este nuevo que vino?’”, dijo el edil radical acerca de los “acarreados” a votar.

Las empresas confirman la operatoria

La empresa Transporte La Patagonia confirmó que fue contratada para trasladar a personas a Monte Hermoso, pagándose con tiques de Acción Social de la Municipalidad montermoseña. También fue admitido, según consta en la causa, por la firma Norte Bus; mientras que Transporte Fuertes argumentó que no cobraban los servicios al oficialismo el día de las elecciones. Y añadió que la Juventud Peronista les entregó vales de combustibles para cubrir los gastos.

El caso Katherine, impensada fuente para la causa

El fiscal Castaño añade en su escrito algunas referencias a la presunta maniobra a partir de escuchas telefónicas ordenadas a Martín Fernández, hermano del intendente, en el marco de otra causa. Es la que investiga la muerte de Katherine Moscoso, de 18 años y con retraso madurativo. Estuvo desaparecida seis días, hasta que su cuerpo fue encontrado enterrado en un médano. Entre los sospechosos investigados se encuentra Fernández, dueño del boliche Arenas, al que asistió la menor. El caso provocó puebladas, quema de la comisaría y linchamientos.

Mutis por el foro del intendente y el Municipio

Tras la citación judicial a indagatoria del intendente Marcos Fernández y varios de sus ex y actuales colaboradores, La Tecla se comunicó con el Municipio para obtener una declaración oficial al respecto. Sin embargo, desde el Ejecutivo se informó a este medio que “el intendente no tomó vista de la causa y no hay mayores comentarios para hacer. Es una causa política”. 

La escueta respuesta oficial fue hecha llegar a través de la oficina de Prensa de Fernández, rechazando la posibilidad de dar su versión sobre el escándalo que envuelve a su gestión.