Un nuevo acuerdo entre el gobierno y las FARC, anunciado el sábado, revive la esperanza de vivir en una Colombia en paz, aunque el camino a recorrer seguirá siendo tortuoso, como los cuatro últimos años de negociaciones. El gran interrogante sobre el futuro del proceso es si los opositores, que no participaron de las reuniones en La Habana, después de conocer el acuerdo decidirán apoyarlo, hacerle observaciones o rechazarlo definitivamente, lo que implicaría que siguiera la incertidumbre sobre su implementación.

“Con toda humildad, quiero reconocer que este nuevo acuerdo es un mejor acuerdo”, dijo el presidente Juan Manuel Santos, al presentar en un discurso televisado algunas de las modificaciones. Pese a esto, el más férreo opositor al proceso de paz con las FARC, el ex presidente Alvaro Uribe, solicitó que los voceros de la oposición puedan estudiar el nuevo texto y que el acuerdo “no tenga alcance definitivo” hasta que no terminen de revisarlo.

Al final, muchas de las propuestas fueron aceptadas por las FARC, al punto de que el jefe negociador del grupo guerrillero, Luciano Marín, alias Iván Márquez, dijo que se cedió al máximo al declinar sus aspiraciones en varios aspectos. El único punto rechazado fue la petición de la derecha de que los jefes guerrilleros que se desmovilicen no pudiesen participar en política. Santos dijo que la propuesta no fue aceptada porque el objetivo principal de un proceso de paz es que los rebeldes depongan las armas y defiendan sus ideas en el escenario de la democracia.

El texto integrado del acuerdo suscripto en septiembre con las modificaciones aprobadas el sábado será publicado en su totalidad en los próximos días, pero ya se anticiparon los principales cambios.

Por ejemplo, en el punto de la Jurisdicción Especial para la Paz se estableció que los guerrilleros culpables de delitos que no colaboren con la Justicia sí tendrán restricción efectiva de la libertad, lo cual era ambiguo en el anterior acuerdo.

Además, se acordó que las salas de esa jurisdicción estarán presididas solamente por jueces colombianos y que su vigencia durará 10 años.

Las FARC también quedaron obligadas a disponer de sus bienes y activos para reparar a las víctimas y se garantiza “el máximo beneficio y total seguridad jurídica” a los miembros de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos en el marco del conflicto.

El grupo guerrillero aceptó que el partido político que surja de su desmovilización tendrá representación en el Congreso si sus miembros son elegidos en las votaciones parlamentarias, ya que se descartó un acuerdo inicial que les daba 16 escaños de forma automática antes de su primera participación electoral.

Ahora el gobierno presentará el nuevo acuerdo a los promotores del “no”. Aunque se hicieron cambios en 56 de los 57 temas planteados por ese sector, tanto Santos como el jefe de su equipo negociador, Humberto de la Calle, anticiparon que probablemente no todos quedarán contentos. De la Calle dijo ayer que la “aceptación” del nuevo acuerdo de paz logrado con las FARC “no va a ser unánime” pero fue conseguido “con un diálogo sincero”.

Santos dijo hace poco que el nuevo acuerdo sería implementado con leyes del Congreso, aunque después planteó que también se puede recurrir a otro plebiscito o a la búsqueda de un consenso mediante cabildos abiertos en varios de los más de 1100 municipios que forman el país. Pero el camino del Congreso parece ser el más viable porque el gobierno no parece muy dispuesto a arriesgarse en un segundo plebiscito.