La Defensoría del Pueblo, liderada por Carlos Camargo Assis, ha interpuesto una acción de tutela en contra de la empresa Urbaser, operadora del relleno sanitario Loma Grande en Montería, Córdoba. La medida se tomó debido a la negativa de Urbaser de permitir el ingreso de la comunidad y funcionarios para realizar un contra muestreo de aguas y lodo en la zona aledaña al relleno.

La tutela fue presentada a solicitud del gobernador indígena Rafael Enrique Gómez Herrera, quien actúa en nombre propio y en representación del Cabildo Indígena Jaraguay, habitantes de la vereda Loma Grande.

La comunidad alega que sus derechos fundamentales a la salud, integridad, vida y libre locomoción, así como sus derechos colectivos al goce efectivo de un ambiente sano y salubridad pública, están siendo vulnerados.

El contra muestreo había sido programado para el pasado 20 de mayo, con el objetivo de verificar el cumplimiento por parte de Urbaser del Auto 920 del 22 de febrero de 2023. Sin embargo, pese a haber sido informada con anticipación, la empresa impidió el acceso a la comunidad y a las entidades estatales.

Según la Defensoría del Pueblo, esta negativa viola los derechos de acceso a la información pública ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales de la comunidad indígena Jaraguay y los habitantes de la vereda Loma Grande.

La acción de tutela busca proteger los derechos fundamentales de la comunidad y garantizar su participación en el seguimiento y control de las actividades llevadas a cabo en el relleno sanitario Loma Grande, cuyo impacto ambiental ha sido motivo de preocupación para los habitantes de la zona.

«En el seguimiento a la efectiva garantía de derechos colectivos, nuestros funcionarios acompañaron a representantes del cabildo indígena Jaraguay y del laboratorio de la Universidad de Córdoba. Nuestro equipo evidenció que la operadora del relleno no permitió el ingreso para el desarrollo de la actividad programada, la cual había sido informada con antelación”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Se espera que la justicia se pronuncie prontamente sobre esta tutela y determine si Urbaser vulneró los derechos de la comunidad al negar el acceso para el contra muestreo.