Cuando aún no está resuelta la paritaria, la dirección de Educación Privada sigue en manos de una funcionaria sciolista vinculada colegios a los que debería controlar y que se encuentra acusada de numerosas irregularidades. Manejará subvenciones que forman parte de un presupuesto de casi $11 mil millones.
Hay algunas áreas de la administración pública bonaerense donde el cambio que votó masivamente la ciudadanía, en las elecciones de octubre de año pasado, está tardado demasiado en llegar. En distintas investigaciones realizadas por el diario Hoy demostramos como funcionarios que formaron parte del gobierno de Daniel Scioli, y que están seriamente sospechados de graves hechos corrupción, se han reciclado en organismos que manejan presupuestos millonarios como el IOMA y el Instituto de Loterías y Casinos.
Algo similar está ocurriendo en la Dirección General de Cultura y Educación. Más específicamente en la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (Dipregep), organismo donde desde hace años se estaría administrando con absoluta discrecionalidad los pagos de subvenciones que otorga el Estado bonaerense a colegios privados, en momentos donde la mayoría de las escuelas públicas se están cayendo a pedazos a raíz de la falta de inversión pública.
Según el último presupuesto aprobado por la Provincia, a la Dipregep se le asignó una caja $10.985 millones, unos $384 millones más respecto al monto total recibido en 2015. Ahora bien, si se tiene en cuenta que las subvenciones sólo se pueden utilizar para cubrir gastos salariales de los docentes de las escuelas privadas, y en momentos en que aún no se resolvió la pauta salarial para el presente año, existe un marcado hermetismo respecto al uso se le pretende dar a esos $384 millones de plus presupuestario. Es más, una vez que se firme el acuerdo paritario, el presupuesto de la Dipregep aumentará de forma proporcional al porcentaje de aumento de haberes, tal como ocurrió en 2015 cuando la caja de este organismo -.tras el acuerdo paritario- se incrementó en un 40% respecto a 2014, lo que se tradujo en una erogación extra de más de $3000 millones respecto a lo contemplado en el presupuesto aprobado por la Legislatura. A ello hay que sumarle que los responsables de los colegios ya se están preparando para aplicar un aumento del 30% en el valor de las cuotas que pagan los padres.
Tras el cambio de gobierno concretado el pasado 10 de diciembre, el nuevo titular de la Dirección de Escuelas, Alejandro Finocchiaro, decidió ratificar en el cargo Nora Pinedo como responsable de la Dipregep, quien ejerció esa misma función durante la gestión de la sciolista Nora de Lucía y fue denunciada por graves irregularidades en la distribución de las subvenciones. Concretamente, desde el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme), denunciaron oportunamente que colegios privados retenían ilegalmente los aportes previsionales a sus trabajadores. Hasta el propio el estado bonaerense, a través del IPS, se hizo eco de los reclamos y también denunció penalmente a los responsables de varios de estos colegios. Eso no fue todo: el Soeme también hizo reclamos legales por el pago de subvenciones a colegios que libraban a su personal cheques con razones sociales de fantasía para burlar el accionar de la Justicia y el pago de cifras millonarias a establecimientos educativos que hacían figurar en su planta de personal a docentes y trabajadores fallecidos o jubilados.
Ante una consulta de Hoy, Finocchiaro defendió la continuidad de Pinero (ver aparte). La realidad es que constituiría una incompatibilidad manifiesta. ¿El motivo? Su permanencia en la función pública había sido pedida por los sectores más conservadores de la Iglesia de nuestro país que poco y nada tienen que ver con la línea pastoral del Papa Francisco y que, precisamente, son los que reciben una parte sustancial de las subvenciones educativas. Eso no es todo: en los registros de la Anses figura que Pinedo mantiene relación de dependencia con dos instituciones educativas de gestión privada que deberían ser controladas por la Dipregep. Nos referimos, concretamente, al colegio Castañeda, perteneciente a la Universidad Católica de La Plata (UCALP), que depende del Arzobispado de La Plata y recibe subvenciones del Estado que salen desde la propia Dipregep, y el Instituto Modelo de Lomas de Zamora. En otras palabras, por más que desde la Dirección de Escuelas se escuden diciendo que supuestamente la funcionaria tiene licencia sin goce de sueldo, los papeles muestran claramente que se encuentra de los dos lados del mostrador.
“No resiste ningún análisis que la funcionaria que tiene que administrar semejante caudal de recursos al mismo tiempo tenga vinculación laboral con colegios a los que abastece de subvenciones o a los que debería controlar. Esta función tiene que ser desempeñada por alguien absolutamente independiente, que no tenga relación ni con los sindicatos ni mucho menos con la patronal. Creemos que la gobernadora no está al tanto de esta situación, pero nosotros ya se le comunicamos al ministro de Trabajo e hicimos los reclamos en la propia dirección de Escuelas, sin haber obtenido respuesta alguna”, dijo a Hoy la dirigente del Soeme, Susana Mariño. Remarcó que “si en las próximas horas no se modifica esta situación, haremos nuevas denuncias penales para que se investiguen la comisión de graves delitos”. En ese sentido, desde el Soeme anticiparon que en la denuncia que están preparando pedirán que se investigue a Daniel Scioli, a Nora de Lucía y la evolución patrimonial de los funcionarios de la Dipregep, ante las sospechas de que se podrían haber favorecido económicamente a partir del manejo de las subvenciones educativas.
Explicaciones oficiales: muchas más dudas que certezas
El diario Hoy se comunicó con el titular de la Dirección de Escuelas, Alejandro Finocchiaro, para conocer la respuesta oficial respecto a las denuncias y cuestionamientos que genera el funcionamiento de la Dipregep y la continuidad de Nora Pinedo.
Ante las consultas de Hoy, Finocchiaro evitó responder directamente si la continuidad de Pinedo fue exigida por sectores de la Iglesia, y se limitó a responder que “tenemos una buena valoración por su trabajo, y esto es compartido por el Sistema Educativo de Gestión Privada”.
“En términos normativos no existe incompatibilidad alguna entre los cargos de base la docente y la responsabilidad que viene llevando adelante en la Dirección General de Cultura y Educación. La docente es una persona de carrera en el sistema de enseñanza privada de la Provincia, que conoce muy bien el área; eso ha sido, fundamentalmente, nuestra valoración para su continuidad en el cargo”, dijo Finnocchiaro. Agregó: “Asimismo, las decisiones sobre el manejo del Presupuesto no recaen en la Dirección Provincial de Educación Privada. Las responsabilidades política y administrativa dependen de las Subsecretarías de Educación y de Administración, con los controles pertinentes de la Auditoría. La Dipregep es el órgano operativo encargado de la ejecución de las políticas. En ningún caso se toman decisiones inconsultas. Por otro lado, los cambios introducidos en la estructura interna de la Dirección fortalecen el monitoreo de las acciones”.
Cabe preguntarse entonces: ¿si la decisión del manejo de los recursos no depende de la Dipregep, porqué la ley de Presupuesto le asigna semejante caudal de recursos a esa dependencia?
Finnochiaro reconoció que “tomamos conocimiento de las denuncias que se realizaron respecto del funcionamiento de esta área en particular, como de otras que dependen de la Dirección General, aún antes de asumir la responsabilidad. Realizamos una evaluación y estamos trabajando para hacer los cambios que hagan falta. No tenemos conocimiento que ninguna de las denuncias tengan lugar o se hayan realizado en la Justicia. Igualmente, nos encontramos en pleno proceso de organización del área, donde mejoraremos todos los procedimientos económicos y pedagógicos para dar una respuesta más rápida al sector”.
Cabe preguntarse entonces: ¿si reconocen que están al tanto de las irregularidades en la anterior gestión, que tipo de cambio se puede hacer si se mantiene en el cargo a una de las funcionarias involucradas en esas maniobras?
Finnochiaro también buscó relativizar el aumento presupuestario de casi 400 millones para la Dipregep. “En cuanto al Presupuesto puntual para la Dipregep, no encontramos en ninguno de los cruces comparativos entre las partidas 2015-2016 el monto señalado en la pregunta. Probablemente se trate de un cálculo parcial. De todos modos, el incremento en el sector surge de previsiones presupuestarias, que se estiman a partir del cálculo que puede llevar el incremento de los salarios de los docentes bonaerenses. Es importante aclarar que el aporte que realiza el Gobierno de la Provincia a las escuelas privadas, es EXCLUSIVAMENTE destinado a salarios docentes. Garantizando así la posibilidad de muchas familias de elegir el servicio educativo garantizado por la Constitución de la Nación, la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación de la Provincia. Debe tenerse en cuenta que el presupuesto para Educación es votado por el poder legislativo bonaerense, y discutido en ese marco con todas las fuerzas políticas de la Provincia”.
En realidad, el caudal de recursos asignados a la Dipregep –los casi 11 mil millones de pesos- figuran en el mensaje que acompaña el proyecto de Presupuesto que envió la gobernadora María Eugenia Vidal a la Legislatura, y que fue aprobado el pasado 14 de enero.
Otro llamativo beneficio
En la provincia de Buenos Aires, los colegios privados –sin distinción- se encuentran alcanzados por polémicos beneficios impositivos. Por ejemplo, al aprobarse el presupuesto y la ley impositiva el pasado 14 de enero, quedó ratificado que los administradores de estos colegios seguirán exentos del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos. Esto le generará, a la Provincia, un gasto tributario de más de 574 millones durante el presente año.
En Capital Federal sí, en Provincia no
Un dato llamativo de la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño fue que decidió aplicar un recorte muy importante en las subvenciones que otorgaba el Estado porteño a colegios privados de la Capital Federal con el objetivos de derivar esos recursos a aumentar la inversión en las escuelas públicas.
Por el momento, en provincia de Buenos Aires han decidido tomar otro camino al punto que se prevé que -tras las paritarias- cuando finalice el año caudal de recursos asignados a los colegios privados rondará aproximadamente los 15 mil millones de pesos.
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