Las decisiones judiciales están llamadas a definir situaciones a veces relacionadas con cuestiones de gran trascendencia social. Ha tomado estado público una decisión judicial por vía de amparo en donde está en juego el derecho de la mujer –más precisamente una niña- a abortar en caso de violación. Tema que divide con distintas opiniones a la sociedad y cuyo debate en éste y otros países es continuo, pues confronta dos derechos fundamentales como son la vida del niño por nacer y la integridad psico-sexual de la víctima del abuso. Estas circunstancias son tomadas como decisiones trágicas para la doctrina, pues no resulta posible armonizar los derechos en crisis.

Corresponde advertir a la comunidad del peligro que representa para el ciudadano que las decisiones de los jueces, en estos y en todos los casos, se vean afectadas por las presiones políticas o mediáticas, o por responder a los intereses de determinados grupos, por más auténticos que sean, lo que no se cuestiona. No debe olvidarse que un juez debe cumplir su labor con integridad intelectual y humildad, con asiento en la realidad y sentido social, buscando encontrar soluciones que reflejen igualdad y un equilibrio de justicia.

Por ello, creemos necesario llamar a la reflexión y explicar que existen mecanismos de revisión de fallos en todos los niveles ya sea provincial, nacional e internacional a los que pueden recurrir los abogados, sin que por esto se genere una persecución sobre los actores del servicio de justicia, quienes deben trabajar con libertad, sin supeditar su decisión al enojo, la empatía o los intereses de sectores particulares. Es indispensable proteger y respetar la imparcialidad e independencia con que deben los actores del servicio de justicia pronunciar sus decisiones; aún cuando éstas, encontrándose ajustadas a su interpretación sobre el derecho aplicable, no se correspondan con el sentimiento de una parte de la población.

Así, en el caso que nos ocupa, lo acontecido a partir del pronunciamiento efectuado por el Juez Víctor Soria y la intervención de la Asesora de Incapaces Mariela Flores Larsen, alerta sobre la protección de esa cualidad tan indispensable en un estado democrático de derecho para la correcta labor de los jueces, cual es su independencia, ya que ella resulta una garantía para todo aquel que recurra al sistema de administración de justicia, de que resolverá su conflicto un tribunal no contaminado por presiones. Así como el compromiso por la función asumida en el caso de los Asesores. Puntos estos en el que insistiremos tantas veces como sean necesarias para concientizar a la población.

Estos días también observamos sorprendidos la agresión a un magistrado que fue a coordinar acciones con personal policial en momentos de zozobra social, como fue la situación vivida por el Fiscal Maximiliano Troyano.

Las amenazas como reacción ante la disconformidad con una decisión que contraría sus preferencias o intereses, por nobles que se presenten, o la violencia, atentan contra la Justicia misma y se erigen en espadas de Damocles que penden amenazantes sobre quienes desarrollan tan delicada labor y por sobre todas las cosas la independencia y cumplimiento fiel de la función como garantía de la sociedad.