"No fue una cuestión secreta ni nada que ver", afirmó ayer Boyero al ser consultado por el acta 56 del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. "Me pareció un disparate lo que leí, como si el acta se hubiera firmado en un cuartito, a escondidas, sin que nadie se enterara". Por el contrario, recordó Boyero, el acta 56 se firmó entre los cinco gobernadores de la cuenca del río Colorado -La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires- y el ministro del Interior de la Nación en ese momento, Florencio Randazzo, en presencia de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y de otros tres gobernadores argentinos -San Juan, La Rioja y San Luis-, que habían viajado hasta la ciudad Mendoza para participar de la visita presidencial. "No fue para nada a escondidas", remarcó Boyero.

La reunión tuvo lugar en el séptimo piso de la Casa de Gobierno de Mendoza, en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas de esa provincia. La presencia de los cinco gobernadores de la cuenca y del ministro del Interior permitió que volviera a reunirse el Consejo de Gobierno del Coirco, órgano que hacía 18 años no deliberaba. Si el encuentro no tuvo difusión más amplia fue porque en nuestra provincia, el gobierno había dado una información sumamente austera sobre la reunión, sin explicitar los pormenores y alcances de la misma. LA ARENA estuvo presente esa jornada en la ciudad de Mendoza merced a la gestión de un diputado provincial.

Tras la deliberación, los gobernadores y el ministro de Interior firmaron el acta del encuentro, que llevó el número 56 y registró las decisiones tomadas allí. Una de ellas fue la autorización de las cuatro provincias a que Mendoza hiciera un "informe previo" sobre su intención de cambiar la ubicación original del trasvase del Grande al Atuel -el paraje La Estrechura, en la alta cuenca de ambos ríos- para localizarlo junto a la represa de Portezuelo del Viento. "Los gobernadores dijeron que sí, pero sólo a los estudios de factibilidad de esa obra", explicó Boyero, reiterando que "de ninguna manera" se dio el OK a concretar esa trascendental modificación.

En el año 2004, La Pampa se había opuesto a un pedido similar de Mendoza. Por eso, el 7 de agosto de 2008 La Pampa modificó su postura inicial y le dijo sí a los estudios previos. En el acta de la reunión, la postura pampeana quedó escrita en párrafo aparte para diferenciarla de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, que ya en 2004 habían dicho que no tenían objeciones al planteo de Mendoza.

Descomprimida.

Dos años y medio después de obtener esa autorización, Mendoza desistió de hacer el trasvase de caudales entre el Grande y el Atuel. "El gobernador (Celso) Jaque envió una nota al Coirco informando que por ahora desistía de concretar el trasvase y que se iba a concentrar en la construcción de Portezuelo del Viento", recordó Boyero. "Esa decisión -comunicada por nota en abril de 2011- descomprimió mucho la situación, porque el trasvase complicaba todo ya que es una obra muy compleja y obligaba a realizar muchos más estudios, y más complejos".

Desde esa fecha a la actualidad, el tema trasvase no se volvió a hablar en el Coirco, ni a nivel oficial ni en las charlas informales. "El delegado que viene a las reuniones nunca más mencionó el tema", comentó Boyero, quien dijo sorprenderse cada vez que un político o un diario mendocino menciona el tema del trasvase.

"Desde que Jaque mandó esa nota, en el Coirco nunca más se habló del tema", reiteró. La nota de Jaque está contemplada en el temario para la próxima reunión del Consejo de Gobierno del Coirco, el que podría concretarse antes de fin de año. Si el desestimiento se aprueba en ese encuentro, el tema del trasvase quedará postergado para "10 ó 15 años a futuro", estimó Boyero.

Portezuelo.

La autorización definitiva para que Mendoza empiece a construir la represa y central hidroeléctrica de Portezuelo del Viento, está atada al resultado de un conjunto de estudios sobre cuestiones ambientales y operativas.

"Si los estudios no arrojan resultados satisfactorios, Coirco no los va a aprobar", remarcó Boyero, en otra respuesta a quienes dicen que La Pampa no está en condiciones de defenderse ante situaciones que la perjudique. "No sólo La Pampa puede oponerse, sino también Río Negro y Buenos Aires". Esta última, incluso, tendría más argumentos que La Pampa para cuestionar la represa mendocina porque tiene una mayor superficie irrigada con el río Colorado y al encontrarse en el tramo inferior del río, recibirá agua con una carga salina que puede afectar su calidad para riego.

Precisamente, la salinidad con que llegará el agua a la provincia de Buenos Aires es uno de los estudios en marcha. Otros se refieren a cuestiones ambientales y un tercero a las pautas de embalses y desembalses que deberá cumplir la represa, un aspecto clave para el funcionamiento de la cuenca media e inferior.

"No es una interna del PJ", dice Morisoli.

Para el diputado Juan Pablo Morisoli, el pedido de iniciar una demanda ambiental contra Mendoza por el río Atuel no esconde una interna entre sectores internos del Partido Justicialista sino una decisión unánime de los diputados provinciales que llegó a su punto de madurez después de años de trabajo y elaboración de estudios técnicos. Según el diputado, el planteo de una demanda agilizará las negociaciones contra la provincia e incluso podría favorecer algunos logros para el castigado oeste pampeano.

Morisoli fue secretario de Recursos Hídricos durante la gestión de Carlos Verna y el primer mandato de Oscar Jorge. Ahora se desempeña como diputado provincial y en esa función el jueves le tocó presidir la sesión en la que la Legislatura aprobó por unanimidad el reclamo para que el Ejecutivo elabore y presente una demanda judicial contra Mendoza por el daño ambiental causado por el corte del río Atuel.

Una nueva demanda, estimó el legislador, no implica abandonar las mesas de negociación sino todo lo contrario: un elemento fuerte para poner en juego a la hora de buscar resultado favorables a nuestra provincia."En los 10 años que estuve en la Secretaría tuve que negociar con la espada de la demanda administrativa para quitarnos las regalías de los Nihuiles", recordó ayer. "Esa demanda nosotros la íbamos contestando mes a mes, año a año, y no nos impedía sentarnos con (Julio) Cobos, con (Celso) Jaque, con (Roberto) Iglesias, sabiendo que querían quitarnos las regalías y pretendían que le devolviéramos la plata actualizada desde el año en que se empezó a pagar", señaló.

Interna.

En respuesta a quienes ven en este proyecto una intencionalidad en el marco de la interna del justicialismo pampeano, Morisoli recordó que la idea comenzó a gestarse en los primeros tiempos del mandato de Carlos Verna. "Hace 9 años -indicó-, cuando diseñamos la política hídrica pampeana para dos períodos, pensamos que había que llegar con una demanda ambiental de acuerdo a las nuevas leyes, pero con un profundo basamento técnico, jurídico y económico, que es lo que ha estudiado en dos oportunidades la Universidad Nacional de La Pampa".

-¿Qué haya una demanda puede agilizar el dialogo?

-Eso es lo que nosotros pensamos, porque depende cómo se siente uno a la mesa de negociaciones, con quién, quién hay de un lado y quién de otro, y qué cartas trae, qué documentos y de qué peso, para que esa negociación se incline par un lado o para otro.

Hasta ahora se ha inclinado para el lado de Mendoza, creo que ya estamos hartos y queremos presentar cosas que tengan mucho peso.

-¿Y los que piensan que es una interna del PJ?

-No, no, para nada. Esto viene de lejos. En la sesión (del jueves) conté que apenas yo había asumido con el ingeniero Verna, cuando inaugura el edificio de la Municipalidad de Santa Isabel, el 12 de octubre de 2004, dice 'No me va a temblar la mano para hacerle un nuevo juicio por los caudales del Atuel a Mendoza'. Desde esa época ya lo teníamos en carpeta y ahora ha llegado el momento de llevarlo adelante.

Millonarias.

En la entrevista Morisoli volvió a quejarse de que el Poder Ejecutivo no haya remitido el estudio sobre la estimación económica del daño ambiental en el oeste pampeano que hizo la Universidad Nacional de La Pampa. Aseguró que aunque no conoce con precisión los números que desveló ese estudio, tiene conocimiento de que "son cifras multimillonarias, gigantescas, en unidades de miles de millones", ya que no sólo comprenden lo que dejó de producirse sino también el daño ambiental y social producido en un tercio del territorio provincial.

También volvió a defender el convenio interprovincial firmado el 7 de agosto de 2008, que hubiera significado beneficios para las dos provincias y lamentó que la clase política Mendoza no haya visualizado ese hecho como una solución a la tensión entre las dos jurisdicciones.