Asimismo, ratificó su pleno apoyo al plan de lucha que viene sosteniendo la Asamblea “Más Ríos, Menos Termas”, y en especial, a los jóvenes que mantienen el campamento de guardia para prevenir el avance de las topadoras. Además estudian denunciar penalmente al secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Los funcionarios provinciales son ignorantes o verdaderos delincuentes, pero lo que queda claro es que se han puesto al borde de la ley y de la Constitución Provincial, que son contundentes al indicar que, para un emprendimiento a gran escala en un área de alto valor biológico y cultural como la Toma Vieja, la ciudadanía tiene el derecho de ser informada activamente y de participar ampliamente en los procesos de toma de decisión, en audiencias públicas y reuniones abiertas” afirmó Jorge Signorelli, de la CC-ARI local.

“El trámite en el cual se autorizó la “exploración” es absolutamente irregular” agregó: “el estudio de impacto ambiental presentado por ENERSA tiene copias textuales de informes presentados en otras localidades entrerrianas, e incluso copia, sin citar, un material proveniente de una publicación efectuada por la Dirección Provincial de Hidráulica y el Consejo General de Educación, haciéndolo pasar como una producción del ingeniero ambiental que firma el trabajo”. Cabe destacar que en el EIA presentado por ENERSA también se específica que las tareas de desmonte se realizarían de forma manual, sin ningún tipo de maquinaria de gran porte y sin producir quemas, lo cual no fue así, ya que la empresa encargada de los trabajos ingresó al predio con topadoras (que no estaban autorizadas para operar, según el registro de la Dirección Provincial de Recursos Naturales) desde el primer día y estuvo quemando los restos del desmonte.

“Como la provincia no ha elaborado su ordenamiento ambiental territorial ni su ordenamiento de bosque nativo, estamos frente a una grave violación al artículo 7º de la Ley de Bosques Nativos[1] - que por ser de presupuestos mínimos rige para todo el territorio nacional - y al artículo 84 de la Constitución Provincial,”, informó Signorelli.

Desde la Coalición Cívica ARI, además, acusaron a Raffo de mentiroso. “El secretario de Ambiente miente cuando dice que desconoce cómo se va a desarrollar el complejo: está todo explicado en el proyecto que ganó el concurso nacional del Colegio de Arquitectos, donde han afirmado que el camping municipal de la Toma Vieja (que es un Área Natural Protegida desde la década del ’90) va a desaparecer como lo conocemos hoy, porque allí se va a construir el parque acuático termal y un hotel cinco estrellas, lo que implica la privatización y desaparición de un espacio público que actualmente disfrutan cientos de familias de paranaenses” afirmaron.

“Esto no lo inventamos nosotros, están las declaraciones de la intendenta, el gobernador y el equipo de arquitectos afirmándolo en medios de prensa de toda la provincia, no creemos que también se traten de “errores involuntarios” como el certificado de aptitud ambiental que equivocadamente emitió en enero de este año el secretario de Ambiente”, agregaron.-

Frente a esta situación, este funcionario se pone al borde de la ley, en claro incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo cual “analizaremos en las próximas horas la posibilidad de denunciar penalmente a Raffo y a todos aquellos que, por acción u omisión, están cometiendo o avalando delitos ambientales” afirmaron con contundencia desde la Coalición Cívica ARI.

“Nos preguntamos: ¿Podemos los ciudadanos dejar que el Estado por llamarse Estado viole la ley? O aún peor, ¿no debemos ser los mismos ciudadanos el que sea parte en el control del Estado para que éste siempre tenga una conducta ejemplar?”, cerraron diciendo desde la CC ARI.