Por Robertino Sánchez Flecha

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica presentaron hoy un proyecto de Ley que modifica el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con el objetivo de crear una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El articulado dispone que las prestaciones se ajusten a partir de abril por el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), conforme la inflación de febrero más un aumento del 20,6% que busca compensar la pérdida del poder de compra por la suba de bienes y servicios registrada en los primeros meses de 2024.

“Sostenemos la urgencia de avanzar en reformas que aseguren el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios”, fundamenta el texto de los legisladores del partido que lidera Elisa Carrió.

“El Gobierno pagó un aumento del 27% y a partir de abril quiere hacerlo por inflación. Pero tenés un problema, y es que la inflación sería la de marzo para pagar en abril. Enero y febrero, los meses de mayor aumento de precios, no se reactualizan y queda desacoplado”, consideró en diálogo con Infobae la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto.

Conforme la última actualización establecida por el Gobierno nacional, la jubilación mínima alcanzó en marzo los $134.445. Y con un bono de $70.000 que otorgó la Casa Rosada, los haberes llegaron a $205.000 . La medida había sido anunciada en febrero por el ministro de Economía Luis Caputo, y se instrumentó por Resolución 38/2024. La decisión del presidente Javier Milei se dio en pleno debate sobre la posibilidad de avanzar en una reforma del sistema previsional. A su vez, el oficialismo cuestiona la disposición de Alberto Fernández, quien durante su administración modificó la fórmula de actualización de prestaciones a las jubilados por una fórmula ejecutada por Decretos del Poder Ejecutivo.

Desde la oposición cuestionaron aquella decisión de Fernández por considerar que los jubilados “perdían con la inflación”. En el marco del debate de la Ley Ómnibus, Milei propuso una nueva fórmula previsional. Sin embargo, un sector de las bancadas opositoras criticó la idea porque señaló que el articulado disponía que la fórmula se aplicaría a partir de marzo, sin contemplar la pérdida de poder adquisitivo de enero y febrero, que fueron meses con alta inflación.

Respecto del aumento dispuesto por el Gobierno, Oliveto señaló que “lo hacen así porque de aplicar la fórmula de Alberto Fernández recién en junio recuperarían lo que perdieron en relación con enero, febrero y marzo”. Y agregó: “Lo hacen por ajuste. Entonces, para que sea realmente una actualización, hay que hacerlo teniendo en cuenta la inflación con más índice. Si no, sería condenar a los jubilados a más ajuste”.

En ese sentido, los diputados nacionales de la CC propusieron una iniciativa que busca corregir ese “desacople”. En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que “continuar aplicando la fórmula del Frente de Todos en un contexto de alta inflación equivaldría a condenar a los jubilados al hambre y a la imposibilidad de acceder a medicamentos”.

Para compensar la pérdida de poder adquisitivo, el proyecto establece que además de la nueva fórmula se aplique desde el primer mes de actualización -sería abril-, un aumento adicional del 20,6%″ con el fin de reponer la inflación de los primeros meses de 2024. “Las prestaciones se ajustarían conforme a la inflación de febrero, más el mencionado aumento del 20,6% que corresponde a la inflación verificada en enero”, dice el documento.

El proyecto es firmado por Juan Manuel López, presidente de la bancada de la CC, y por los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade. Los legisladores disponen en el texto que la nueva fórmula sea tratada y sancionada en marzo con el propósito de que comience a aplicarse en abril.

En concreto, el artículo 1 del proyecto establece que las prestaciones se actualizarán mensualmente conforme la variación del Nivel General del IPC elaborado y publicado por el INDEC “correspondiente al segundo mes inmediato anterior al de la prestación a actualizar”. Y agrega que en la primera actualización se debe sumar un aumento generalizado de las prestaciones del 20,60%. “En ningún caso la aplicación de la fórmula prevista por el presente artículo podrá producir la disminución de la prestación que percibe el beneficiario”, disponen los diputados de Carrió.