Un día después de que el Senado avalara el DNU que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero​, para asignar partidas presupuestarias, el bloque de la Coalición Cívica en Diputados -encabezado por Maximiliano Ferraro- presentó una denuncia penal en Tribunales para pedir que se investigue la posible comisión de los delitos de usurpación y abuso de autoridad, y la concesión de facultades extraordinarias. 

La presentación se realizó este viernes y la causa quedó asignada al juzgado federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini.

"El DNU de plenos poderes y lo sucedido ayer en el Senado de la Nación es un claro avasallamiento a la República para garantizar impunidad", apuntó Ferraro a Clarín.

En la denuncia los legisladores señalan: "El Poder Ejecutivo Nacional eliminó arbitrariamente los límites legalmente impuestos, arrogándose facultades propias del cuerpo al que pertenecemos y colocándola en cabeza del Jefe de Gabinete de Ministros; funcionario que él designa y remueve por sí, sin siquiera necesitar acuerdo del Senado".

A su vez, el texto asegura que el DNU es ilegal porque la Constitución solo los habilita para "circunstancias excepcionales que hicieran imposible" la sanción de las leyes. En ese sentido señala que la sesiones de la última semana "revelan la disponibilidad del Congreso frente a las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria y general".

Además, afirman, la Ley de Solidaridad aprobada en diciembre ya autorizaba al Poder Ejecutivo a disponer modificaciones presupuestarias, pero sin quitarle el control al Congreso.

"Más allá de la inexistencia de urgencia e imposibilidad de funcionamiento del órgano legislativo a la luz de un análisis objetivo, las consecuencias prácticas derivadas de su dictado así como la utilización del mecanismo del DNU para obtener mayores delegaciones a las ya otorgadas constituyen usurpación de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y el ejercicio de facultades extraordinarias", plantea la denuncia.

El DNU en cuestión, eliminó el tope del 5 % de reestructuraciones presupuestarias que puede hacer el jefe de Gabinete.

La Coalición Cívica, a su vez, advierte sobre un objetivo político. 

A"¿Para qué se avanza con algo que es a todas luces inconstitucional y abusivo si la propia Ley de Administración Financiera brinda herramientas al Ejecutivo para intervenir en el caso de pandemia? A nuestro entender porque el objetivo final no es la atención de las necesidades de la sociedad ante una epidemia sino afectar el sistema de división de poderes y sus pesos y contrapesos", señalan y agregan: "¿Cual es el final de la historia? Que las instituciones de la República puedan ser doblegadas a fin de ser funcionales a las necesidades de una sola persona, Cristina Fernández de Kirchner. Si conforme el texto del Decreto enunciado se puede modificar la totalidad del presupuesto el mismo podría afectar el presupuesto del Poder Legislativo, pero también del Poder Judicial, cuya autarquía se vería seriamente afectada en el porcentaje asignado por los fondos del Tesoro Nacional".

Además de Ferraro, firmaron la denuncia los diputados Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic, Héctor Flores, Juan Manuel López, Mariana Stilman, Mónica Frade, Lucila Lehmann y Marcela Campagnoli,