El fiscal federal de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, pidió el procesamiento del exintendente Luis Larrañaga por el delito de administración fraudulenta agravada por las irregularidades cometidas en la obra de cloacas del barrio Butaló. También pidió el procesamiento del empresario Omar Jubete y del exsecretario municipal Daniel Ucciardello (actual director de Obras Públicas provincial), entre otros.

Otra medida pedida en la causa es el llamado a indagatoria del exsecretario de Obras y Servicios Públicos nacional durante el kirchnerismo, José Francisco López, y del expresidente del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento), Lucio Tamburo.

Además, Gómez Barbella pidió el procesamiento del exdirector de DAGSA Nicolás Echevarría, del inspector del organismo en esa obra, Adolfo Bruno, y del representante técnico de Jubete, Mario Daniel Giandón. En el pedido realizado al juez federal Pablo Larriera, considera a Larrañaga, Ucciardello, Echevarría y Bruno coautores, mientras que a Jubete y Giandón, partícipes necesarios. Otra de las medidas solicitadas es la inhibición general de bienes de todos los imputados con pedidos de procesamiento (que incluye inmovilización y congelamiento de cuentas bancarias, excepto las de sueldos, pensiones y jubilaciones) y la designación de un veedor en la empresa Jubete. También en el caso la empresa solicitó la medida de no innovar en la composición accionaria de la firma y la designación de veedores que deberán informar en 20 días los movimientos y extracciones de dinero de los socios. Consideró necesarias estas medidas porque “aquí se pesquisan presuntas maniobras de defraudación al Estado nacional llevadas a cabo por particulares y funcionarios públicos mediante la adjudicación irregular de la obra pública cloacal en la ciudad de Santa Rosa. En consecuencia, parte de los fondos ilícitos manejados por dicha empresa que habrían sido objeto de los mecanismos descriptos en las declaraciones indagatorias provendría de las arcas del Estado, y de allí entonces la relevancia de que se adopten medidas tendientes a su protección”. Otra petición al juez es que se comunique las medidas peticionadas al Registro Permanente de Licitadores del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, artículo 22 de la Ley General de obras Públicas -Ley provincial N° 38-. La obra se inició con un expediente administrativo: “Renovación de la red cloacal de asbesto cemento del barrio Butaló”. Se firmó un convenio de “transferencia y colaboración”, entre la Provincia, la Municipalidad y el ENOHSA. En la firma estuvieron el exgobernador Oscar Jorge, el exintendente Luis Larrañaga y el exsecretario José López, además de Tamburo (expresidente del ENOHSA). La obra tenía un costo inicial de 2.233.725 00.000 pesos. En la cláusula segunda la Provincia le cedió el rol de ejecutor a la Comuna. Finalmente, la obra se adjudicó en 2.911.321 pesos a Jubete y el contrato se firmó el 11 de febrero de 2014. Para Gómez Barbella las últimas indagatorias del empresario Jubete, del ingeniero Giandón y del inspector Adolfo Bruno no modificaron lo acumulado en la causa. En esas declaraciones (que resultaron coincidentes) Jubete y Giandón aseguran que recibieron instrucción de Bruno (quien lo ratifica) de que no se cambiaran los caños, sin haber orden escrita ni constancia. Esto no convenció a la fiscalía, según se consigna. Está comprobado para el fiscal federal que la obra se hizo solo parcialmente: no llega al 20%, tal como señala un informe del ENOHSA realizado en el año 2017. “En definitiva, surge que los encartados -a excepción de Jubete y Giandón- reunían la calidad especial requerida para ser autores del delito, conforme a la modalidad agravada indicada”, señala el pedido de procesamiento. Para el fiscal, los imputados Adolfo Bruno (inspector) y Daniel Ucciardello (secretario municipal) “tenían a su cargo el “cuidado” de los intereses pecuniarios del Estado, toda vez que ostentaban el deber de supervisar y controlar que la obra se cumpliera en tiempo y forma”.  “En definitiva, la propia complejidad de la maniobra evidencia que para concretarla se requería necesariamente la distribución de roles (o división del trabajo) y la actuación coordinada de quienes tuvieran competencia para decidir el destino de los fondos públicos, de aquellos agentes llamados a intervenir a lo largo de las distintas fases del circuito administrativo de la obra pública y por último, de losfuncionarios encargados de ejercer el control sobre otras dependencias‘, dijo Gómez Barbella. En la obra se comprobó que las acometidas -el caño que llega al domicilio- no estaban colocadas. Por lo tanto, no se hicieron las nuevas conexiones: se dejaron los caños viejos de asbesto cemento, el motivo original que justificó la obra. Mientras que el inspector Bruno no controló la obra, se firmaron los certificados para asegurar el cobro de la empresa Jubete, indicó el fiscal. Ucciardelo, Echevarría, Giandón y Bruno firmaron tres certificados que consignaron el 26%, el 56,63% y el 96,97% de la obra. Después los certificados de las obras Nº 4 al 8 se aprobaron redeterminaciones de obras y precio.  Pero se comprobó, según el ENOHSA, que la obra apenas se hizo en un 20%, evidencia que no se cortó el asfalto para colocar los caños, contaminación del suelo y hundimientos en el asfalto y en las veredas producto del mal trabajo realizado, trastornos en el funcionamiento interno de la red en las viviendas, producto de los derrames por la falta de cañerías. Finalmente, la obra costó cerca de 5 millones de pesos en 2014 (se entregó en octubre de 2014) y después estallaron los inconvenientes. La Municipalidad pagó de su propio presupuesto los últimos certificados. El escándalo de la obra de cloacas del barrio Butaló estalló por la protesta de dos vecinas en la esquina del pasaje Las Jarillas y la calle Unanue el 9 de julio de 2016. La concejala Claudia Giorgis (FrePam) concurrió al lugar y comprobó que no estaban hechas las conexiones. La investigación de la concejala terminó en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que realizó la denuncia penal en la Justicia provincial. Esta se declaró incompetente y llegó a la Justicia Federal por tratarse de fondos nacionales.