Las cámaras del sector se presentaron ante la Secretaría de Trabajo reclamando la intervención del Estado para evitar cierres de centros de salud y despido de personal, hechos que provocarían el “empeoramiento de la calidad de la prestación médica” en todos los niveles.

“El sector médico prestador, que venía con una situación muy golpeada por la crisis de 2018” recibió tras la última devaluación “un virtual tiro de gracia”.

“Las cuentas entre los prestadores médicos están totalmente desestructuradas con tendencia muy negativa”, plantea el texto presentado la semana pasada en la cartera laboral.

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“La situación es catastrófica”, calificó Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), una de las entidades que presentó el escrito en el que reclaman que el PAMI y las obras sociales nacionales y provinciales, como así también las prepagas (que representan el 15 por ciento de la clientela), se pongan al día con la deuda que mantienen con sanatorios, centros de diagnósticos, laboratorios, instituciones de salud mental y geriátricos.

Sea en el nivel que fuere, el empresario planteó que “aquí no se puede hacer el desentendido nadie”, y apuntó todos los cañones a la administración de Mauricio Macri: “A esta situación catastrófica nos trajo el Gobierno, que es el que debe adoptar las medidas para sacarnos con medidas urgentes, contundentes y creativas”.

Durante una entrevita por Abrir el juego, en Radio Cooperativa, Cherro aseguró que si el Gobierno no da una respuesta -–“porque el que tiene que dar una respuesta es el actual gobierno”— habrá “masivas presentaciones de procedimientos preventivos de crisis con las consecuencias que ello conlleva: suspensiones, despidos de personal, cierre de establecimientos y peligro de deterioro de la calidad de la prestación”.

Aseguró también que los prestadores privados “tienen una inflación de costos que es siempre superior a la inflación general” y cuestionó que tanto las obras sociales como las prepagas “deciden unilateralmente cuáles serán los ajustes de precios”, dejando afuera de ello a las clínicas y sanatorios.

Para evitar un mal desenlace, el escrito que llegó hasta la Secretaría de Trabajo pide la intervención del Gobierno para “promover la activa participación” de “prestadores, el Estado y la representación gremial” a fin de “encontrar alternativas de solución a la grave problemática económica planteada en la salud”.

Las clínicas, sanatorios y hospitales privados son pymes que demandan trabajadores altamente calificados, lo cual demanda un 74 por ciento del presupuesto en pago de salarios, afirmaron. El otro punto que se salió de órbita fueron los insumos biomédicos, que en su mayoría son importados o fabricados en el país pero con insumos importantes. “Tenemos problemas con la provisión. No entregan porque se perdió sentido de precios de referencia”, subrayó Cherro.

“Estamos complicados y esta situación empeorará notablemente la calidad de la prestación médica”, dijo y explicó que “el colapso del sector privado llevará al colapso de la atención de la salud en general, ya que el sector público no estará en condiciones de resolver la demanda que quedaría insatisfecha por el sector privado”.

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También aseguró que en las reuniones con funcionarios “hicimos propuestas” de distinto tipo, sobre todo aquellas que intentan “mejorar la situación fiscal” de las empresas. Pero lamentó que cuando esos planteos “llegan al Ministerio de Hacienda, rebotan porque tocamos el órgano más sensible que tiene el Estado, que es la recaudación”.

El escrito que llegó a los más altos funcionarios de la cartera laboral fue presentado por Adecra, Cedim (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio), Copsal (de Entidades Prestadoras de Salud), Confeclisa (de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados), Cadime (de Instituciones de Diagnóstico Médico), Cacep (de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos) y AAEG (Asociación de Establecimientos Geriátricos).

La situación del sistema de salud privado también fue planteada la semana pasada en la ciudad santafesina de Rosario, durante el congreso de la Asociación Civil de Actividades Médicas (ACAMI), en el que participaron los empresarios del sector, el co-titular de la CGT Héctor Daer y funcionarios nacionales, como el director del PAMI, Sergio Cassinotti, y el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, según quien “el 70 por ciento de las obras sociales son inviables”.