En medio de un clima de tensión, con movilizaciones sindicales en las puertas, la Legislatura buscará este lunes aprobar el Presupuesto 2019, que prevé gastos por 929 mil millones de pesos, y un pedido de endeudamiento que supera los 65 mil millones de pesos.

En este contexto, las miradas estarán puestas sobre los legisladores de la oposición que presten su voto para dar curso a la Ley de Leyes, en el marco de un plan de ajuste orquestado por el Gobierno nacional, a pedido del Fondo Monetario Internacional.

Se sabe que Unidad Ciudadana votará en contra, por eso, el oficialismo tuvo que salir a negociar con otros bloques peronistas. Las posiciones en el Frente Renovador son disímiles. 

Según trascendió, luego de varias reuniones entre María Eugenia Vidal y Sergio Massa, su bloque levantaría la mano, excepto por el diputado Pablo Garate, quien en las últimas semanas habría dejado entrever sus intenciones de abandonar el bloque.

Igualmente, si el massismo diera el sí en su totalidad (hay que tener en cuenta que hay rumores de una cercana ruptura), las voluntades totales para aprobar el endeudamiento no serían suficientes. Faltarían aún unos cuatro votos más. Y esos saldrían de la recientemente creada bancada del Frente Amplio Justicialista, integrada por Rocío Giaccone, José Ottavis, Alejandra Martínez y Juan Manuel Cheppi, todos "amigos" de Cambiemos.

En caso que fuera necesario, el oficialismo también podría contar con la venia del llamado "bloque de intendentes", que actualmente posee siete integrantes.

Por las dudas, quedarían dos votos sueltos. Uno, quizá un poco más lejano, el de Patricia Cubría, de Convicción peronista, que algunos dicen se uniría al futuro bloque de Red x Argentina, la bancada que formarán los que se vayan del massismo, entre ellos Pablo Garate.

Por último, en lo que respecta a la Cámara alta, la provincia necesita solamente del acompañamiento de los dos senadores massistas, Fernando Carballo y José Luis Pallares, para alcanzar los dos tercios del recinto; cuestión ya cerrada.

Los aspectos centrales de la discusión giran en torno al traslado del pago de subsidios a los municipios por un total de $ 13.000 millones ($8.000 millones por la tarifa social; $2.500 millones por el transporte; y otro monto similar por los gastos operativos de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). 

Además, los intendentes y legisladores cuestionan el reparto del Fondo Educativo (la iniciativa prevé que los distritos del Conurbano destinen el 100% a infraestructura escolar y los del interior, el 70%) y el tope del 38% dispuesto por el Gobierno bonaerense al aumento de tasas municipales.