Con ocho meses de demora, esta semana se reactivará la causa por el bono clandestino de $5.000 que el gobierno de Mauricio Macri montó para 130 mil desocupados semanas antes de la elección presidencial y parte del cual, sospecha la Justicia, pudo ser utilizado como pago para fiscales de Juntos por el Cambio. El fiscal federal Jorge Di Lello recibió del Ministerio de Trabajo el padrón de beneficiarios de la provincia de Formosa para cotejarlo con la nómina de autoridades de mesa del entonces oficialismo. Una denuncia paralela a la central, que tramita en el juzgado a cargo de María Servini, indica que más de la mitad de los fiscales electorales fue beneficiario de aquel subsidio.

La causa arrancó en septiembre pasado a raíz de una investigación de Ámbito que por entonces daba cuenta de la intención del Ejecutivo de otorgar por única vez un pago a más de 100 mil desempleados sin ingresos. A partir de ese momento este diario dio cuenta de una serie de pasos opacos de aquella administración que comenzaron con una resolución interna de la cartera de Producción y Trabajo, entonces a cargo de Dante Sica, para disponer de un presupuesto de 650 millones de pesos y volcarlo a pagos a personas en teoría vulnerables, y que según denuncias de intendentes del Frente de Todos fueron tramitados mediante punteros de Juntos por el Cambio.

El plan de bonos quedó plasmado en la resolución 1177 de la Secretaría de Empleo, a cargo en aquel momento de Fernando Prémoli, y agotó su presupuesto en la distribución de unos 130 mil beneficios sin una sola publicación en el Boletín Oficial o en organismos públicos para permitir la inscripción por parte de personas sin ingresos. A tal punto que desde las primeras notas hubo largas colas frente a la sede nacional del Ministerio de Trabajo y en oficinas provinciales de esa cartera y de la Anses de personas que solicitaban –sin éxito, en todos los casos- acceder al subsidio.

La investigación periodística derivó en una denuncia de los apoderados del Frente de Todos, encabezados por Jorge Landau, y en la sustanciación de una causa a cargo de la jueza Servini. Apenas la tuvo en sus manos la magistrada dispuso frenar cualquier pago antes de las elecciones de octubre para no enturbiar el proceso electoral: Landau había denunciado que la ejecución del beneficio podía violar el artículo 139 del Código Electoral, que pena con prisión de uno a tres años a quien compeliere a una persona al voto en determinado sentido.

En paralelo un abogado formoseño, Williams Dardo Caraballo, se presentó en el expediente con pruebas sobre la alta coincidencia entre los padrones de beneficiarios en esa provincia y de fiscales de Juntos por el Cambio. Landau sospecha que esa acción pudo ser a gran escala y representar una suerte de maniobra a nivel nacional para reclutamiento de monitores electorales pagos por parte del entonces oficialismo.

Desde principios de año, feria judicial de verano y pandemia mediante, el expediente se había movido poco y nada. En particular la Fiscalía daba cuenta de una demora consistente de parte de los organismos públicos a los que se les había pedido información. Recién la semana pasada la cartera laboral nacional, que encabeza Claudio Moroni, le entregó a Di Lello la nómina de los beneficiarios del plan de bonos para compararla con la de las autoridades de mesa de Formosa.

Mientras avanzó el expediente sumó como imputados a los exministros Sica y Ricardo Buryaile (de Agroindustria, y entonces candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio); al secretario Prémoli; al actual intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, y Juan María Cravero, excandidato a jefe comunal de Roque Pérez, ambos señalados por sus contrincantes del Frente de Todos como gestores de un subsidio cuya tramitación no debió corresponderles por no tener cargos ejecutivos. Además, por el capítulo formoseño de la pesquisa fueron imputados al igual que Buryaile el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba; la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate; el delegado de Anses Diego Herrera; y el concejal Miguel Montoya.