Por Mariano Martín

Tres años después de iniciada, la causa judicial por el bono clandestino que el gobierno de Mauricio Macri implementó en plena campaña electoral de 2019 promete cobrar un renovado impulso. El Partido Justicialista resolvió presentarse como querellante en el expediente para acceder a su contenido, motorizar investigaciones y sugerir medidas de prueba. Es el primer actor que se declara víctima de la maniobra de Cambiemos, que en teoría iba a dirigir subsidios de $ 5.000 para desocupados y en por lo menos una provincia los destinó al reclutamiento de fiscales electorales. El expediente tuvo su inicio en una investigación exclusiva de este diario.

Hoy el apoderado del PJ nacional, Eduardo López Wesselhoefft, acudió al juzgado federal con competencia electoral a cargo de María Servini, para solicitar se tomado como querellante. “El partido que represento ha sido ofendido por el accionar de los denunciados que han tenido una voluntad de dictar resoluciones con clara intención de incidir en el proceso electoral que se desarrollaba en su momento”, señala el escrito. La causa tiene como imputados a los exministros Dante Sica (Trabajo y Producción) y Ricardo Buryaile (Agro) así como un puñado de exfuncionarios y dirigentes bonaerenses de Cambiemos señalados por haber manipulado los bonos.

El sumario arrancó hace exactamente 36 meses en el juzgado de Servini, luego de que Ámbito Financiero publicara el 23 de septiembre de 2019 que el gobierno anterior preparaba en reserva un plan nacional de asistencia supuestamente a desempleados en medio de la crisis económica y a un mes de las elecciones generales luego de la derrota del oficialismo en las PASO de agosto. La primera decisión de la magistrada fue suspender la ejecución del subsidio por entender que podía interferir en el proceso electoral en marcha y luego le transfirió la instrucción al fiscal Jorge Di Lello.

Desde entonces hubo un primer impulso de Di Lello con declaraciones testimoniales, pedidos de informes y peritajes en base a una denuncia paralela que presentó un abogado de Formosa por la sospecha de que los fiscales electorales de esa provincia hubiesen percibido de manera masiva el beneficio. Luego de las primeras notas publicadas sobre la maniobra varios intendentes del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires denunciaron el ofrecimiento en sus distritos del bono por parte de punteros y dirigentes opositores que no tenían responsabilidades que los habilitaran a tales gestiones. En febrero de 2021 el fiscal murió y la causa derivó a su par Ramiro González, a partir de lo cual la investigación languideció sin más avances y sólo a la espera del resultado de los informes oficiales.

En julio pasado la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Poder Judicial finalmente constató lo denunciado por el abogado formoseño Dardo Caraballo: más de la mitad de los fiscales de esa provincia había cobrado el subsidio de $ 5.000 instrumentado en secreto por el Gobierno nacional. El dato cobra más relevancia si se tiene en cuenta que el diseño del plan, siempre supuestamente para desempleados, contemplaba en ese distrito que apenas 1,5% de la población estuviese en condiciones de percibir el bono. Más allá de esa constatación en la fiscalía a cargo de la instrucción no se analizaba nacionalizar el peritaje para constatar si eventualmente el subsidio había sido utilizado con el mismo fin en otros distritos.

La investigación de este diario determinó que luego de una reunión de la que participaron los entonces ministros Sica, Carolina Stanley (Desarrollo Social) y Hernán Lacunza (Economía) y el extitular de Anses Emilio Basavilbaso, se tomó la decisión política de avanzar en la instrumentación de un bono, por entonces ideado para 130 mil desocupados. Se resolvió que lo gestionara Trabajo mediante el entonces secretario de Empleo, Fernando Prémoli, con un presupuesto inicial de 650 millones de pesos. Así quedó plasmado en la resolución 1177/2019 firmada por Prémoli el 3 de octubre de ese año, que jamás tuvo difusión mediante el Boletín Oficial o a través de anuncios de funcionarios. Toda su implementación fue clandestina.

Junto a Sica, Buryaile y Prémoli el primer fiscal imputó por la maniobra al intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto y a Juan María Cravero, excandidato a jefe comunal de Roque Pérez. Mientras que por la denuncia de Formosa fueron acusados el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate, el delegado de Anses Diego Herrera y el concejal Miguel Montoya. El actual fiscal González acotó por el momento la pesquisa a una infracción de índole electoral y evitó avanzar sobre la tesis de su antecesor por posible incumplimiento de deberes de funcionario público y defraudación de recursos públicos.