Por Mariano Martín

La Justicia confirmó que al menos la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio en la elección de 2019 en la provincia de Formosa fueron beneficiarios de un bono clandestino que el Gobierno de Mauricio Macri instrumentó en los días previos al comicio y que debía tener como destino real a desocupados. La desproporción y el volumen de la maniobra clientelar quedan más de manifiesto si se tiene en cuenta que la gestión macrista había reservado para todo el distrito 6800 beneficios, equivalentes al 1,5% de la población. La causa judicial arrancó por una investigación de Ámbito Financiero de septiembre de 2019, que abarcó desde el diseño oculto de la medida hasta su utilización mediante punteros políticos en varios distritos, y recién en las últimas semanas dio a luz un peritaje decisivo.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) elevó el estudio a la fiscalía federal a cargo de Ramiro González, que a su vez instruye la causa por delegación de la jueza con competencia electoral María Servini. El expediente investiga la utilización por parte del gobierno anterior de la resolución 1177/2019 de la Secretaría de Empleo, entonces bajo la órbita de Dante Sica, a cargo del Ministerio de Producción y Trabajo, que implementó el despliegue en todo el país de 130 mil bonos de $ 5000 cada uno supuestamente orientados a desempleados con un presupuesto total de 650 millones de pesos.

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La administración macrista jamás anunció públicamente la puesta en marcha de ese programa pese a su magnitud y alcance nacional, no lo publicó en el Boletín Oficial ni abrió registro alguno para que pudiesen inscribirse posibles beneficiarios. Sica sólo aludió al bono clandestino una vez que este diario publicó varias notas al respecto y cuando la magistrada ordenó suspender los pagos a mediados de octubre de 2019, a falta de diez días para la elección presidencial general, por entender que existía el riesgo de una utilización clientelista que pudiese violar el código electoral.

Una vez radicada la denuncia en Comodoro Py, el abogado formoseño Williams Dardo Caraballo se presentó de manera espontánea en la causa para denunciar que en esa provincia más de la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio habría cobrado el bono. La acusación iba un paso más allá de las sospechas originales según las cuales el beneficio orquestado por el entonces gobierno nacional había tenido un uso discrecional por parte de referentes locales, para señalar que al menos en la provincia norteña se había utilizado para comprar la voluntad de autoridades de mesa con vistas al proceso electoral.

Dos años y nueve meses después de iniciada la investigación y luego de un intento fallido de peritaje, la Datip finalmente corroboró y amplió la tesis del denunciante de Formosa: casi la mitad de los fiscales de JXC que participaron en la elección general (243 sobre 503) figuraba como beneficiario del bono de $ 5000. La proporción se eleva a 63% si se toma el número de autoridades de mesa partidarias que participaron tanto en las primarias (PASO) del 11 de agosto de ese año como en las definitorias del 27 de octubre.

El primer dato inquietante del estudio realizado por el órgano judicial señala que más de la mitad de los 2992 fiscales de Juntos por el Cambio inscriptos para los comicios de 2019 presentaron documentos de identidad inválidos. Ese factor obligó a reducir el análisis sobre 1209 autoridades partidarias con su DNI en regla (que participaron en las PASO, las generales o en ambas instancias), lo que a juicio de los investigadores sugiere que “el número de fiscales encontrados entre los beneficiarios del bono podría ser mayor” al expuesto en la pericia.

Al momento de las PASO el bono, de acuerdo a la investigación de Ámbito Financiero, todavía estaba en etapa preparatoria y restaban dos meses para su instrumentación formal mediante la resolución 1177. No obstante en los registros de la Justicia electoral relevados por los peritos fueron hallados 140 fiscales como perceptores del bono sobre un total de 590 que actuaron para Juntos por el Cambio. Mientras que para las generales (27 de octubre), cuando la norma de Empleo ya tenía casi un mes de publicada y a pesar de que el 18 de octubre la jueza Servini había prohibido que continuara su otorgamiento, el informe dejó plasmado el dato más impactante: casi la mitad de los fiscales de la oposición, 243 sobre un total de 503, estaban registrados como perceptores del bono clandestino.

El número es incluso más contundente si se toman en cuenta los fiscales que actuaron en ambas elecciones: de un total de 116, se constató que 74 (63%) cobraron el beneficio que en la provincia tramitaban punteros de la oposición. Para tener una dimensión más clara de la desproporción en el reparto de beneficios entre los fiscales, el entonces gobierno de Macri destinó para toda la población de Formosa un total de 6.800 bonos, que equivalen a 1,5 por ciento de la población mayor de edad del distrito.

El informe también relevó los datos aportados por el denunciante Caraballo. En su presentación original, el letrado formoseño había suministrado un listado de 756 fiscales que supuestamente habían cobrado el bono, lo que le permitía inferir que más de la mitad de los partícipes de la elección a cargo del monitoreo para JXC estaban entre los beneficiarios. Los peritos judiciales constataron de manera plena ese aporte: el 95,77% de los nombres que figuraban en su denuncia había sido beneficiario del bono clandestino.

Más allá del resultado de la pericia, sus responsables le sugirieron al fiscal Ramiro González que “procure identificar los números de DNI del 59% de los fiscales (cuyos documentos aparecieron como inválidos), debido a que con ese dato será posible efectuar el entrecruzamiento en su totalidad”. Para los expertos, esa constatación podrá incluso elevar el porcentual de beneficiarios entre las autoridades de mesa de JXC. El funcionario judicial deberá para entonces nacionalizar la pericia para constatar si la maniobra de clientelismo se llevó a cabo en otros distritos, como sospechan los apoderados del Frente de Todos que radicaron la denuncia en base a la investigación de este diario.

La causa tiene como imputados a los exministros de Cambiemos Dante Sica y Ricardo Buryaile (en este caso por su rol como candidato en Formosa y beneficiario político de la distribución de los bonos en ese distrito); al exsecretario de Empleo Fernando Prémoli (firmante de la resolución 1117 que dio origen al programa de asistencia); al intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto y a Juan María Cravero, excandidato a jefe comunal de Roque Pérez. Mientras que por la denuncia de Formosa fueron acusados, junto a Buryaile, el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate, el delegado de Anses Diego Herrera y el concejal Miguel Montoya.

Durante la tramitación de la causa, que tuvo en sus manos el fiscal federal Jorge Di Lello hasta su muerte, en febrero de 2021, declararon varios intendentes de distritos gobernados en 2019 por el peronismo en los que el bono era ofrecido por sus rivales y candidatos opositores sin conocimiento de las autoridades locales y por fuera de los canales oficiales. Desde entonces el expediente entró en un proceso de letargo (también murió en julio de 2021 el primer denunciante, el entonces apoderado del PJ Jorge Landau) y el actual responsable de la instrucción, el fiscal González, acotó por el momento la pesquisa al análisis de una posible infracción de índole electoral, es decir de menor gravedad que lo que representaría la utilización de fondos públicos para el montaje de una maniobra de clientelismo a nivel nacional.