La Justicia abrió una causa para investigar al Gobierno nacional por la presunta infracción al código electoral con la implementación de un plan clandestino de subsidios a desocupados a cargo de punteros del oficialismo que reveló este diario la semana pasada. Además, emplazó al Ministerio de Producción y Trabajo para informar esta semana sobre la resolución oculta que dio origen al programa de pagos y sus antecedentes. El expediente se basa en la investigación que realizó Ámbito Financiero por presunta compra de votos y desde ayer se sumó una denuncia presentada por los apoderados del Frente de Todos con la misma pesquisa como eje.

La causa 007852/2019 quedó en manos de la jueza federal con competencia electoral María Servini con intervención del fiscal Jorge Di Lello, quien ya había iniciado una investigación preliminar con igual objetivo por la que ayer le tomó declaración testimonial al autor de esta nota. El escándalo, que aún no mereció una respuesta formal por parte del ministro Dante Sica, se metió de lleno en la campaña electoral y promete derivar en un juicio oral sumarísimo.

La denuncia ante Servini fue presentada por el abogado Jorge Landau junto a otros apoderados del Frente de Todos e incluyó, además del pedido de investigación a Sica y al secretario de Empleo, Fernando Prémoli, como firmante de la resolución, el planteo de una medida cautelar para la suspensión de los pagos de bonos de $ 5.000 derivados de la normativa. Además de una maniobra de clientelismo, Landau le dijo a este diario que las sospechas como denunciantes pasan por “la posibilidad de que los montos presupuestados fuesen usados para pagarles a los fiscales de Juntos por el Cambio 5.000 pesos y otros $ 5.000 en caso de que en sus mesas ganara” el oficialismo nacional.

Informate más: Clientelismo M: la mitad de los subsidios irregulares fue a Buenos Aires

“Acá se va a investigar una compra de votos. Pero también nos llegó información de que los bonos de $ 5.000 van a remunerar el pago a fiscales y a comprometer otros cinco mil pesos si Juntos por el Cambio se impone en sus mesas. La campaña del Gobierno está llena de estas porquerías y es una carrera de obstáculos”, amplió Landau en diálogo con este diario. En ese sentido, el apoderado recordó que la semana pasada las autoridades de la campaña del oficialismo “quisieron cambiar a los responsables de la transmisión de datos desde las escuelas”.

Según la denuncia “los hechos descriptos encuadran en el delito previsto en el artículo 139 inciso ‘b’ del Código Electoral Nacional, que pena a quien compeliere a un elector a votar de manera determinada” y que fija condenas de uno a tres años de prisión. Y apunta en particular a la eventual responsabilidad de Sica y Prémoli por la firma de la resolución 1177. Esa normativa habilitó un presupuesto de hasta 650 millones de pesos para el pago por única vez de unos 114 mil bonos de $ 5 mil cada uno, en teoría con destino a personas desocupadas con DNI y constancia de CUIL que no percibieran otro ingreso (salario, jubilación, plan social o prestación por desempleo, entre otras alternativas).

En paralelo con el expediente de Servini, el fiscal Di Lello avanzó ayer por su cuenta con la investigación preliminar por el mismo escándalo, en este caso de oficio a partir de las notas de este diario. Ayer le tomó declaración testimonial a este cronista, quien relató los pormenores de las últimas publicaciones y de la resolución expuesta la semana pasada, así como del listado interno elaborado por Producción y Trabajo con 105 mil potenciales beneficiarios del bono de los cuales la Anses rechazó 25 mil por incompatibilidades con los requisitos para el pago.

El representante del Ministerio Público envió ayer un oficio a la cartera que dirige Sica para emplazarlo a informar antes de 48 horas de todos los detalles de la normativa y sus antecedentes. En la fiscalía no descartaban ayer una citación a indagatoria a Prémoli y hasta un eventual allanamiento a la cartera de Gobierno en caso de no obtener la documentación solicitada en el plazo estipulado.

En la oposición, a las denuncias públicas que en las últimas semanas habían hecho intendentes peronistas como Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez) o Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) sobre el presunto ofrecimiento de bonos en esos distritos por parte de candidatos y punteros del macrismo, y a la queja del candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof (consideró “de una gravedad increíble” las denuncias) se sumó Cristina de Kirchner en la presentación de su libro, Sinceramente, en La Plata: “con la emergencia alimentaria se pueden generar bonos de 5 mil pesos, pero los están utilizando para el tema del clientelismo político. Se filmó el otro día en La Plata, una cosa muy fea, muy horrible”, dijo respecto de un video que muestra un presunto puntero que invoca el nombre del intendente local, Julio Garro, en la tramitación del pago.