La causa judicial que investiga la instrumentación de un plan clandestino de bonos de $5.000 para desocupados en plena campaña electoral a favor de Mauricio Macri retomó actividad con el llamado a declaración testimonial de los intendentes peronistas que denunciaron la maniobra de clientelismo en sus distritos. El fiscal federal Jorge Di Lello, que recibió la instrucción del sumario por derivación de la jueza a cargo, María Servini, ordenó citar a tres jefes comunales de la provincia de Buenos Aires y también constatar el supuesto reclutamiento masivo de fiscales electorales por parte de Juntos por el Cambio en Formosa contra la promesa de

Son las primeras acciones en el año de un expediente iniciado a raíz de una investigación de Ámbito Financiero que puso al descubierto en octubre pasado una resolución interna del ex Ministerio de Producción y Trabajo, entonces a cargo de Dante Sica, que puso en marcha un programa con 130 mil bonos para desempleados sin otros ingresos y que sólo encargó a punteros de Juntos por el Cambio. El último día hábil de 2019, Servini había derivado la instrucción al fiscal Di Lello, quien originalmente le había dado impulso con la imputación a los exministros Sica y Ricardo Buryaile (de Agroindustria, actual diputado nacional) entre otros exfuncionarios y dirigentes del Gobierno anterior.

El funcionario judicial resolvió citar a testimonial para los próximos días (no trascendieron las fechas exactas) a los intendentes Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez) así como al exjefe comunal de San Antonio de Areco, Francisco Durañona. Se trata de tres de los intendentes del Frente de Todos que dieron cuenta de gestiones, por parte de sus competidores de Cambiemos en sus respectivos distritos, de supuestas maniobras de compra de votos con la utilización de los bonos para desocupados.

En paralelo, el fiscal apuntó a profundizar una denuncia que se incorporó a la causa principal: un abogado de Formosa, Dardo Williams Caraballo, se presentó en el expediente y aseguró que al menos la mitad de los fiscales que participaron de las elecciones generales del 27 de octubre pasado en nombre del entonces oficialismo habían cobrado el bono de $5.000.

La sospecha, en esa línea, es que la gestión de Macri se valió de aquellos subsidios para reclutar representantes propios para las mesas de votación en esa provincia. Por este capítulo de la causa fue imputado Buryaile, electo diputado por el distrito. Di Lello ordenó que “se corrobore quiénes hicieron de fiscales de la alianza Juntos por el Cambio del distrito Formosa en las elecciones PASO y quiénes en las elecciones generales, para luego compararlo con el listado de beneficiarios del subsidio de dicha provincia”.

El apoderado del Frente de Todos a nivel nacional, Jorge Landau, quien había presentado una primera denuncia en base a las notas de este diario, dijo sospechar que el despliegue de los bonos pudo utilizarse para la fortalecer la fiscalización de Juntos por el Cambio, pero en todo el país y no sólo en Formosa. Incluso Landau declaró haber recibido testimonios según los cuales a los fiscales se les ofrecía el doble del monto del subsidio en caso de imponerse el macrismo en sus respectivas mesas.

También en la reanudación de la actividad judicial Di Lello notificó a los nueve imputados acerca de la investigación en curso. Además de Sica y Buryaile fueron acusados por el funcionario el exsecretario de Empleo Fernando Prémoli (responsable de la firma de la Resolución 1177, nunca publicada en el Boletín Oficial y sólo de circulación reservada a funcionarios, que le dio marco legal al plan de subsidios); el actual intendente de Areco, Francisco Ratto, y Juan María Cravero, excandidato a jefe comunal de Roque Pérez. Además, por el capítulo formoseño de la pesquisa fueron imputados al igual que Buryaile el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba; la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate; el delegado de Anses Diego Herrera; y el concejal Miguel Montoya.

El programa de bonos demandó un presupuesto de 650 millones de pesos. La serie de notas de Ámbito Financiero que lo expuso motivó que la jueza Servini ordenase suspender los pagos en noviembre, días antes de la elección general, y hasta después de concretarse los comicios. Lo hizo a pedido del Frente de Todos y por entender que su vigencia podría ser violatoria del artículo 139 del Código Electoral, que pena con prisión de uno a tres años a quien compeliere a una persona al voto en determinado sentido.

Pasada la elección, y producto del secretismo que rodeó todo el plan, hubo durante semanas colas extensas frente al Ministerio de Producción y Trabajo y en delegaciones de esa cartera y de Anses en varias provincias de personas que intentaban pedir el bono para desocupados, pese a que Cambiemos ya había agotado el presupuesto y asignado los recursos a los beneficiarios señalados por sus propios punteros.