Los delitos federales tendrán un nuevo proceso tras la aprobación del Código
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La investigación en los procesos penales estará a cargo de los fiscales. Los jueces solamente tomarán decisiones sobre el trámite en general.
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Se aplicará a la investigación de delitos federales, que son los más complejos. El objetivo es la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.
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Se incorporan los principios de celeridad (los casos deben resolverse más rápido), oralidad (menos papeles y más audiencias orales),publicidad (audiencias y resoluciones públicas) y menos exigencias formales de las decisiones para facilitar los procesos.
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Se incorporan como técnicas especiales de investigación el agente encubierto, el informante, la vigilancia acústica, la vigilancia de las comunicaciones, la vigilancia remota sobre equipos informáticos, la vigilancia por dispositivos de captación de imagen y por dispositivos de localización o seguimiento. Se utilizarán de manera excepcional y durante un plazo determinado.
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Se regulan los acuerdos de colaboración entre el fiscal e imputados que aporten información valiosa para el esclarecimiento de los hechos o del desarrollo de la investigación.
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Se agregan pautas objetivas que el juez deberá tener en cuenta al evaluar si hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación en el momento de decidir si un imputado permanece en libertad o no.
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Cuando el tribunal oral dicte una condena de cumplimiento efectivo, si el o los imputados están libres, a pedido del fiscal, esa libertad se transforma en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.
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La víctima -aún cuando no se constituya en parte querellante- participará activamente junto al fiscal y juez. Podrá exigir medidas para la investigación o realizar investigaciones por cuenta propia. Todas las decisiones que le afecten deberán ser previamente comunicadas. De no estar de acuerdo, se fijará un mecanismo de revisión específico.
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El nuevo Código Procesal Penal Federal se implementará a partir de mediados de 2017, comenzando por Salta y Chubut, siguiendo por el resto de las provincias y por último Buenos Aires, una vez que se traspase la Justicia Nacional Ordinaria a la Ciudad.
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