Usualmente se habla de los procesos de transformación del sector público en la economía argentina. Sin embargo, las políticas económicas, la desregulación y la apertura económica y financiera generaron cambios en el sector privado, particularmente sobre la concentración económica y, fundamentalmente, la extranjerización. Sin dudas, la incorporación de empresas multinacionales y transnacionales han tenido efectos positivos en la economía, pero también fueron numerosas las consecuencias negativas, y ambas deben ser puestas en una balanza.

Asimismo, la existencia de tanques multinancionales exige un mayor poder del Estado para regular la economía y poner las reglas del mercado, contrastando el peso político que estas empresas poseen.

La política market friendly implementada por Domingo Cavallo y Carlos Menem no sólo incentivó la entrada de empresas extranjeras sino que, en afán de promover la seguridad jurídica de ellas, se aceptó la cesión de soberanía en los litigios con esas empresas, por lo que Argentina debe recurrir al tribunal del CIADI (el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) para dirimir las disputas. Es necesario replantear el rol del Estado como empresario y la unión latinoamericana en el repudio contra este tipo de entrega de soberanía judicial.

Antes de la dictadura militar de 1976, el Estado tenía una gran participación en la economía con el objetivo del desarrollo industrial nacional manteniendo la equidad. Se buscaba, por lo tanto, generar campeones nacionales, emisarios emergentes de una burguesía nacional con honor de cuerpo que –esperaban los gobiernos– en algún momento pudieran insertarse en el mercado mundial. Paradójicamente, algunas de esas empresas, como Techint, se convirtieron en las últimas décadas en grupos concentrados con casa matriz en el extranjero, que pujan, al igual que una multinacional extranjera, por las mismas políticas antipopulares.

Pero 1976 marcó un cambio de rumbo en las políticas económicas. Se procuró desnacionalizar los depósitos bancarios, abrir el comercio exterior, flexibilizar el trabajo y reducir los salarios, privatizar empresas públicas y autorizar fusiones entre empresas que concentraron el mercado y desregular el mercado financiero con la Ley de Entidades Financieras y la Ley de Inversión Extranjera, las altas tasas de interés, y la búsqueda de apreciación cambiaria, generando grandes rendimientos en divisas para esa clase de empresas. De esta manera, se indujo un cambio brutal en la composición de la estructura económica que privilegió a los grandes productores y a las multinacionales.

La política del ex presidente Carlos Menem, de la mano de su ministro de Economía, Domingo Cavallo, terminó de dinamitar el peso del Estado en la economía, al mismo tiempo que un nuevo discurso, de la mano del neoliberalismo, promovía la "inserción en el mundo" a través de las transnacionales. Se eliminaron las juntas de granos, se reformó la Constitución dándoles a los acuerdos comerciales vigencia constitucional (algo que ningún país hace, dado que en general estos pactos tienen peso de ley y pueden ser derogados por el Congreso), se promovió la inversión en minería con la Ley de Inversiones Mineras y el ingreso de capitales extranjeros, en particular hacia las empresas públicas de servicios que se estaban privatizando.

Con el tipo de cambio anclado para frenar las subas de precios y necesidad apremiante de divisas, el gobierno menemista no discriminó, y privatizó a cambio de entradas de dólares todo tipo de empresas estratégicas, muchas de las cuales siguen en manos de extranjeros. Por otro lado, cuando se avecinó la crisis, una forma de reacción era la venta de empresas quebradas a productores más grandes, lo que hizo aumentar la extranjerización y la concentración.

El argumento del neoliberalismo era que las empresas nacionales no habían sido del todo competitivas y dependían de la protección indefinida del Estado para competir con atraso tecnológico. Las empresas extranjeras, por el contrario, traerían nuevas tecnologías, lo que mejoraría nuestra competitividad e inserción en el mundo con productos confiables. Si bien era cierto que parte de la industria nacional no podía competir, la extranjerización sólo logró un cambio de manos.

La extranjerización no se ha revertido. Según Martín Schorr y Pablo Manzanelli, en el documento llamado "Extranjerización y poder económico industrial en Argentina" de 2012, hubo "ausencia de modificaciones significativas del perfil de especialización, profundización de la dependencia tecnológica y la incipiente manifestación de una dinámica de stop-and-go."

Las estimaciones realizadas por ambos investigadores de FLACSO determinaron que hay incluso más extranjerización de la producción industrial en el promedio 2003-2009 (27,8% del total) que en 2002, luego de la alta devaluación. Para 2009, estas empresas todavía retenían un 48,8% de las exportaciones industriales. Esto les da un peso político y económico muy grande.

Las desventajas de la participación excesiva de transnacionales en la economía es evidente. Por un lado, las ganancias se remiten al exterior para sus casas matrices. Por otro, qué se produce en el país y qué afuera es una decisión exenta de soberanía y digitada desde la casa matriz, lo cual suele implicar una gran cantidad de insumos importados. Por último, están los llamados precios de transferencia entre empresas. Según Arístides Corti, abogado tributarista, "antes de la dictadura existían límites a la remisión de utilidades y no podía haber contratos entre filiales y matrices; ahora las empresas pueden saquear al país remitiendo utilidades por tecnologías obsoletas." Esta última cuestión no es menor. Dado que las dos partes son la misma empresa, el empresario puede "venderse" a sí mismo un bien a un valor artificial para pagar menos impuestos o fugar dólares.

De esta manera, se pueden sobrefacturar importaciones o traer tecnología obsoleta, ponerla a valores más caros que máquinas nuevas, y contarlo como inversión tecnológica.

Corti aclara: "Todo está relacionado: remisión de utilidades y déficit de la balanza comercial industrial por importación de partes, una evasión fiscal del 30% de la recaudación potencial y activos en el exterior producto de la fuga en el exterior por U$S 400 mil millones."

En un documento reciente llamado "La economía desde la izquierda", Claudio Katz, economista de EDI, criticó las políticas que se implementaron en los últimos años: "Las empresas transnacionales controlan el grueso de la actividad industrial y no realizan transferencias de tecnologías. Como el mercado argentino es marginal a sus estrategias globales, el nivel de reinversión local o creación de empleo son muy bajos."

Sin embargo, tampoco tuvo consideración para las políticas de desarrollo de la industria nacional: "La burguesía local participó de todos los negocios rentables que le ofreció el kirchnerismo y se retiró cuando debía aportar capital propio. Con esta conducta participaron de las privatizaciones en los '90 y ahora observan con atención el regreso de los fondos de inversión, al lucrativo negocio de reestructurar empresas."

Se necesitan, ahora, estrategias para desextranjerizar la industria, promoviendo a las empresas privadas y públicas nacionales.

Martín Burgos, economista coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación, considera que la política actual no va hacia una nueva ley de inversiones extranjeras. Según él, "la única manera de reducir la extranjerización es la estatización de empresas clave en términos de servicios, transportes, comercio exterior y otras áreas en las que las multinacionales predominan". De hecho, este fue el camino empleado por Argentina en el sector hidrocarburífero, con la estatización del 51% de Repsol, retrocediendo en la extranjerización de uno de los sectores más estratégicos para un país, que es la producción de energías fósiles. "Los privados nacionales no van a nacionalizar las empresas. Y sería poco importante. El problema no es el origen del capital, sino el destino. Si una empresa nacional fuga sus divisas hacia el exterior, el resultado es el mismo", aclara, subrayando que "la política de compra a proveedores nacionales para estimular el crecimiento de las pymes con tecnología de punta sólo la puede lograr el Estado con sus empresas, y es la política de desarrollo industrial que se viene".

El problema es que cualquier expropiación lleva a un conflicto con el CIADI, organismo que excede nuestra soberanía. La posibilidad de una sanción impide al gobierno tomar medidas osadas en materia de expropiaciones, o posponerlas hasta que resulta inevitable.

"Es flagrantemente inconstitucional", señala Corti. "El artículo 27 de nuestra Constitución dice que los tratados internacionales deben estar en conformidad con los principios del derecho público de la misma, y eso mismo es lo que corrobora la Convención de Viena".

El artículo 116, además, dice que estos casos "corresponden a la Corte Suprema". Sin embargo, no estuvo de acuerdo con derogar las cláusulas de prórroga de soberanía que habilitan al CIADI a intervenir, porque "seguirían valiendo por diez años. Hay que pedir la nulidad en base a la inconstitucionalidad para que no rijan más."

Otros países, como Bolivia, Ecuador y Venezuela, han tenido litigios en el CIADI, y estos países han rechazado los fallos por ir contra la soberanía. Esto da cierto margen a una alianza estratégica entre estos países para declarar inapropiada la injerencia de esta clase de tribunales internacionales.

Corti también llamó a discutir en el mismo sentido la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley de Entidades Financieras y la Ley de Inversiones Mineras. "Hay un principio que es el de razonabilidad de la ley. Algunas de estas leyes garantizan ganancias extraordinarias que son poco razonables y, por lo tanto, inválidas."

Para Burgos, sin embargo, el sector transnacional tiene cierto rol en este marco. "Las multinacionales tienen mejor acceso a los mercados mundiales, aunque las decisiones de fragmentación de la producción se dan a escala mundial. Esta es la forma de producir en el mundo, y tenemos que buscar la forma autónoma de insertarnos en ese esquema."

Lo que está claro es que si los actores son más grandes y fuertes, necesitamos un Estado más grande y fuerte y con más potestades, y no menos, para controlarlos. Si no, se cristalizará la profecía del texto de Schorr y Manzanelli: "Todo esto tiene hondas repercusiones en términos políticos: una superior capacidad de coacción por parte de estos grandes agentes económicos y la desnacionalización en la toma de decisiones con la consecuente erosión del margen de maniobra estatal."