El ambicioso proyecto Justicia 2020 que el presidente Mauricio Macri quiere implementar en el Poder Judicial a nivel nacional –y que ya le causó rispideces con algunas figuras de los tribunales– tiene su capítulo porteño, que Horacio Rodríguez Larreta espera completar durante su gestión.

Se trata del traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las competencias judiciales que aún orbitan en tribunales nacionales pero que le corresponden al distrito porteño, sobre todo desde la reforma constitucional de 1994. La transferencia que Larreta espera firmar con Macri integra, a nivel global, el plan oficial de incrementar la demorada autonomía porteña, que ya tuvo un paso importante en enero pasado, con el traspaso de la Policía Federal.

El jefe de Gobierno porteño obvió el tema en su primer discurso ante la Legislatura, pero el equipo del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, ya trabaja por estos días para lograr el traspaso de la Justicia Civil, Comercial, Laboral y Penal. En esa tarea, el exfiscal general no está solo: elabora el proyecto codo a codo con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, según supo Noticias Urbanas de fuentes en la Ciudad.

La estrategia del larretismo es que el traspaso de la Justicia no ocurra de una sola vez, de la noche a la mañana, sino que se dé en etapas, en línea con lo que ya ocurrió años atrás. Por caso, en 2000, 2003, 2007 y 2011 fueron transfiriéndose algunos delitos, como usurpación, amenazas, lesiones leves, lesiones en riña, tenencia y portación de armas de fuego tanto de uso civil como de guerra, abandono de personas, ejercicio ilegal de la medicina, malos tratos contra animales, violencia en espectáculos deportivos y exhibiciones obscenas, entre varios otros.

La intención es que el nuevo traspaso comience por la Justicia penal, dejando de lado los delitos federales. Estos son los que involucran al Estado (por ejemplo, malversación de fondos públicos), además de los de tráfico de drogas y armas y los de lesa humanidad. Esos delitos quedarán bajo la órbita federal. En cambio, delitos que hoy tramitan en juzgados nacionales, como por ejemplo homicidios, violaciones y robos que no involucren al Estado sí se traspasarían a la Ciudad. Además, se incluiría en el traspaso a la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que hoy depende de la cartera de Garavano y que se encarga de registrar y fiscalizar a las sociedades comerciales y asociaciones civiles.

Toda la trasferencia debería ser con los fondos que la Justicia nacional ya utiliza para su funcionamiento, aunque la cantidad de dinero involucrado no está definida.

En el Congreso y la Legislatura

A diferencia del traspaso de la Policía Federal, que Larreta consiguió con la firma de un acuerdo con Macri que luego fue refrendado por la Legislatura local, el traspaso de la Justicia requerirá de la aprobación tanto de Perú 130 como del Congreso nacional, como ocurrió cuando se traspasó el manejo del subterráneo.

La jugada será un desafío tanto para Larreta como para Macri, ya que ninguno de los dos Ejecutivos tiene mayoría parlamentaria y estarán obligados a abrir la discusión y aceptar algunas condiciones y cambios que quiera la oposición.

“Estamos trabajando con Garavano en un proyecto de ley para que la Justicia ordinaria de la Nación pase a la Ciudad. Recién estamos instrumentando el proyecto de ley. En poco tiempo más vamos tener el marco conceptual”, dijeron a este medio desde el despacho del ministro Ocampo.

Lejos de precisar una fecha, en Parque Patricios se baraja la posibilidad de que la primera etapa del traspaso se concrete a mediados de este año, en paralelo al avance que tenga a nivel nacional el plan Justicia 2020, con el que la Casa Rosada quiere reformar el Consejo de la Magistratura nacional, oralizar más los procesos y crear un fuero especial que investigue el narcotráfico.

Las discusiones por el traspaso de las competencias también tuvieron eco en el órgano que designa y remueve a los jueves. El pasado 12 de marzo trascendió una reunión entre el titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, y su par porteño, Enzo Pagani. Allí se habló de que la transferencia era “inminente”.

Cientos de jueces y ocho mil millones de pesos

Una de las implicancias que tendrá el traspaso de la Justicia será un cambio notable en el proceso con el que se llevan adelante las causas: mientras en el sistema nacional el que maneja el expediente es el juez, en la Ciudad quien dirige la investigación es el fiscal.

Con el traspaso se agilizarían las causas, debido a que el Código de Procedimiento Penal porteño es más innovador, ágil y tiende a oralizar todo el procedimiento.

Otro tema será la organización que hoy tienen cientos de juzgados nacionales que están asentados en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Como se traspasarían cerca de 280 juzgados, cada uno con sus secretarías, y más de sesenta salas de segunda instancia, integradas a su vez por tres camaristas, en el Gobierno porteño se estima que la Justicia porteña llegaría a tener mil jueces, una vez que se concrete el traspaso.

Discusión aparte será la de la Cámara de Casación Penal ordinaria, que el macrismo y hasta el presidente del Superior Tribunal de Justicia porteño, Luis Lozano, ya admitieron que debería ser disuelta. En ese tribunal la discusión parece más política, ya que muchos camaristas militan en la agrupación kirchnerista Justicia Legitima, cuya titular no es otra que la presidenta de la Casación, María Laura Garrigós de Rébori.

Toda la “movida” no será gratuita. Representaría una cifra global de unos ocho mil millones de pesos, según estimó el subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez, en una reciente entrevista al sitio Nueva Ciudad. Macri deberá cuidarse para que la trasferencia de semejante masa de dinero hacia Larreta no vuelva a despertar el enojo de las provincias, como cuando se traspasaron las partidas necesarias para el funcionamiento de la Federal en el ámbito porteño y se modificó –por un decreto erróneo, que luego fue subsanado– la coparticipación.

Críticas al proyecto de traspaso llegaron desde la Defensoría General de la Nación. Su titular, Stella Maris Martínez, le dijo al diario Página/12 que si la Justicia Civil pasa al ámbito de la Ciudad, el servicio de asesoramiento jurídico gratuito a víctimas de violencia de género se perdería.

La oposición porteña, por ahora, está a la expectativa. Aunque una de las polémicas está en que hay una veintena de tribunales, que serán traspasados, que están vacantes.

En el bloque del Frente para la Victoria rechazaron que el traspaso sea “entre amigos” y exigieron que se cree una comisión de seguimiento. Existe, de hecho, un proyecto de traspaso de la diputada María Rosa Muiños que nunca se discutió.

Desde ECO pidieron también ser incluidos en el debate. Y, en línea con la discusión por el traspaso de la Justicia, los legisladores de la Coalición Cívica, Paula Oliveto (miembro de la Comisión de Justicia) y Maximiliano Ferraro, presentaron en los últimos días un proyecto de ley para que haya audiencia pública en la designación de los jueces del Superior Tribunal de Justicia.

También la Legislatura deberá encontrar pronto un reemplazante definitivo para Ocampo en el Ministerio Público Fiscal, cargo en el que hoy es reemplazado interinamente por Luis Cevasco, quien era su segundo.

La discusión está abierta y será el macrismo la fuerza que deba medir su pulso político –y su músculo en los tribunales– para lograr el traspaso de la Justicia a la Ciudad de Buenos Aires.