El Gobierno intensifica la presión sobre empresas y particulares para que expliquen el destino de dólares que compraron en el mercado oficial y que, se sospecha, se liquidaron en el mercado paralelo o se dejaron en cuentas del exterior.
La intención es, además de sancionar las prácticas, generar una alta percepción de riesgo para desalentar la continuidad de esas operaciones que se intensificaron por el diferencial en la cotización que llegó a superar el 80% y ayer se ubicó en 48%.
Ayer, el Banco Central citó a través del Boletín Oficial a unas doce empresas y particulares a comparecer ante las autoridades por presuntas violaciones al Régimen Penal Cambiario. La AFIP informó que inhabilitó a 30 empresas para que giren divisas al exterior por importes equivalentes a 145 millones de dólares. Y La CNV suspendió a las sociedades de Bolsa Arpenta (también le aplicaron sanción por la operatoria con la casa de cambio) y JR Bursátil por “serios incumplimientos” a las regulaciones estatales y el organismo advirtió que continuará con los operativos en todo el país.
La mayoría de las sanciones corresponden a expedientes que se encontraban archivados en el Banco Central y la CNV y que fueron reactivados en las últimas semanas. Las causas que maneja la AFIP también corresponde a investigaciones en proceso, que se aceleraron en los últimos días.
En el caso de la sanción a las operadoras de fletes internacionales, el organismo fiscal consideró que las empresas pretendían pagar servicios por fletes contratados con las empresas del exterior por montos incompatibles con su situación fiscal.
El 46,5% de los fletes se contrataron con empresas radicadas China, en tanto que el 24% con empresas de Hong Kong y el 23,5% con Estados Unidos. Según fuentes del organismo, se tratan de empresas locales o regionales y no incluye a los grandes jugadores de la logística internacional, que también están bajo observación. “Cuanto más grande es la empresa mayor es la sofisticación para ocultar estas maniobras”, explicó un funcionario
La sanción fue informada al Banco Central para que no le vendan las divisas y además se inició una inspección integral a las empresas argentinas y a sus socios y directores.
La investigación de la AFIP de contratos, facturas, balances y flujos de fondos mediante la Ventanilla Única del Comercio Exterior desde 2012 determinó que se bloquearan 528 declaraciones anticipadas por 2.662 millones de dólares, según un comunicado del organismo.
Citados
Los convocados por el BCRA deberán presentarse ante la autoridad monetaria en el plazo de diez días hábiles bancarios para responder las preguntas y presentar la documentación que se le solicitará, con el objetivo de respaldar operaciones cambiarias. Entre los particulares que fueron citados a través de edictos publicados en el Boletín Oficial se encuentran Roque D’Alleva, David Orlando Rojas, Rogerio Alves Toledo, Juan Alberto Flores, Oscar Alfredo Hernández, Juan Pablo Araya, Abelardo Cesar Tchordoukian, y René Johannes Henricus María Kuipers. También los representantes de las empresas Mar Argentino S.A., Insumarket S.A., Exporpet S.A., y Magycam Gropu S.A.
“El BCRA cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios a los acusados para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario”, dicen los edictos publicados.
Y la autoridad monetaria advierte también en casa caso que si los citados no comparecen en el plazo previsto, “serán declarados en rebeldía”.
Estas medidas, como los diversos controles que lleva a cabo el Central, forman parte del reclamo que públicamente hizo la presidenta Cristina Fernández un día antes de la renuncia del anterior jefe del BCRA, Juan Carlos Fábrega.
En esa ocasión, la jefa de Estado denunció en un acto en Casa de Gobierno que había miles de expedientes que estaban sin resolver.
La intención ofi cial es sancionar por lo menos una casa de cambio por semana
Con la idea de que el rigor impondrá el disciplinamiento del sistema financiero, el equipo económico avanza en la clausura de casas de cambio, agentes de bolsa y, probablemente en pocos días, de un banco. En la City ya hablan de “Los Intocables” en referencia a los cuatro organismos que más presión ejercen: Cristian Girard, presidente de la CNV; José Sbattella, jefe de la UIF; Alejandro Vanoli, presidente del BCRA, y Carlos Gonella, fiscal a cargo de la PROCELAC. La primera decisión fue reactivar viejas causas para aplicar rápidas sanciones. Ya pasaron la emblemática Casa América , dedicada al mercado de divisas, y la Sociedad de Bolsa Mariva Bursátil.
Ayer, la Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que suspendió a las sociedades de Bolsa Arpenta y JR Bursátil por “serios incumplimientos” a las regulaciones estatales. Lo hizo tras un procedimiento conjunto con Banco Central y la Unidad de Información Financiera.
Arpenta irá a la Justicia
En el caso de Arpenta Sociedad de Bolsa, el comunicado de la CNV dice que “se pudo corroborar en sus oficinas la existencia de 48 cajas de seguridad, utilizadas para prestación de servicios a clientes”, que “no se constató que la Sociedad realizara auditorias en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo” y que “no se acreditó en forma fehaciente la titularidad de los valores del tesoro de Arpenta Sociedad de Bolsa y Arpenta S.A, lo que imposibilitó determinar el origen de los fondos allí encontrados por los inspectores”.
Confirmando lo que circuló desde hace una semana como trascendido, sostuvo que “se encontró una importante suma de dinero tirado en el piso de una de las oficinas”.
Los directivos de Arpenta anticiparon la intención de ajustar las sociedades a la normativa, lo que incluye la apertura de un local a la calle, y la decisión de apelar en la Justicia las sanciones impuestas que le impiden operar.
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