Un taller textil clandestino fue clausurado este miércoles por personal de la Policía Metropolitana en el Bajo Flores, luego de que se constatara que ese local funcionaba oculto detrás de una pared construida con placas de yeso en una propiedad de 2.500 metros cuadrados. Fuentes de la fuerza informaron que por este hecho quedó imputada una mujer de nacionalidad boliviana.

El área de Contravenciones y Faltas de la Policía Metropolitana en conjunto con personal de la Agencia Gubernamental de Control llevaron a cabo un procedimiento durante el que clausuraron un taller textil clandestino ubicado en la calle José Martí 1050 del barrio porteño de Flores. En el lugar se secuestraron 173 bolsones con prendas de vestir, 50 máquinas de coser y documentación relacionada con la causa.

El operativo fue ordenado por el fiscal Martín López Zavaleta a raíz de una denuncia sobre violación de clausura del inmueble que tenía en su haber tres violaciones de clausura, una de ellas por trata de personas.

Al ingresar a la propiedad la dueña, de 40 años, que quedó imputada a disposición de la Justicia, les negó a las autoridades que allí funcionase un taller textil y les mostró todos los ambientes de este domicilio, que consta de 2.500 metros cuadrados.

Una vez que subieron al primer piso, los oficiales de la brigada detectaron que había una pared construida con placas de yeso que, a simple vista, parecía levantada recientemente. Por este motivo, la inspeccionaron y comprobaron que una de las placas estaba cortada a la mitad y, con solo apoyarse sobre la parte superior, se levantaba y daba paso a un ambiente de 360 metros cuadrados donde funcionaba un taller textil clandestino.

Esta información fue elevada a la Fiscalía Este, a cargo de Martín Lapadú, quien ordenó clausurar el taller, imputar a la mujer encargada y dueña del lugar y secuestraron las prendas de vestir, máquinas y todo lo relacionado con el funcionamiento de un taller textil.

"Estas causas merecen especial atención porque es una actividad que entraña mucho peligro si no cuenta con las habilitaciones correspondientes", sostuvo el fiscal Martín López Zavaleta.