Por Eduardo Aulicino

El anuncio sobre la incorporación de distintos medios de pago para viajar en el transporte público -es decir, además de la SUBE- constituye el último ejemplo notorio de la comunicación que el Gobierno despliega en continuado para tratar de marcar agenda pública y no sólo política. Ese ejercicio diario registra en estas horas dos problemas: expone a veces anuncios de concreción imprecisa o lejana, y compite por momentos con errores propios o cuestiones que escapan a su dominio pero marcan tendencia. Los últimos casos: el deterioro de la clase medida y el lamentable rechazo de Alberto Benegas Lynch a la educación obligatoria, a contramano incluso del recorte de la historia que reivindica el oficialismo.

Algo parecido, aunque en otra escala, queda reflejado en el manejo de las tratativas por el alcance de Ganancias sobre los ingresos. Hubo un esfuerzo inicial para presentar la reversión de ese aspecto de la ley como un reclamo exclusivo de los gobernadores. Después quedó claro el alcance de las tratativas, en el marco explícito de un acuerdo de alivio fiscal para las provincias como contraparte del apoyo a la Ley Bases, que en versión acotada enfrenta ahora el tramo final de las negociaciones en Diputados.

El eje en la negociación de Ganancias, según se reconoce en bloques opositores de diálogo abierto con el oficialismo, quedo resumido en dos cuestiones. La primera, subir el piso de ingresos a ser alcanzado por el impuesto -con compromiso de actualización- y establecer un criterio progresivo de alícuota. El reclamo específico sobre esos renglones no estuvo atado exclusivamente al reclamo de jefes provinciales -en particular del Sur, por el promedio salarial de la región-, sino que pesó además la consideración más extendida sobre el impacto de la crisis en los sectores medios.

Por supuesto, al menos algunos funcionarios del Gobierno -en Economía y en casos de cierto kilometraje político- reconocen que se trata de síntomas a tener en cuenta, bajo la contención que -según se encargan de destacar y difundir- es registrada por diversas encuestas. Los números no son uniformes y exponen a la vez dos componentes centrales: aval significativo a la gestión de Javier Milei y fuerte efecto del ajuste en la economía doméstica.

En esa línea de tensión, con la expectativa de una mejora económica bien entrado el segundo semestre, se ubica el reconocimiento visible o sugerido sobre la clase media como franja especialmente afectada. Algo de eso animó las recientes declaraciones de Luis Caputo sobre las prepagas, más allá de la discusión de fondo en esta materia.

Cuando comenzaban a aparecer algunas señales de este tipo, en las referidas declaraciones del ministro y también en las tratativas sobre Ganancias, Elisa Carrió reapareció con declaraciones directas. En su estilo, sostuvo que la política económica del Gobierno constituye el “mayor ataque” de la historia a los sectores medios de la sociedad. Y luego de otras frases y reclamo de un programa de crecimiento, dejó un concepto que le da dimensión a su advertencia. Definió a la clase medida como “la identidad argentina”.

Ese concepto resume de algún modo el alcance en sentido amplio. Existen coincidencias aun con diferentes miradas sociológicas. Una de ellas destaca que la “clase media” representa bastante más que una franja social por ingresos: es además y tal vez sobre todo, una expresión cultural, asumida más allá de la posición económica de cada individuo. Es decir: desde personas de bajos recursos -un dato agravado de esta época es el de trabajadores formales con ingresos por debajo de la línea de pobreza- a personas de posición más que acomodada.

Y es sabido además que así como muestra fronteras difusas, la clase media tiene enorme gravitación en el estado del humor social. Eso es lo que sugiere el gesto del ministro y lo que coloca en la agenda sin vueltas la líder de la CC.

Diferente es el caso de la declaración del diputado Benegas Lynch. Sumó de manera inesperada a la agenda política una frase que debió ser cuestionada desde el propio Gobierno y que, más allá de la velocidad para cerrar el capítulo, mostró cómo pueden operar juegos individuales con alto impacto mediático y en las redes sociales, al margen de los planes de la Casa Rosada.

El legislador desconcertó a los propios también porque fue en sentido contrario a la “narrativa” del Gobierno sobre la historia nacional. “No creo en la obligatoriedad de la educación”, dijo, y ató su rechazo al concepto de “libertad”. Llamativo. En rigor, la declaración de la educación obligatoria -que supone la existencia de la escuela pública gratuita- combina la visión y el trabajo de Sarmiento y la posterior decisión de Roca. El sentido político y fundacional establecido con la ley 1420 fue extendido con los años al ciclo secundario.

Las declaraciones del diputado libertario fueron rechazadas por la ministra Sandra Pettovello, con un mensaje –”Hombres trabajando, niños estudiando”- que luego fue pulida por el vocero Manuel Adorni. El Presidente optó por calificar lo dicho por Benegas Lynch como una frase “absolutamente desafortunada”, para luego hacer otra carga sobre periodistas.

De manera repetida, desde el Gobierno insisten con una especie de consigna para hacer frente a situaciones de este tipo: los libertarios, enfatizan, no se mueven como “manada”. Se trata de un escudo para evitar que todo dicho de un integrante del oficialismo sea interpretado como la posición oficial. El problema se plantea cuando se trata de algún exponente calificado. Pero al margen de todo, complica el imaginario de dominio de la agenda pública y deja interrogantes sobre la planificación, más reducida, del temario político.