Por Luis Autalan

La convocatoria federal por la universidad pública, en defensa de la enseñanza gratuita y de la investigación científica sumó la segunda edición para lo que va del Gobierno de Javier Milei. Como ya sucediera el 23 abril, en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país la cita tuvo adhesión popular y contundencia en las consignas.

El capítulo de las señales políticas registró presencias y expresiones de diferentes sectores, que abarcaron incluso a quienes adhieren a no pocos trazos de la gestión libertaria.

Esa nómina incluye, entre otros, a Cristina Fernández, ponderando la educación pública, Elisa Carrió, quien a la hora de expresar su adhesión dijo que la misma tenía que ver con su condición de alumna y profesora titular desde hace 52 años, como también a Sergio Massa, Martín Lousteau, Martín Tetaz y al ex jefe del Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta quien sostuvo que la Casa Rosada "debe escuchar el mensaje" de la marcha y no reducirla a una actitud política. 

Los ejes de la jornada tuvieron como vector central convocante el desfinanciamiento a la universidad, más la realidad salarial en ese sector, como también manifestaciones en razón de las formas y modos gubernamentales, las cuales quedaron expuestas a cielo abierto. Más allá de que el reclamo fue convocado por entidades de la enseñanza superior, centrales sindicales, gremios o fuerzas políticas, fue significativa la adhesión social donde sin integrar núcleo específico alguno, hombres y mujeres decidieron plegarse a la jornada de protesta. 

Entre los mensajes desde el escenario montado frente al Congreso de la Nación donde se realizó el acto central, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, reseñó que cinco meses atrás una movilización ya había alertado sobre los riesgos del desfinanciamiento para el sistema universitario y el científico. En ese tono aseguró que por estas horas "la situación es peor" y amplió conceptos: "Soportamos una campaña injusta, planificada e intencional para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario". "No ha habido ni siquiera vocación de diálogo", dijo para resumir la actitud del Gobierno. 

En relación a los tópicos específicos que se expresan con la política oficial para la universidad, los puntos centrales incluyeron el rechazo a los recortes presupuestarios, la privatización de servicios y la eliminación de programas de becas, como también fustigar la mensura oficial sobre la población de estudiantes que asiste a ese nivel de enseñanza en nuestro país. 

Desde el movimiento obrero también se apreció la participación de columnas de la CGT, la UTEP, las dos CTA y otras organizaciones sociales, coincidentes en destacar a la educación como una alternativa indispensable y de salida legítima de la pobreza. 

Con ese prisma el secretario general de la Conadu, Carlos De Feo, apuntó: "El Gobierno se va cada día más hacia un autogolpe. La ministra de Seguridad nos acusó de que este es un acto golpista. Le decimos que no, que es la más pura expresión de la democracia. Tenemos memoria, tenemos historia, sabemos lo que tenemos y no lo vamos a perder". 

Al mismo tiempo que comenzaba la desconcentración en el Congreso, la vicepresidenta Victoria Villarruel apoyó el reclamo pero pidió "auditar" el uso de fondos a efectos de "cuidar lo que es de todos y dejar de proteger a los parásitos que hacen negocios con ella". 

"Todo lo que se financia con los impuestos, tasas y contribuciones del pueblo trabajador puede y debe ser auditado para recibir fondos del Estado", escribió en la red social X.