El precio base de la subasta fue de 20 millones de dólares. Luego de una puja de solo dos oferentes, el Banco Ciudad aprobó la venta por apenas 100 mil dólares más, a un valor final de 2.372 dólares el metro cuadrado, muy por debajo del valor de mercado. La polémica consistió en que el dólar se cotizó al tipo de cambio oficial, por lo que el valor final de la propiedad se redujo a 1.186 dólares, menos de la mitad.

El comprador no podrá hacer uso inmediato del inmueble porque el pliego de la subasta establece que “el adquirente deberá otorgar en comodato a título gratuito el uso del inmueble adquirido a favor de la Ciudad, desde operada la escritura traslativa de dominio por un plazo de 30 meses”. El pago de los impuestos, tasas y contribuciones que se devenguen por el uso del inmueble serán asumidos por el adquirente, mientras que el comodatario abonará los servicios consumidos. El Gobierno de la Ciudad podrá acordar con el adquirente la modificación del plazo de dicho comodato.

La Ley 4481, sancionada el 12 de diciembre de 2012, autorizó la venta de este inmueble con el mandato de que el “producido de la venta será afectado exclusivamente a la adquisición y puesta en valor de un predio que albergue a las áreas jurisdiccionales del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires”. Agregaba que el “inmueble deberá tener una superficie de entre 40.000 y 60.000 metros cuadrados y emplazado en la zona sur de la Ciudad”.

De esta ciudad judicial no hay ninguna novedad luego de diez años. No existe proyecto o avance que se haya informado. Aún así, el Gobierno porteño decidió vender el inmueble de Berutti cuando no hay urgencia y en un contexto en que el precio de las propiedades está a la baja.

El Gobierno de la Ciudad interpreta que el art. 4 de la Ley N° 6301 de emergencia económica habilita a reasignar estas partidas que tienen asignación específica.

“SE DIERON TODAS LAS VENTAJAS AL COMPRADOR”

“Es inconcebible que se rematen inmuebles de la Ciudad necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos a precios irrisorios. Se dieron todas las ventajas al comprador. Recordemos que los únicos inmuebles que se pagan en pesos son los que vende la Ciudad”, dijo el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad y referente de La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, Jonatan Baldiviezo.

“El plan sistemático de venta de tierras públicas debe frenarse. De lo contrario, la Ciudad terminará con su banco de inmuebles vacío y con necesidad de tierras e inmuebles para garantizar el acceso a los servicios públicos a la población”, agregó.