El CUD es un documento público válido en todo el país. Es otorgado a través de un procedimiento establecido y dictaminado por la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS). Desde 2015 en la Ciudad de Buenos Aires, el Centro Integral de Evaluación y Orientación de la Discapacidad (CIEODIS) pasó a tener la potestad sobre el procedimiento de evaluación, a través de juntas interdisciplinarias para la obtención de un CUD.

Estas juntas evaluadoras se conforman con tres profesionales: uno con especialidad médica, uno en psicología y uno en trabajo social. El gobierno porteño dispone que para cada tipo de discapacidad se asigne un turno con la junta que posea un especialista en medicina asociado a dicha materia. Esta propuesta de la Ciudad es única respecto a las demás jurisdicciones del país, y puede llevarse a cabo porque se posee la mayor concentración de profesionales en un área relativamente pequeña, señala el organismo de control.

Los auditores, según cuenta El Auditor, hallaron que faltaba la documentación en los expedientes que es exigida por la normativa del Gobierno de la Ciudad para el trámite del certificado.

Además, señala el informe, hay expedientes que no poseen un orden sistemático, ni un control establecido para resguardar su integridad. Tampoco cuentan con la firma y sello de los profesionales y datos de lugar y fecha estipulados en el formulario Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad. Por último, existen expedientes que no cumplen con lo indicado por la normativa, que requiere la conformación multidisciplinaria de al menos tres profesionales.

El organismo de control encontró que el sistema de organización y la falta de espacio físico del archivo implican “un alto riesgo de pérdida de documentación”. Según explicaron, “este sistema tiene la debilidad de que, en caso de guardar un expediente en una caja que no corresponde, se deberían revisar cada caja del año para hallarlo”.

Durante el período auditado se realizó una mudanza la cual produjo “un desorden en los espacios” destinados a los archivos de certificados. El informe detalla que la documentación generada por el antiguo sistema de certificación con base en los Hospitales Penna, Santa Lucía, Alvear, Piñero, Rocca e IREP tampoco se ha trasladado al CIEODIS por no contar con el espacio necesario.

El informe refiere, además, que no se ha establecido un sistema informático de gestión que integre los procesos asociados a la generación, análisis y resguardo de la información producida. Tampoco un procedimiento formal que registre la evaluación y medidas generadas a partir de los aportes surgidos tanto de los usuarios, de los agentes o de otras áreas de gobierno.

Por otra parte no se encontró un procedimiento o manual para la generación de estadísticas de la gestión. “La falta de estos elementos no permite poseer una definición de las variables o establecer los responsables de la carga y su fuente; las herramientas para la guarda y los controles de validez e integridad establecidos”, asegura el organismo de control.

En cuanto a los recursos humanos, los auditores encontraron que “el vínculo contractual establecido con casi la totalidad de los agentes es débil”. Además, destacaron que la cobertura de vacantes de personal se realiza fuera del sistema concursos. Según el informe, cada vez que se produce una baja se realizan invitaciones en las redes informales dentro del sistema de salud y luego los candidatos son entrevistados primero por las responsables del CIEODIS. “Este procedimiento posee el riesgo de no dar iguales oportunidades en la competencia a los profesionales que estén interesados en realizar esta tarea, y que los contratados no sean los más aptos para la tarea”, indicó la AGCBA.

Tampoco se cumple con lo dispuesto en la Ley 1502/04 sobre el cupo de personas con discapacidad en el sector público. “Existen dos personas que se desempeñan en el CIEODIS con CUD, lo que no alcanza el cupo de 5% del personal”, aseguraron los auditores.

A estas fallas en el personal se suma que no hay una política que asegure la disponibilidad de intérpretes u otros recursos que permitan el acceso a una comunicación con el mínimo de barreras posibles con los usuarios del servicio. Solo cuenta con una agente administrativa, capacitada en lenguaje de señas.

En el manejo de datos tampoco existe un procedimiento formal para el alta, baja o modificación de usuarios de los sistemas utilizados. Para los auditores “sin estos procedimientos se aumenta el riesgo de accesos indebidos, no se determinan los controles sobre las acciones así como tampoco la generación y guarda de documentos respaldatorios”.

Para la gestión de los sistemas informáticos e Internet, “no se ha confeccionado un registro de inconvenientes y un protocolo de contingencia ante estos casos”, indicaron y resaltaron que “no poseer protocolo de contingencia no facilita la toma de decisiones ante distintos escenarios”.

Según el informe, “a partir de un análisis de informes de la Dirección General de Estadísticas y Censos, se ha detectado el riesgo de que al menos un 42% de las aproximadamente 135.000 personas que no poseen CUD podría requerir de los beneficios del mismo y no alcanzarlos”.

La AGCBA concluye que al centralizar la oferta de certificación en un solo centro, “se gana en eficiencia para atender la demanda espontánea, pero se pierden oportunidades de llegar a este porcentaje de la población que también necesita del CUD”.