Dos oficiales superiores de la policía santafesina, entre ellos un ex jefe provincial de la fuerza, serán citados a nivel administrativo para justificar el aumento de sus patrimonios, los que en una primera investigación no aparecen respaldados en base a ingresos lícitos. Se trata de Ricardo Daniel Cáceres y Osvaldo Raúl Bejarán. Ambos casos recibieron un impulso de parte de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad, a cargo de Ignacio Del Vecchio, dado que se encontraban al borde de la prescripción.

Cáceres fue jefe de policía provincial en dos administraciones políticas de signos distintos, entre octubre de 2007 y diciembre de 2009. Ostentó ese cargo en el último tramo de la gestión como gobernador de Jorge Obeid y en el primero de la de Hermes Binner.

Por su parte, Bejarán fue jefe de la comisaría 13ª de Rosario y también estuvo a cargo de la sección Leyes Especiales de la Unidad Regional II.

Notificados. Cáceres y Bejarán han sido investigados en procedimientos administrativos llevados adelante por la Dirección Provincial de Asuntos Internos y la semana pasada notificados de que deberán hacer su descargo fundamentando cómo adquirieron los bienes a su nombre. Las investigaciones tienen origen en denuncias realizadas en el año 2001 que sugieren que ambos se enriquecieron ilícitamente durante el ejercicio de sus funciones como oficiales de la policía de Santa Fe.

El próximo paso de estas investigaciones podría ser la formal imputación de los ex funcionarios. En ambos casos se ha sugerido que los ex policías habrían utilizado testaferros para ocultar sus activos de origen ilícito.

Precisamente serán citados para que efectúen la justificación de sus posesiones en un acto donde se invierte la carga de la prueba: el delito de enriquecimiento ilícito es uno de los pocos donde la inocencia no se presume sino que debe ser demostrada.

Plazos. Los casos estaban cerca de pasar al archivo dado que en el enriquecimiento ilícito de oficiales de fuerzas de seguridad la prescripción empieza a correr a partir del momento del retiro. Ambos policías están a punto de cumplir los seis años desde su cese y el máximo de pena prevista en la escala para tales ilícitos es, precisamente, seis años. Para uno de los casos, el del comisario Bejarán, la imputación fiscal no podría hacerse más allá del 7 de julio, por cuestiones de plazos.

¿Por qué si estos oficiales fueron denunciados en 2001 no fueron investigados por el viejo sistema penal? Según explicó el jefe de Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos de Rosario, Sebastián Narvaja, porque estos expedientes nunca alcanzaron estado judicial.

"Hasta ahora los casos estuvieron en la Dirección de Asuntos Internos. La ley de transición dice que la competencia se define al momento en que se avisa al sistema penal competente. Por eso pese a tratarse de denuncias de 2001, al nunca haber tenido estado judicial, la incumbencia la tiene el nuevo sistema penal", señaló el fiscal.

Luego de efectuar su justificación los dos oficiales podrían ser llamados a una audiencia imputativa ante la Justicia.

Origen. Fuentes del gobierno santafesino señalaron que en la evolución patrimonial del comisario Cáceres se le requirió que precise el origen de los fondos con que adquirió una casa en calle 3 de Febrero y un departamento en Mendoza al 400 en Rosario, así como una quinta con pileta en Puerto Paraíso, un barrio cerrado de la localidad de General Lagos que cuenta con amarradero.

También deberá sustentar la procedencia de un Peugeot 407, un Citröen C4 y un Fiat Siena.

Por su parte, entre los bienes a justificar por el comisario Bejarán figuraría una casa de dos plantas en inmediaciones de Cerrito y Francia que el oficial habría transferido.