El juez Federal N° 2, Fernando Poviña, hizo lugar al pedido de indagatoria a los ex funcionarios universitarios que están sospechados por manejo fraudulento de los fondos públicos provenientes de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD).

Entre el 4 y el 13 de abril deberán presentarse como imputados: Juan Alberto Cerisola, ex rector de la UNT (2006-2014); Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y ex diputado por la UCR; Olga Cudmani, directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias; Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; Horacio Alfredo Lobo, arquitecto e inspector de obra y Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones.

La causa investiga cuál fue el destino de los $353 millones que se giró a la UNT en concepto de utilidades provenientes de Minera Alumbrera, entre 2006 y 2009. E indaga sobre la colocación de parte de esos fondos en entes bancarios -en algunos casos- de tercera y cuarta línea.

Esta inversión financiera -según consta en el requerimiento de indagatoria del fiscal federal, Carlos Brito- habría dejado unos $ 56 millones en concepto de intereses. Se desconoce cuál fue su destino. En las causas que se iniciaron en 2010 y en 2013 también se denunciaron sobreprecios e irregularidades en las contrataciones para obras de infraestructura.

Los delitos que se les imputan a los ex funcionarios van desde incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública hasta malversación de fondos, según el grado de responsabilidad y participación de cada uno.

El pedido de indagatoria fue realizado por el fiscal federal Brito en agosto del año pasado. En ese momento, el juez federal N° 1, Daniel Bejas, entendía en la causa. Luego se inhibió por su amistad con Silvia Peyracchia, abogada de Cerisola. El expediente pasó al juez Poviña.

El desencadenante

El 2 de enero de 2008, mediante un convenio firmado por el ex rector Cerisola con YMAD, se dio por concluida la obra de la Ciudad Universitaria. Por este acuerdo, la UNT dejó de recibir automáticamente el 40% de las utilidades que le correspondía según el artículo 18 de la N° 14.771, que dio origen a la empresa interestadual YMAD en 1959. Según este artículo las utilidades serían repartidas de la siguiente manera: el 60% para Catamarca y el 40% destinado a la UNT, “para la construcción de la Ciudad Universitaria, conforme los planos ya aprobados”.

En 2008, sin haberse concretado la Ciudad Universitaria, Cerisola resignó parte de esos fondos para comenzar a recibir el 20%, del cual podía disponer libremente. Durante la investigación, se comprobó que de acuerdo “al plan de obras acordado (por la UNT), el monto para la terminación de la Ciudad Universitaria ascendía a la suma de $ 267.669.000; sin embargo, cuando se firmó el convenio aún no había ingresado el monto a las arcas de la UNT”.

La primera denuncia la realizó el arquitecto Ramón Eudal en 2010, por el presunto delito de malversación de fondos públicos. Luego se sumó la del abogado Oscar López. En 2013, la auditoría de la Sigen detectó irregularidades en obras que llevaba adelante la UNT con los fondos mineros, lo que originó una nueva causa. Al año siguiente, las causas “Eudal” y “Sigen” fueron acumuladas.

En 2011, un equipo interdisciplinario pericial (EIP) de Gendarmería Nacional remitió un informe con relación al destino de los fondos recibidos por la UNT desde YMAD, que había sido solicitado por el fiscal Brito. Tomaron como base 20 obras que estaban en ejecución (luego descartaron dos por falta de documentación). De las 18 restantes, detectaron que en 14 se habían pagado “precios superiores a los valores determinados”. Los porcentajes trepaban hasta el 194%. Además, concluyeron que la UNT se había apartado del régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

El fiscal agregó que Cerisola debía responder por un cheque de $ 20 millones recibido por la UNT, cuyo destino desconoce. También atribuyó al ex rector la ausencia de control de la porción de utilidades de YMAD que correspondía a la UNT: 40% entre 2006 y 2008, y 20% a partir de ese año. “Las utilidades repartidas antes y después nunca alcanzaron los porcentajes estipulados”, dijo el fiscal. Por ejemplo, en 2006 la UNT recibió $ 296 millones, que representó el 19% del 40% que debía recibir.

En 2013, la fiscalía requirió asesoramiento técnico de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El informe fue lapidario: “los fondos recibidos de YMAD por el Rectorado fueron administrados en inversiones decididas sin un criterio lógico explícito. Se desprende de su análisis que la conducta seguida fue de elevada exposición al riesgo (…) caracterizándose por inversiones elevadas a plazos largos, en instituciones financieras de menor nivel y a tasas similares a las obtenidas para inversiones de menor cuantía a plazos cortos en entidades bancarias de primer nivel”.

Durante cinco años continuaron acumulándose pruebas que llevaron al fiscal a sostener en su pedido de indagatoria que el “apartamiento de los funcionarios mencionados de los regímenes legales establecidos para la realización de inversiones temporarias de fondos para la apertura y registro de cuentas bancarias oficiales y del régimen de contrataciones de la Administración nacional, puede erigirse como el conjunto de acciones necesarias tendientes a las provocación de un perjuicio (...) con una consecuente disminución en el patrimonio de la Universidad”. Sobre todo deberán dar explicaciones los seis imputados.

Juan Cerisola

“Esta oportunidad fue esperada por años”

Silvia Peyracchia, abogada de Juan Cerisola, anticipó que el ex rector Juan Cerisola “se presentará en tiempo y forma” ante la Justicia Federal. “Esta oportunidad fue esperada paciente y silenciosamente por mi defendido durante largos años, ya que las denuncias datan de 2009. En este tiempo no tuvo oportunidad de ejercer su defensa por no haber sido convocado en ningún ámbito, sea universitario, administrativo de investigación, judicial o del Ministerio Público”, indicó. Agregó que, por fin, podrá “conocer de manera oficial cuáles son los hechos que se le atribuyen”.

LUIS SACCA

“Rechazo cualquier imputación posible”

“Estoy a total disposición de la Justicia. Es deber de todo funcionario o ex funcionario como es mi caso rendir cuentas de sus actos cada vez que se lo solicite. De todos modos, no he recibido ninguna notificación oficial por lo que todo lo que pueda decir es en base a trascendidos”, afirmó Luis Sacca. Agregó: “rechazo totalmente cualquier imputación posible. No tengo nada que ocultar. Todo lo actuado mientras fui parte del gabinete universitario se realizó en base a las normas de control internas y externas a las que está sometida la administración de la UNT”.