Ariel Maciel

Los empresarios resistirán al nuevo blanqueo de capitales que el gobierno de Alberto Fernández pretende implementar, si es que consigue que el Congreso de la Nación da vía libre al proyecto que le envío días atrás. El círculo rojo, sin embargo, activó un plan de crisis para esquivar la nueva iniciativa, debido al temor que surgió por las penas que podrían recibir, tanto los dueños como las empresas argentinas con intereses en los Estados Unidos. Si bien el lobby buscará ponerle tope al debate legislativo, con promesas de dar señales a un nuevo presidente, las consultas jurídicas se multiplicaron durante los últimos días.

Fuentes empresarias consultadas por PERFIL confiaron que una gran cantidad de personas del establishment local “invirtieron fuerte” para pedir análisis de los alcances de una eventual ley que aplique el nuevo blanqueo, denominada como “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado”. Sucede que la iniciativa actual cuenta con el aval del gobierno de los Estados Unidos, a diferencia de los intentos en gobiernos anteriores, que lograron poco éxito en el mundo empresario. Fue el propio ministro Sergio Massa el que firmó el acuerdo de intercambio de información con el embajador estadounidense en la Argentina, Mark Stanley, en una muestra de confianza entre ambas administraciones gubernamentales.

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Esa relación entre los gobiernos provocó que el círculo rojo activara alarmas sobre el cruce de información, que podría poner en jaque a las empresas, no sólo por los negocios que mantienen en ambos países, sino también por el temor de quedar apuntadas, en medio de un año electoral. “Los gobiernos suelen golpear sobre la imagen de los empresarios para hacer campaña, y eso es un daño que desprestigia a las empresas, y genera condiciones de inestabilidad para la proyección de los negocios”, se quejó un ejecutivo de una firma que participó en el AmCham Summit 2023, que se realizó días atrás en Puerto Madero.

Sin ancla jurídica, se activó el lobby legislativo

“El blanqueo es para las personas que tiene fondos o propiedades no declaradas en el exterior que puedan tener temor, porque viene con el acuerdo de Estados Unidos. Toda esa gente estuvo analizando el tema y lo que se firmó no es vinculante para la justicia estadounidense, sino que sólo permitirá el acceso a la información. Además, todavía no está aprobado y para que esté en marcha van a pasar casi dos años”, confesó a PERFIL uno de los comandantes de una de las entidades empresarias más poderosas del país.

Según esa misma fuente, “todas esas personas están muy bien asesoradas para tomar decisiones”, y pronosticó que “en el caso de que se active, va a haber pocos ingresos declarados y no va a ser un éxito”. Sucede que los empresarios, además del resguardo jurídico e impositivo, desplegaron un lobby sobre diputados nacionales para señalar la “inconsistencia” de la aprobación de una ley en medio de un proceso electoral. Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, sostuvo: “hay que analizar este proyecto, pero los blanqueos en la Argentina han sucedido muchas veces y, la verdad, es que los resultados nunca fueron buenos”.

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“La iniciativa sólo busca juntar plata, ante un escenario de escasez de dólares. Si el objetivo es solamente ese, no es viable implementar un plan serio”, se quejó el dueño de una empresa, consultado por este medio. De hecho, varios legisladores opositores comenzaron a anunciar su rechazo a la nueva ley de blanqueo de capitales por entender que su aplicación es “inviable” en el marco del “fin de ciclo” de un Gobierno, que no mostró capacidad de reelección. “Es poco probable, pero si gana el peronismo, no significa que será la continuidad de este Gobierno. Nadie va a sumarse a un blanqueo que no genera confianza política”, advirtió otro representante del establishment. Los discursos con los legisladores son idénticos.

La promesa del círculo rojo

Más allá de las afinidades ideológicas y electorales que pueden vincular a los empresarios con representantes de la oposición, el círculo rojo puso sobre la mesa de negociación la promesa de declarar ahorros e inversiones no declaradas en Estados Unidos a la próxima gestión presidencial. Sería una suerte de otro “símbolo de confianza” para la nueva administración, aunque estará atada, además, a la puesta en marcha del paquete de medidas reformistas que anunció Juntos por el Cambio para los primeros meses de gobierno. “Si alguien va a blanquear capitales, lo hará como un voto de confianza para el próximo presidente”, certificó uno de los líderes empresarios consultados por este medio.

Según los cálculos que maneja el Ministerio de Economía, los ingresos por blanqueo podrían llegar hasta los USD 1.000 millones durante 2023, aunque ese cálculo se achica a medida que la aprobación del proyecto se dilate. La iniciativa que ingresó al Congreso señala la posibilidad de declarar la "tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior". Además, se suman "activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior (incluyendo créditos)".

Blanqueo de capitales: quiénes podrían ingresar y cuáles son las alícuotas

El proyecto que está en manos de los diputados señala que las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del país y del exterior cuando exista repatriación aplicable sobre el monto exteriorizado al tipo de cambio del Banco Nación, son del 5% desde la entrada en vigencia y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos; 10% para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos; y de 20% para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos.