El Tribunal Oral Federal que juzga la responsabilidad penal de 26 represores ilegales en la Provincia de Buenos Aires, entre ellos un ex gobernador y su ministro de Gobierno, detalló la actividad del Batallón 101 de Inteligencia de La Plata para demostrar la existencia de un plan sistemático de tortura, desaparición de personas y sustracción de menores durante la dictadura militar.

Según la lectura de cargos formulados en la elevación a juicio, el Batallón 101 tenía la misión de recolectar, clasificar, administrar y entregar información a los grupos de tareas que actuaban en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. Ese rol prefigura la existencia de una organización estatal represiva , con asignación específica de roles en la comisión de estos delitos de lesa humanidad que, desde el lunes, evalúa el Tribunal presidido por Carlos Rozanski.

De la lectura de cargos surge la imputación directa al coronel Alejandro Arias Duval, como responsable del Destacamento ubicado en la capital bonaerense y dependiente del Regimiento N° 7 “Coronel Conde”.

De acuerdo con los cargos imputados, el batallón “prestó apoyo imprescindible en la implementación y desarrollo de la represión clandestina”. Era parte “de los mecanismos de funcionamiento del aparato organizado de poder”, en manos excluyentes de la Junta Militar.

Esta segunda audiencia realizada en la ex sede de la AMIA platense, recién comenzará con los testimonios en varias semanas. Son 500 declaraciones vinculadas con la comisión de delitos contra 180 personas, entre ellas once mujeres embarazadas, tres bebés nacidos en cautiverio y cuatro chicos secuestrados con sus padres.

Por estas acusaciones son juzgados, entre otros, el ex gobernador, general Ibérico Manuel Saint Jean; su ministro, el civil Jaime Lamont Smart; y el ex Director de Investigaciones, Miguel Etchecolatz. También el subjefe de la Policía, coronel Rodolfo Aníbal Campos. Todos están incluidos en la causa “Circuito Camps”, denominación judicial atribuida a los secuestros, apremios ilegales, homicidios y desaparición de personas ejecutados en el período que el coronel Ramón Camps permaneció al frente de la Policía bonaerense. En esos tiempos funcionaron seis centros clandestinos de detención en el “circuito Camps” : la comisaría 5ta. de La Plata, el Destacamento Arana, la Brigada de Investigaciones de esta ciudad, la subcomisaría Don Bosco llamada “Puesto Vasco”, COT I Martínez y la Brigada de San Justo.

La apoyatura estatal era diversa y organizada.

El “101” aportaba logística informativa.

“Las dependencias de inteligencia militar no sólo estaban al tanto del plan de represión ilegal en la región. Resultaban un eje fundamental en la estructura criminal organizada”, sostuvo la acusación.

¿Cómo arribaron a esta conclusión? Porque la parte acusatoria considera que los secuestros y desapariciones “ eran precedidos necesariamente por una labor de inteligencia que individualizaba a las futuras víctimas”. Por eso, Arias Duval se encuentra imputado por la privación ilegal de la libertad de 80 personas. Además, por la sustracción, retención y ocultamiento de cuatro chicos menores de 10 años. Son los casos de José Sabino Abdala, entonces de 2 años y 8 meses; Marian Eugenia Caracoche, de 13 meses. Ambos restituidos luego a sus familiares. También Ana Baratti de la Cuadra y Leonardo Fosatti Ortega, nacidos en la comisaría 5ta. de La Plata. De los 26 militares y policías, once están presos. Entre ellos Etchecolatz, condenado a reclusión perpetua.

Es la primera vez que se juzga a un civil por causas de lesa humanidad. Jaime Smart fue ministro de Gobierno entre 1976 a 1978. Era “superior inmediato” de Camps.