* La primera traición de Cobos. En septiembre de 2006, cuando estalló el escándalo por la manipulación del índice de precios de Mendoza, Julio Cobos era gobernador de la provincia y ya había sido elegido por los Kirchner para secundar a Cristina en la fórmula que disputó la presidencia en 2007. En contra del discurso y accionar de la Casa Rosada respecto del Indec fue quien dio el sí para que se le abrieran las puertas a la Justicia y se investigara el falseamiento de los datos de su provincia. "Denle todo a Garrido", dijo cuando el ex fiscal viajó a Mendoza para investigar los sospechosos cambios en el índice de inflación. Todavía no era vicepresidente. Fue su primera traición a los Kirchner.

* Moreno en pie y la salida de Peirano. Noviembre de 2007. Cristina Kirchner ya era presidenta electa y armaba su gabinete. "No podemos dilapidar la elección. Tenemos que avanzar con cambios en el Indec ya", le dijo el ministro de Economía Miguel Peirano en una reunión en Olivos de la que también participaron Néstor Kirchner y Alberto Fernández. El límite de Peirano tenía nombre y apellido: Guillermo Moreno. No estaba dispuesto a seguir si también seguía en su lugar el secretario de Comercio Interior, alma máter y ejecutor de la intervención en el Indec. La presidenta electa no dejó margen para dudas: defendió el trabajo del Indec y la transparencia de las mediciones y negó que fuese necesario hacer alguna reforma. A Peirano le quedó claro que Moreno era inamovible. Tanto como que sus días en el gobierno habían terminado.

* Crónica TV. Con un fondo rojo sangriento, música estridente y letras mayúsculas, la dramática placa anunciaba: "Cynthia Pok fue desplazada del Indec". Crónica TV volvía a tener la primicia. Se había enterado de la novedad incluso antes que la hasta ese mediodía del 6 de julio de 2007 directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Pok estaba almorzando y sólo atrapó la noticia de su repentina remoción cuando, minutos más tarde, una compañera la llamó a su celular para avisarle. No era del todo una sorpresa para la encargada de calcular los datos oficiales de pobreza, indigencia, empleo y distribución del ingreso en el organismo estadístico. Dos días antes había firmado dos memos -uno personal- y otro en el que manifestaba el respaldo de la mayoría de los técnicos de la EPH. A grandes rasgos, las notas internas advertían que no estaban dadas las condiciones para elaborar los datos de la pobreza del primer semestre de ese año (2007). Las amenazas sobre su permanencia en el cargo habían comenzado a circular después de que Pok avisara el miércoles 4 de julio que no haría el cálculo de la EPH. Al día siguiente, y después de dos años de trabajo, la académica tenía previsto participar como la principal oradora de una presentación sobre precariedad laboral que su área en el Indec debía hacer en el Ministerio de Trabajo. Desde esa cartera, le avisaron telefónicamente que el director del organismo estadístico, en ese entonces Alejandro Barrios, había pedido que no la dejaran ingresar a la conferencia. Un día más tarde, el fatídico viernes, las señales fueron aclarándose más y más. Fue invitada y fugazmente desinvitada de una reunión de directores en el Indec. La publicación de su desplazamiento en el Boletín Oficial pasó del área de Difusión del organismo técnico a Crónica TV mediante un comunicado de prensa.

* La guerra cuyana. En la dirección estadística de Mendoza siempre recibían una previa del comunicado oficial un día antes de la publicación, cerca de las 12. Pero en aquel septiembre de 2007, el email del Indec llegó a las 16.26. La directora de la DEIE, Patricia Giménez, vio el dato retocado por el organismo en Buenos Aires y se quejó. A las 18.30 recibió la planilla corregida. Todo estaba perfecto, pero la difusión oficial del IPC Nacional (hoy ya desaparecido porque se utilizaba para reflejar la manipulación del IPC-GBA) se hizo recién a las 22.52. A las 7 de la mañana del día siguiente, Giménez se desayunó que el Indec había publicado el primer dato, que ella consideraba erróneo. Se enteró por una radio. Se quería morir. Corrió a su computadora y leyó el email del Indec: "Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a efectos de enviarles el comunicado oficial del IPC nacional, primer etapa, correspondiente a agosto de 2007. El mismo está siendo remitido a los medios de comunicación en este momento. Dado que en un envío confidencial anterior se había deslizado un involuntario error de tipeo, les agradeceré no tomar en consideración dicho archivo a efectos de evitar confusiones. Les saluda, muy atentamente, lic. Ana María Edwin", decía el texto que le devolvía la pantalla. El Indec le avisaba que había difundido un dato diferente al que había calculado. "No vamos a tocar nuestros números", le dijo la entonces ministra de Economía provincial y hoy senadora, Laura Montero cuando se enteró. Julio Cobos, entonces gobernador, ayudó a Giménez a redactar la carta de queja al Indec por la publicación de un índice de variación de precios que Mendoza calculaba para agosto en 3,1% y Buenos Aires dibujó en 1,5%. En los pasillos del organismo en Buenos Aires le echaban la culpa del "error de tipeo" a Alejandra Hernández, una economista desconocida a quien se vinculaba con José Pablo Moreno, el hijo del secretario de Comercio Interior. Un mes y medio después del hecho, los técnicos mendocinos dejaron de ver los números que se cargaban en Buenos Aires en el sistema informático compartido. Patricia Giménez fue reemplazada tras la llegada de Celso Jaque al poder cuyano. Jaque anunció además que a partir de ese momento tomaría como válidas las cifras del organismo estadístico nacional. Giménez volvió a la docencia. Tuvo problemas para cobrar sus primeros sueldos en la universidad. Es más, su marido se animó a pedir un préstamo para instalar un complejo de cabañas para extranjeros. Pero todo quedó trabado en la Secretaría de Turismo de la provincia. Un amigo con acceso directo a los despachos del poder les explicó descarnadamente porqué: "Mirá, esto no va a salir porque atrás está Patricia Giménez".

* Las advertencias de Lousteau. El ministro de Economía de los primeros meses de la gestión de Cristina Kirchner plasmó en sendos memos que hizo llegar a la Presidenta sus denuncias sobre lo que ocurría en el Indec. "Incec: Una vergüenza. Cada vez perdemos más credibilidad. Lo de enero [de 2007] fue metodológicamente un escándalo. Guillermo Moreno ya sabía, antes del 10 de enero, cuánto le iba a dar la inflación y nos costó una suba importante del costo de fondeo. Así no vamos a poder emitir deuda en pesos y vamos a tener que volver a dolarizar. Además, estamos usando métodos patoteriles adentro. Hernán Brahim les dice a los empleados: «A mí me exoneraron de la policía por matar a un chorro, y vos sos un ladrón» y «Che, qué lindo es el colegio al que mandás a tus hijos». Moreno quiere designar con cargo a varios de los que ingresó, pero el Ministerio de Economía no los está aceptando. Adicionalmente, y contrariamente a cualquier objetivo, se está empezando a correr el riesgo de una indexación de la economía con el agravante de que se hace sobre bases desconocidas y poco rigurosas", afirmaba el ministro en uno de esos documentos. El Gobierno nunca acusó recibo.

Las consecuencias de la intervención kirchnerista

* Más inflación y licuación salarial: La intervención en el Indec había surgido como una opción para frenar la creciente inflación a fines de 2005. Cuando "la patota" de Guillermo Moreno cercó el instituto, a comienzos de 2007, no pensó que ese descalabro, que explotaba en los medios, generaría el efecto exactamente contrario al buscado. En lugar de frenarlas, las expectativas inflacionarias se aceleraron. Dejó de existir un indicador oficial de referencia y se multiplicaron los independientes, tanto privados como provinciales. Esto alentó la remarcación de precios y las negociaciones salariales siempre mirando el índice más alto, "el del supermercado", siguiendo a Hugo Moyano. El Gobierno avaló la licuación de los salarios de los trabajadores no sindicalizados con sueldos fijos y de las jubilaciones. O sea, de la mayoría de la población. Es que los empresarios no acorralados por las protestas gremiales dieron aumentos de acuerdo a la suba oficial de precios, mientras la tasa de inflación real se disparaba. El Gobierno, por su parte, seguía llenando su caja gracias a la fuerte recaudación a través del IVA.

* Default parcial y pago de cupones: A pesar de que el Gobierno solucionó casi totalmente la situación con los acreedores externos (excepto el Club de París), no puede volver a emitir deuda en los mercados. Lo cierto es que la manipulación de los datos de inflación generó un default parcial, por los bonos atados al CER, que hoy margina al país de los mercados voluntarios. Según datos de la consultora LCG, a fines de 2009, el ahorro efectivo del Gobierno tras la intervención en el Indec se podría estimar en US$ 2784 millones. No obstante, a la vez, se pagaron US$ 263 millones de más por los cupones atados al PBI y la sobreestimación de la expansión que generó el retoque de la inflación, lo que podría considerarse como una estafa al Estado.

* Estado sin termómetro: La falta de estadísticas oficiales confiables es una forma de atar las manos del Estado. Sin mediciones serias de inflación, pobreza, desempleo y distribución del ingreso, entre muchas otras sobre las que cayó la sombra de la manipulación, es imposible diagramar y ejecutar políticas de Estado. Sin diagnósticos rigurosos no hay posibilidades de operar sobre la realidad y menos aun de transformarla. Además, entre los políticos argentinos existe un consenso tan inconfesable como contundente que plantea una consecuencia de largo plazo: ningún dirigente, sea del partido que sea, impulsará una revisión (y menos aun la corrección) de los datos que el Indec publica desde 2007. Hacerlo implicaría dar vía libre a un aluvión de juicios millonarios de bonistas, asalariados y jubilados contra el Estado para reclamar el dinero que no recibieron por la manipulación de las estadísticas.

* Un bache para siempre: Con intervención del Indec investigadores y académicos, sobre todo del ámbito de las ciencias sociales, perdieron un insumo básico de trabajo: las estadísticas. Los datos manipulados se volvieron inservibles. El daño ya hecho no tiene arreglo. Las series históricas de distintas mediciones registrarán para siempre un bache, un agujero negro, años para los que la realidad sólo habrá sido la registrada por un Indec poco creíble.

* Violencia y derechos humanos: Con la intervención en el Indec, el discurso de reivindicación de los derechos humanos del que el Gobierno hace bandera fue vaciado de significado. El avance oficial sobre el organismo estadístico supuso un continuo y violento acoso laboral a técnicos y trabajadores que se opusieron a la manipulación estadística, en su mayoría nucleados en ATE-Indec, el gremio rebelde. Fueron quienes sufrieron represalias: desplazamientos, quita de tareas y rebajas salariales encubiertas. Más allá del golpe a los trabajadores, que como efecto colateral cercenó cualquier apoyo de la izquierda a la intervención kirchnerista, el encubrimiento y la negación de la pobreza se volvió la contracara más contundente del progresismo y la defensa de los derechos humanos que el Gobierno dice encarnar.