Son un total de cinco las empresas que se encuentran en la última fase dentro del proceso de contratación del servicio de limpieza integral en el municipio. Se trata de una externalización importante tanto por la cuantía, diez millones de euros, y por el periodo, una década. El listado de firmas que optan son Ascan, servicios urbanos; Cespa, compañía española de servicios públicos auxiliares; Eulen; FCC Medio Ambiente; y Urbaser.

El Ayuntamiento ya ha procedido a la apertura de los sobres con la oferta económica y se ha encontrado con sustanciosos ahorros. Las propuestas rondan los ocho millones de euros -entre 8,7 y 8,5-. Salvo dos de las propuestas; la de Urbaser baja hasta los 7,5 y la de FCC, a los 6,1. De hecho, la mesa de contratación señala que esta última «es considerada anormalmente baja».

Por ello, se abre un proceso para «justificar plenamente (en su integridad) la viabilidad de la oferta presentada, precisando con claridad las condiciones de esta, desglosando razonada y detalladamente el motivo o motivos que fundamentan el bajo nivel de precios o costes propuestos y haciendo referencia a que la misma es adecuada desde los puntos de vista técnico, jurídico y económico».

Desde el Ayuntamiento, justificaban la externalización por la merma de la plantilla municipal debido, sobre todo a las jubilaciones, y ante la incapacidad de reposición de los empleos. La entrada de una empresa para cubrir estas labores permitirá reorganizar con empleados propios del Consistorio abarcar la limpieza del resto del municipio. «Estamos empeñados en ofrecer el mejor servicio posible a la ciudadanía y por eso recurrimos a esta fórmula», explicaba el vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez,

Pero a pesar de recurrir a una mercantil, el equipo de gobierno se empeña en garantizar que la plantilla pueda gozar «de las mejores condiciones laborales»; de este modo, se incluye en las prescripciones técnicas la obligatoriedad de incorporar en la memoria técnica de su oferta «un plan social del contrato, en el que se recogerán las medidas dirigidas a la mejora de las condiciones de trabajo de sus empleados, al fomento de la conciliación de la vida familiar y laboral o a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres».

También se determina que, a efectos de sustitución del personal por causas de absentismo laboral, vacaciones u otras circunstancias que se puedan dar a lo largo del contrato, se «deberá proceder a la contratación de trabajadores entre colectivos de difícil inserción laboral, debiendo justificar motivadamente su dificultad, en caso de no hacerlo». Otro aspecto es que la empresa estará obligada a tener en cuenta la perspectiva de género.