El 3 de febrero de 2020, El Destape reveló que el macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, el testigo clave para lograr la condena contra Amado Boudou en el caso Ciccone. Se inició una causa donde la fiscala Paloma Ochoa encontró pagos por más de 4,5 millones de pesos del gobierno de Mauricio Macri a Vandenbroele, todo por fuera de lo que prevé la ley de Protección de Testigos bajo la cuál quisieron amparar esos desembolsos. Pero Comodoro Py decidió que el caso no tenía que investigarse: primero el juez Julián Ercolini (que instruyó la causa Vialidad contra CFK y viajó a Lago Escondido invitado por Clarín) sobreseyó al ex ministro de Justicia Germán Garavano y al propio Vandenbroele sin siquiera citarlos a indagatoria. Ahora esa decisión la confirmaron Mariano Llorens, que se reunía con Macri en Olivos y jugaba el fútbol en Los Abrojos, y Leopoldo Bruglia, puesto a dedo por Macri.

Boudou fue condenado por el caso Ciccone a 5 años y 10 meses de prisión, condena en la que los propios jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iníguez aseguraron que las palabras de Vandenbroele fueron las que lograron amalgamar todos los elementos que tenían dispersos y colocar al ex vicepresidente en el centro de una supuesta escena criminal. Todo fue tan burdo que la Corte Suprema confirmó la condena sin justificar su decisión, aplicó el artículo 280 y cerró el caso en un párrafo.

Este es un caso clave, ya que muestra como el gobierno de Macri utilizó fondos públicos para direccionar el testimonio de Vandenbroele y lograr así la condena contra Boudou. Los documentos que publicó El Destape revelan, por ejemplo, que tras el testimonio de Vandenbroele le pagaron $1.500.000 para que armara el proyecto La Masía, un hotel boutique en Chacras de Coria, Mendoza. En la foja 515 del legajo de Vandenbroele consta el documento con fecha del 24 de agosto de 2018 donde se pide ese dinero y dejan constancia de las razones del pago: “Cabe destacar que el día 07 de Agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou”. Más claro no hay: el pago a Vandenbroele era por sus servicios para lograr la condena contra Boudou. Comodoro Py, sin embargo, no quiere investigar.

Que el armado de este negocio fue pagado con dinero que le dio el gobierno de Macri consta en el legajo de Vandenbroele como testigo protegido, al que accedió El Destape. El programa de Protección de Testigos, que funcionaba bajo la órbita del ministro de Justicia Garavano, fue utilizado para presionar, direccionar y, como se revela en este caso, premiar a arrepentidos que cumplieran su tarea: apuntar a ex funcionarios K. En este caso, al ex vicepresidente Boudou. El programa era administrado por Francisco Lagos, que también gozó de la confirmación de su sobreseimiento.

El caso primero estuvo en  manos del juez Marceo Martínez de Giorgi, que subrogaba el juzgado número 11 tras el fallecimiento de Claudio Bonadio. El juez Martínez de Giorgi delegó la investigación en la fiscala Paloma Ochoa, que encontró pagos a Vandenbroele por más de 4,5 millones de pesos, un sinnúmero de irregularidades y pidió las indagatorias de Garavano, Lagos y el propio Vandenbroele.

Entre muchas irregularidades, la fiscala Ochoa destacó que:

Mantuvieron a Vandenbroele 2 años y 3 meses en el Programa de Protección de Testigos cuando la ley permitía 6 meses

Le dieron grandes sumas de dinero, incluidos los fondos para el hotel boutique, luego de que se cumplieran los 6 meses que prevé la ley.

Invirtieron en Vandenbroele $4.478.559, suma récord entre los testigos protegidos.

No lo excluyeron del programa pese a reiterados incumplimientos como una reunión secreta y manejar ebrio con su hija.

Para Ochoa los ex funcionarios Garavano y Lagos “destinaron importantes sumas de dinero -por cuya debida aplicación debían velar en razón de su cargo- a una excesiva e injustificada asistencia económica brindada en favor de Alejandro Paul Vandenbroele que redundó en un claro desmedro patrimonial de las arcas del Estado”. La fiscala tuvo por acreditado que “bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado  (Vandenbroele) asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa” y “destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación”.

La fiscala Ochoa comparó también lo que se gastó en Vandenbroele con otros testigos protegidos. Al testigo clave contra Boudou le dieron un total de $4.478.559. De los 124 legajos similares, solo 14 registraron gastos por más de $500.000, sólo 8 por más de $1.000.000, sólo 4 por más de $1.500.000, sólo 3 por más de $2.000.000 y uno por más de $3.000.000. El único que superó los 4 millones fue Vandenbroele.

Buena parte de ese dinero fue autorizado directamente por el entonces ministro de Justicia Garavano. Por ejemplo, el 4 de mayo de 2018 firmó una resolución donde destinó $680.000 para la relocalización provisoria de Vandenbroele en Mendoza. Otra buena parte la autorizaba Lagos, el ex director del Programa de Protección de Testigos. Por ejemplo, $1.813.866 también para la “relocalización y supervivencia diaria de Vandenbroele”. “Todo ello -agregó Ochoa- sin contar los gastos derivados de las custodias, traslados, ‘compensaciones’ y demás medidas de seguridad".

Es evidente que Vandenbroele tuvo un trato preferencial. La razón es también evidente: condenar a Boudou.

Pese a toda esta evidencia la causa se empantanó. Martínez de Giorgi fue reemplazado por el juez Ercolini, que frenó todo, se negó a llamarlos a indagatoria, le quitó el caso a la fiscala Ochoa y realizó todo tipo de maniobras dilatorias, tal como informó El Destape.

Mientras Ercolini cajoneaba el caso los los mismos Llorens y Bruglia apartaron a Boudou para que no pueda ser querellante en esta causa que, es obvio, lo involucra directamente. Boudou pidió ser querellante en esta causa apenas comenzó, luego de que El Destape revelara que el macrismo le puso un hotel boutique a Vandenbroele. El juez Martínez de Giorgi aceptó que el ex vicepresidente fuera querellante, pero luego los acusados insistieron en quitarle a Boudou esa condición que le permitía acceder al expediente e impulsarlo.

La excusa para apartar a a Boudou como querellante fue que la investigación dejó de indagar acerca de si los pagos a Vandenbroele fueron para perjudicar a Boudou sino que se centró en si se le otorgó dinero de más y en un espacio temporal que excediera lo que marca la ley. ¿Cuál sería la razón de darle tantos privilegios a Vandenbroele si no fuera que su testimonio era fundamental para lograr una condena contra Boudou? Esto no es materia opinable, lo dejaron por escrito los propios jueces que lo condenaron: dijeron que el testimonio de Vandenbroele fue clave. Entre ellos estaba Pablo Bertuzzi, que así como Vandenbroele recibió 4,5 millones a él le dieron un cargo en la Cámara Federal de Comodoro Py. Aún lo conserva, así como Vandenbroele conserva su hotel. Tuvo al menos el decoro de no intervenir en este expediente.

Apartar a Boudou de su rol como querellante fue una jugada clave para lo que sigue, ya que la causa no tiene querellantes. Ahora dependerá de la fiscalía ante la Cámara Federal de Comodoro Py, que está vacante y la ocupa mientras tantó José Agüero Iturbe. Si no apela se cierra definitivamente el caso.

Para cerrar el caso ahora Llorens y Bruglia dicen que no hay que tomar el plazo de ayuda monetaria a los Testigos Protegidos que marca la ley como algo de “aplicación fría y automática” y que los incumplimientos de Vandenbroele como manejar borracho o escaparse a una reunión secreta en Pilar no fueron tan graves como para quitarle los beneficios del programa.

Respecto a que le pusieron un hotel boutique y le destinaron 4,5 millones de pesos, mucho más que al resto de las personas que ingresan al Programa de Protección de Testigos, los camaristas M dijeron: “El tenor gastos incurridos y el destino que estos tuvieron quedan amparados bajo el espíritu de la norma en tanto hayan servido al fin último de brindar protección y ayuda económica a quien lo necesitara, luego de la ineludible alteración que sufre la vida de quien colabora con la justicia en el descubrimiento de hechos delicitivos de gravedad”. El espíritu, es evidente, fue premiar al testigo clave contra Boudou.

“La investigación efectuada se advierte completa y los motivos que sustentaron la decisión liberatoria adoptada se exhibe fundada (…)  la investigación está agotada y ella ha sabido proyectar las razones que evidencian el correcto desempeño de los funcionarios y, por extensión, del beneficiario del Programa”, afirman los camaristas Llorens y Bruglia. Tan pobre fue la investigación que ni siquiera fueron llamados a indagatoria Garavano, Lagos ni Vandenbroele. Ni a idagatoria, que es la primera instancia de defensa.

La causa

La estrategia de la persecución judicial en el caso Ciccone tuvo dos ejes, el ataque a Boudou y la protección de los personajes a los que conducía la pista del dinero: los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. Para lograr esto, el juez Lijo dividió el expediente. La parte que podía involucrar a Boudou la elevó rápidamente a juicio, resuelto por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iníguez; la que salpicaba a Moneta y Brito la guardó en un cajón. Moneta falleció impune y a Brito el juez le dictó una falta te mérito.

Vandenbroele acordó con el juez Lijo su colaboración como arrepentido en la segunda. La primera, la que apuntaba a Boudou, ya estaba en instancia de juicio donde la propia ley del Arrepentido impide que se sumara como tal. Pero le encontraron la vuelta: lo hicieron declarar en el juicio el 10 de abril de 2018, cuando ya llevaba varios meses bajo el ala del programa de Protección de Testigos. Por ese motivo su abogado pidió que declarara primero y que Boudou saliera de la sala. Vandenbroele no declaró ahí como arrepentido pero se sobreentiende. Y, de hecho, los propios jueces dijeron que su testimonio sería  “valorado para atenuar las penas que corresponderá aplicársele por los hechos que los acusadores les han atribuido”.

En otro pasaje de la sentencia los jueces también explican que “todo lo que tiene que ver con los probables inversores que supuestamente inyectaron fondos para el emprendimiento criminal, no forma parte del objeto procesal traído a juicio”. La declaración de Vandenbroele fue criticada por los abogados de buena parte de lo imputados en la causa, pero los reclamos fueron descartados por los jueces.

A la situación de Vandenbroele hay que acoplar el rol del juez Bertuzzi, que mientras juzgaba a Boudou negociaba su pase a la Cámara Federal de Comodoro Py, dispuesto por Macri pocos días antes de que firmaran la sentencia contra el ex presidente. Bertuzzi sigue en ese lugar hasta hoy.

En la sentencia contra Boudou queda claro que los jueces le dieron “carácter confesorio” a la declaración de Vandenbroele. En la sentencia consta: “como a nadie escapa, casi 8 años después, Alejandro Paul Vandenbroele, al prestar declaración en el debate quebró el pacto de silencio, confesó su participación en los hechos y brindó un relato pormenorizado sobre algunos sucesos relevantes de la causa, en los que tomó parte o pudo conocer de diversas maneras”. Los jueces también dicen que la de Vandenbroele fue una “clara y sincera confesión”, que respecto a las denuncias contra Boudou y los demás imputados, “al momento de prestar declaración, Vandenbroele vertió un genuino relato confesorio” que “ha contribuido a acreditarlos en parte y a sustentar las imputaciones que, la Fiscalía y las querellas”.

Incluso la jueza López Iñiguez, cuyo voto tuvo diferencias con los de los jueces Costabel y Bertuzzi, describe “la confesión de Alejandro Vandenbroele (como) hilo conductor ineludible, en muchos aspectos, de los hechos aquí probados” y le da a “esta confesión un peso significativo y un rol central en la explicación de los hechos” y afirma que “la prueba (sobretodo la documental) se ordena armónicamente alrededor de su versión”.

Boudou terminó condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Vandenbroele la sacó barata: 2 años de prisión en suspenso y obligación de hacer tareas comunitarias. Y se quedó con el hotel boutique.