Perico (C).- A pocas cuadras de la plaza San Martín de esta ciudad conviven dos sentimientos encontrados: la ilusión de muchas familias que ocuparon tierras de finca El Pongo en los últimos meses y aguardan un certificado de tenencia precaria para construir su tan ansiada vivienda y la desazón de otras tantas que se ven invadidas y perjudicadas en sus derechos, algunas con arriendos en firme y otras por la poca higiene del lugar ante la falta de servicios básicos, pero coinciden en la creciente inseguridad y la desvalorización inmobiliaria de una zona considerada residencial.

El límite territorial de convivencia es avenida Malvinas Argentinas, la que por un lado presenta a los vecinos frentistas de barrio Obrero que se manifiestan “más que molestos” y dicen que la situación “se fue de las manos de las autoridades el intendente Ficoseco se hace el distraído y no da solución” y respecto a los administradores de El Pongo, dependientes del Estado provincial, “se declaran incompetentes y también miran para otro lado”.

SILENCIO OFICIAL Y

CASAS SIN SORTEAR

Después de que el Estado lanzara el programa “Una vivienda ...”, más de 6 mil familias presentaron la documentación ante la Unidad de Gestión correspondiente, pero sólo habría pasado el cruce de datos alrededor del 40% del total. Se sabe que el Municipio local entregó en estos meses poco más de mil tarjetas verdes de tenencia de terrenos y que se habría denunciado ante la Policía la indiscriminada entrega de las mismas tarjetas en algunas sedes políticas oficialistas.

Otro dato que preocupa es que Perico es una de las pocas ciudades en las que no se realizó los sorteos de viviendas como había prometido públicamente el IVUJ luego de que estallara el conflicto de toma compulsiva. La inacción del organismo de Provincia, abonó el terreno para que los okupas de las casas y algunos pícaros intermediarios se quedaran en las unidades habitacionales ubicadas en la zona conocida como “Nuevo Perico”.

Ante este panorama sólo se escucha palabras de reconocimiento del problema y la convivencia entre nuevos y viejos vecinos es tensa, a lo que se suma la sensación de vulnerabilidad de derechos sobre la propiedad privada y el incumplimiento del legado de Plinio Zabala.

“ME DESTRUYERON

ELJARDIN BOTÁNICO”

Guillermina Díaz de Outom es arrendataria de finca El Pongo y vive desde hace meses una situación de “tremenda desilusión” ante la falta de respuesta oficial a su pedido de hacer respetar el contrato de arriendo, vulnerado por los okupas que destruyeron parte de su proyecto de Jardín Botánico en terrenos colindantes con la avenida Malvinas Argentinas de esta ciudad.

Diaz de Outom es docente jubilada y hace siete años pensó en crear un Jardín Botánico Educativo con el objetivo de preservar especies autóctonas y que sirva como espacio para la concientización ambiental de mucho niños y jóvenesproyecto que financió con sus ahorros y al cual se abocó a desarrollar, pero la iniciativa, hoy, quedó en la nada.

“Hablé con el Intendente, con los administradores de la finca y realicé cuatro denuncias policiales, pero nadie me da una solución”, dijo. A principios de diciembre le dirigió una carta al administrador legal de El Pongo, doctor Lucio Valdéz, solicitándole que “intervenga sin más dilación ni explicaciones nada convincentes, para parar con las construcciones de material, hierro, cemento y ladrillos que están realizando los habitantes ilegales del predio que arriendo y pago puntualmente en esa Administración”.

Agregó que “las personas instaladas están levantando verdaderos edificios sin permisos municipales, planos de obra o certificado que avale la posesión de dichos terrenos, en flagrante rebeldía ante los organismos que, se supone, tienen autoridad en la materia”.