El fenómeno no sorprende. A comienzo de año, cuando la gestión de Axel Kicillof se enfrentó a los médicos de la capital bonaerense, este medio confirmó que la mayoría de los ministros provinciales también habían optado por una obra social privada, principalmente OSDE. Toda la familia del gobernador, incluso, resultó afiliada a esa empresa de salud. 

En este punto, vale recordar que los miembros del ejecutivo provincial están obligados por ley a elegir IOMA, por lo que el descuento del aporte mensual se convierte en automático. Sin embargo, muchos de ellos, como resultó ser el caso del propio Kicillof, ni siquiera habían gastado tiempo en tramitar la credencial. Desnuda quedó la posición de él y sus ministros que, aunque defendían a capa y espada la obra social del estado, por otro lado la evitaban.

No obstante, a diferencia del resto de la administración pública provincial, los integrantes del legislativo tienen la posibilidad de elegir a su antojo la obra social. Este beneficio, reclamado por toda la órbita estatal, solo se repite en el ámbito de la Justicia.

Carlos Julio Moreno, Gabriel Fernando Godoy, Viviana Raquel Guzzo, Debora Silvina Indarte, José Ignacio Rossi, Julio César Pereyra, Luciana Padulo, María Laura Ramírez, Mariana Larroque, Matías Molle, Micaela Edith Olivetto, Nicolás Russo, Patricia Mabel Moyano, Florencia Saintout, Nora Rosana Salbitano, Facundo Tignanelli, Alberto Rubén Conocchiari, Soledad Antonia Alonso, Fabiana Beatriz Bertino, Sabrina Debora Galán, Rubén Eslaiman, Fernanda Díaz, Jorge D’Onofrio, Juan Miguel Gómez Parodi, Marcela Viviana Faroni, María Fernanda Bevilacqua, Pablo Garate y Patricia Cubría son los diputados que, según pudo confirmar REALPOLITIK, no están afiliados a la obra social del estado provincial.

En este punto, la defensa de la pamización del IOMA que realiza el gobierno de Kicillof resulta un verdadero absurdo. Mientras su presidente Homero Giles, formado bajo el modelo de las universidades cubanas, funde a las empresas prestadoras obligándolas a proveer servicios que luego no paga, realizó la compra y/o alquiler de varias clínicas y hospitales con la idea de centralizar la atención de los afiliados en algunos cuantos profesionales dependientes del IOMA: poco a poco, los usuarios de esta obra social ya no podrán contar con un médico de cabecera.

A pesar de las deudas con los prestadores y las muertes por falta de atención, recientemente el IOMA anunció la existencia de un superávit de alrededor de 8.000 millones de pesos. La paradoja es que, por estos días, los mismos diputados provinciales que evitan la obra social del estado buscan aprobar el artículo 66 de la ley de Presupuesto, que le permitirá a Axel Kicillof contabilizar como recurso propio el superávit del IOMA, desnaturalizando de esta manera la finalidad médico asistencial de los aportes realizados por los afiliados.