Ni son todos, ni son los más graves, pero los robos cometidos por ladrones que andan en moto representan el 37,4 por ciento del número real de delitos en la ciudad, según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana Córdoba, correspondientes a la segunda mitad de 2013.

Se pone número real de delitos porque el estudio permite proyectar con precisión la cifra negra que en Córdoba es del 62,9 por ciento del total y lleva a triplicar el número de delitos que surge de los registros policiales para ubicar la cifra en torno a los 304 mil casos. De esta manera, se puede inferir que en Córdoba son más de 113 mil los delitos con motochoros por año.

Por lejos, la modalidad delictiva más frecuente en Córdoba ciudad es el delito callejero: un 48 por ciento del total. Y casi todo el delito callejero se comete en moto: un 37,4 por ciento. ¿Quiénes son las víctimas? El 27,3 por ciento son peatones y otro 10,1 por ciento van en auto.

Las comparaciones realizadas por el Observatorio, que hizo mediciones cada seis meses, durante 2012 y 2013 –hasta la salida de su coordinadora y exministra, Alejandra Monteoliva– permite ver que no sólo es el delito más frecuente sino el que más ha crecido: mientras que las víctimas de arrebatos de motociclistas concentraban el 19 por ciento de los delitos a inicios de 2013 cuando terminaba el año ya eran el mencionado 27,3 por ciento. El segundo grupo de víctimas más frecuentes de los “motochoros” es el de los conductores de autos, quienes a inicios de 2013 representaban apenas 1,1 por ciento del total, pero a fines de ese mismo año se decuplicaron, hasta llegar a 10,1 por ciento del total, siendo, por lejos, la modalidad delictiva de mayor explosión.

El índice de revictimización (personas que sufren delitos más de una vez en un semestre) en Córdoba es de 4,7 por ciento, con la característica de que la víctima de arrebatos de motochoros mujer, peatona, de clase media alta concentra en mayor medida esta repetición y encabeza el listado de los llamados “blancos atractivos”.

La encuesta de victimización que realiza el Observatorio –bajo la coordinación de Monteoliva, ya de regreso a la consultoría– toma como muestra 1.300 casos en la ciudad y permite geolocalizar zonas de mayor y de menor incidencia de cada delito. Los arrebatos de motochoros se concentran en dos distritos policiales: el 1, correspondiente al Centro, con un 46,2 por ciento del total de delitos en ese sector; y el 8, con eje en barrio San Martín, con 36,4 por ciento. En este mismo distrito, fundamentalmente sobre las avenidas Castro Barros y Monseñor Pablo Cabrera, se concentran los delitos de motochoros contra automovilistas, con 9,1 por ciento.

En suma: no es irrelevante la participación de motochoros en el número real de delitos que se cometen en Córdoba. Es un hecho. La discusión, ahora, es qué hacer con este dato, si los controles policiales y la implementación de patentes en los cascos pueden ser medidas eficaces y qué consecuencias pueden tener para la población general en materia de derechos y libertades.

A favor de los Sticker

La exministra de Seguridad Alejandra Monteoliva defiende el control de motos y la implementación de los stickers en los cascos: “Es una medida de prevención muy promisoria si se utiliza adecuadamente porque reduce el anonimato. Eso incrementa los riesgos para delinquir al aumentar la percepción de riesgo en el delincuente/infractor. Está probado que el delincuente/infractor hace más por reducir el riesgo de ser capturado/identificado que por evitar el castigo si lo atrapan”, entiende.

La ley de los stickers se aprobó a instancias del exjefe de Policía y exministro, Alejo Paredes, a quien asesoraba Monteoliva. “Es una medida que ha funcionado en contextos de alta incidencia delictual de arrebato en moto en toda América latina si el control es fuerte y si se suman otras identificaciones, como el chaleco. Hay suficiente evidencia y conocimiento científico que prueba que hay correlación directa entre motocicletas-identificación de cascos-seguridad”, enfatizó. Para ella, “el secreto del éxito” de la medida pasa por “la continuidad y sostenibilidad y la calidad de la implementación”.

Y no cree que sea para nada un tema menor de seguridad enfrentar a los motochoros. “Los delitos que en Córdoba se cometen en moto presentan dos situaciones muy críticas: son los de mayor prevalencia, significan el 37,4 por ciento de 304.000 delitos, y estos delitos –que para algunos son considerados delitos menores y de baja cuantía– son de alto impacto en la ciudadanía porque son los que generan tres emociones que pueden modificar nuestro comportamiento de manera inapropiada: el miedo, la indignación y el temor”, advierte.

Medida ineficaz

“Hacen todo esto como un impacto mediático y no lo piensan como una política. Es sólo acentuar la selección de quienes son las personas consideradas delincuentes. Veamos que el modelo cierra en el sentido que encerramos a todo aquel que no le podemos dar trabajo, la mayoría varones, que no tienen empleo fijo, no insertos en este modelo. Cada vez hay más presupuesto para seguridad pero no nos sentimos más seguros. Eso muestra falencias de este sistema. La ciudadanía ataca a determinado tipo de delincuente y no se hace cargo de las otras delincuencias”, criticó Inés León Barreto, abogada de la cátedra de Criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinadora del área de Seguridad de Red Ciudadana, en diálogo con Radio Universidad.

Para la especialista, estas iniciativas son insuficientes y no atacan la raíz del problema. “El problema es cómo entendemos la seguridad. Es algo que está explotando hace mucho, pero el Gobierno provincial no hace mucho en cuanto a prevención. Eso sería ocuparse de educación o salud. Todo nuestro presupuesto provincial va casi exclusivamente a seguridad. Cada día tenemos más policías, más armamentos, pero no vemos que eso reduzca el delito. Esa es una fórmula agotada hace bastante tiempo”, reflexionó.

Entretanto, Paulo Graglia, presidente de la Cámara de la Motocicleta, reiteró sus críticas. “Le hemos dicho al nuevo jefe que si el problema es que no ven el número de patente, lo ponemos más grande. Pedimos que se modifiquen las patentes. Pero, ¿el delincuente va a poner un sticker? Si el delincuente falsifica una tarjeta verde, ¿qué problema tiene en poner un sticker a un casco?”, se preguntó..