En diciembre dijimos que era necesario esperar más de cien días para ver algunos resultados y que no se podía exigir la remediación de un país y una provincia que durante 12 años estuvo bajo la virtual aniquilación de sus riquezas, potencialidades y hasta de su estructura y administración. Pero aún cuando los resultados no fueran visibles, era necesario al final de ese periodo de gracia, al menos poder ver señales claras de que los nuevos gobernantes, tienen la decisión de cumplir lo que dijeron e ir a fondo contra la corrupción, culpable de haberles dejar una provincia y los municipios incendiados. Ahora bien, los 100 días Llegaron y el panorama sigue siendo el mismo.

La gobernadora dijo que encontró una “provincia quebrada”; lo menos que uno esperaba, es que en cien días tuviera los mínimos elementos como para hacer las denuncias penales en contra del ex gobernador Daniel Peralta y sus funcionarios. Pero nada de eso ocurrió. Alicia Kirchner sigue sosteniendo que Santa Cruz no tiene fondos, dice que fue por malas administraciones anteriores, pero no se acercó a ningún juzgado ni el Fiscal de Estado potenció investigación alguna y menos aún, denuncias penales sobre el o los responsables.

Obviamente que en este caso se entiende que Alicia no reniegue de nadie del pasado, pues ella ha construido su gabinete con los saldos y retazos que fueron parte del mismo gobierno anterior, del que ella dice diferenciarse. Personajes como Roberto Borsellí en el CPE, Pablo González (Vicegobernador), Fernando Cotillo (Distrigas), Teodoro Camino (Subsecretaría de Trabajo), Francisco Anglesio (Vialidad), Pablo Grasso (IDUV), entre otros, han sido parte, algunos con intermitencia, de los procesos que han llevado a Santa Cruz a estar “quebrada”. La gobernadora, nunca plantó una denuncia contra quienes fueron los artífices de ese vaciamiento que denunció en sus discursos. Concluyendo: Alicia Kirchner hizo de todo un gran bleff público y popular, pero en la práctica, no tuvo ningún efecto.

Intendentes de recambio como los radicales Roberto Giubetich (UCR – Río Gallegos), Facundo Prades (UCR- Caleta Olivia), José María Carambia (UCR- Las Heras), Omar Fernández (Socialismo – Pico Truncado) y Antonio Tomasso (UPVM – San Julián), llegaron a sus puestos con la bandera de la transparencia y promesas de investigación de los hechos precedentes y una gran parte de los electores de todos ellos, los eligieron, precisamente, para cambiar el paradigma y sacar al hasta entonces oficialismo de los cargos donde corrompieron las instituciones, destruyeron los municipios, vendieron tierras ilegalmente, contrataron por fuera de la ley, los superpoblaron en muchos casos, malversaron fondos y cometieron innumerables delitos.

Todos los intendentes electos llegaron con el compromiso de investigar y denunciar. En algunos casos los municipios poseen lapidarios informes del Tribunal de Cuentas por delitos graves en los que han incurrido anteriores intendentes. En algunos casos como el de Roberto Giubetich, en Río Gallegos, ha dicho en los medios que no le dejaron ni un peso, que no tiene flota de camiones, que han vaciado a la comuna, que encontraron fraude con las recaudaciones, eyc, pero nunca llevó una denuncia a un juzgado de la provincia.

Este modelo de gritar al aire y no hacer nada efectivo por denunciar penalmente a sus antecesores, es común a los otros intendentes. En el caso de Facundo Prades en Caleta Olivia, existiendo contra los ex funcionarios municipales José Córdoba y Fernando Cotillo, un rosario de delitos de todo tipo y gravedad, que van desde la venta ilegal de tierras, hasta el manejo discrecional de subsidios, fondos provenientes de nación que nadie sabe dónde están, negociados y contrataciones millonarias, desaparición de unidades y entrega de tierras a precio de liquidación, el intendente formalizó una denuncia por la pérdida de una caja conteniendo documentación (balances) que, nadie dice que no sea importante, pero tiene a su alcance desde el 10 de diciembre, todas las pruebas necesarias y suficientes para sepultar penalmente a los intendentes más corruptos (junto a Raúl Cantín, Aburto, Villafañe y Grasso) que se tenga memoria y solo han corrido a la justicia por la “pérdida” de una caja con documentación de ejercicios anteriores, de la cual, sin desmerecer su importancia, creemos que en orden de mérito está muy por debajo de la corrupción estructural que formalizaron Córdoba y Cotillo.

En general, digamos que los 100 días han servido para “cambiar de aire” pero no se ha visualizado aún el verdadero cambio, donde los culpables del gran estropicio provincial estén siendo llevados ante los estrados judiciales. A 100 días no hay señales de que alguien esté promoviendo denuncias penales en contra de todos y cada uno de los que se dicen responsables primarios de la gravísima situación por la que atraviesan los municipios de la provincia y el propio gobierno de Santa Cruz. El gran problema es que cada uno de los nuevos funcionarios políticos elegidos por el pueblo que confió en ellos por un cambio, peligran terminar siendo cómplices de lo que tanto criticaron en campaña.