La Cámara Federal revocó el procesamiento del empresario Jorge Brito y confirmó los del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y de la ex titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura, en el marco de la causa que investiga la ruta del dinero del caso Ciccone, por la cual fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou.

Además se ordenó citar a indagatoria a las hijas de Nicolas Ciccone, el dueño de la quebrada fábrica de billetes que fue condenado junto a Boudou, su amigo José Maria Nuñez Carmona y el arrepentido Alejandro Vandenbroele, entre otros. También se ordenó que el juez Lijo revise “aquellas participaciones adicionales que habrían involucrado a Echegaray (además de la que condujo a su procesamiento por abuso de autoridad) y que son el eje de la apelación de la querella”.

Hace un año, el juez Ariel Lijo había procesado a Echegaray, Daura y el banquero Jorge Brito, entre otros, en donde sostuvo que el dinero para comprar la quebrada imprenta provino de las arcas de los banqueros Raúl Moneta y del ex presidente del Banco Macro. Moneta, en grave estado de salud, nunca llegó a comparecer.

Esa pista surgió después de que Alejandro Vandenbroele, el monotributista que aparecía representando a The Old Fund, declarara como “arrepentido” ante el fiscal Jorge Di Lello y el juez Ariel Lijo.

Pero ahora, al revisar las apelaciones, la Cámara Federal revocó el procesamiento de Brito, Máximo Eduardo Lanusse, Francisco Martín Sguera, señalados como partícipes secundarios del delito de negociaciones incompatibles. También se firmó el sobreseimiento de Pablo Amato. El fallo fue votado por los jueces Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, que firmaron la falta de mérito. En la resolución también intervino el juez de la Sala II Martín Irurzun, por unas disidencias puntuales entre los dos primeros que obligaban a una tercera mirada.

“La cuestión vinculada a la inyección monetaria si bien fue descartada por el a quo fue planteado como agravio por la querella, como ya fuera señalado, aludiendo a la presunta relación existente entre la Cooperativa Marítima del Sur y el Banco Macro. En ese sentido, la oportuna valoración que hiciera el juez de grado respecto del peritaje contable permite descartar esta hipótesis, se pudo acreditar que los fondos provenían de Raúl Moneta pero no que Jorge Brito hubiera otorgado dinero ni para el levantamiento de la quiebra ni para financiar el giro posterior de Ciccone Calcográfica, ese análisis luce acertado por lo que el agravio de la querella no tendrá acogida favorable”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.

También se sostuvo que “no puede considerarse como un indicio con mérito suficiente el hecho de que tanto Máximo Lanusse como Francisco Sguera hayan trabajado en el Banco Macro y que esa sea la prueba sustancial para acreditar la conexión de aquéllos con éste, aun cuando la citada entidad financiera sea propiedad de Brito”.

“Desvirtuada la acusación en torno a la inyección monetaria, el aporte personal que habría efectuado Brito luce como una imputación residual cuya única valoración probatoria fue un vínculo laboral anterior el que, desde ya, no puede erigirse como un elemento autónomo con virtualidad suficiente como para sostener el procesamiento del nombrado”, se agregó.

Amado Boudou en el inicio del juicio (Matias Baglietto)

El escándalo de la causa Ciccone se destapó cuando en 2012 –en medio de una conflictiva separación- la mujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, habló por los medios diciendo que su marido era el testaferro de Boudou. Después de una activa intervención del fiscal Carlos Rívolo que terminó con el entonces vicepresidente denunciando al procurador de la Nación Esteban Righi, el expediente se concentró en el juzgado de Ariel Lijo.

En esa causa se comprobó que el ex vicepresidente logró que el organismo le diera un acuerdo excepcional para pagar su deuda. Eso ocurrió cuando The Old Fund compró el 70 por ciento de Ciccone. Con la nueva sociedad, Ciccone pasó a llamarse Compañía de Valores Sudamericana (CVS). Por esa venta, la familia Ciccone se quedó con el resto del porcentaje de la empresa y la promesa de hacer negocios con el Estado. La causa determinó que Núñez Carmona mantuvo las relaciones con Vandenbroele y Guido Forcieri (funcionario de Economía) con Rafael Resnick Brenner (funcionario de la AFIP) para lograr el plan de pagos. Por su parte, Nicolás Ciccone fue parte de la maniobra al aceptar la venta de la empresa como una coima.

En agosto pasado, el Tribunal Oral los condenó a todos. Boudou y Núñez Carmona quedaron presos inmediatamente al escuchar la condena. Vandenbroele recibió la pena más baja precisamente por su aporte como arrepentido.