El Ciadi aceptó tener jurisdicción en la demanda que tratará el juicio que una aseguradora norteamericana le inició hace meses al Gobierno nacional por la estatización del sistema previsional y ayer terminó de constituirse el tribunal que tratará el caso. Según el reglamento del organismo de arbitraje entre inversores y Estados en los próximos 60 días podría tener lugar la primera audiencia sobre este reclamo.

Es la primera compañía que acude al Ciadi por la reforma en el sistema previsional de 2008

Según información oficial difundida por el tribunal del Banco Mundial, ayer quedó determinada la conformación del jurado al oficializarse que el mediador nombrado por el Estado argentino será el abogado neocelandés Campbell McLachlan, mientras que la compañía demandante, la norteameriana MetLife, nombró al alemán Klaus Reichert. De acuerdo al reglamento del Ciadi, el organismo árbitro ahora designará un representante propio para conducir el tribunal de tres partes y en los próximos 60 días debería tener lugar la primera audiencia sobre el caso. Metlife argumentará que el Estado argentino no respetó sus derechos como inversor (entendido en el marco del Tratado de promoción y protección de Inversiones firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1991) al ejecutar la nacionalización de las AFJP y la estatización del sistema de jubilaciones.

El arbitraje del Ciadi fue la última oportunidad que les quedó a las compañías que fueron AFJP para litigar contra el Estado por la nacionalización, ya que hace siete años (en 2010, dos años después de la estatización), las firmas perdieron el derecho de juicio por cuestiones de prescripción. Seis empresas, no obstante, habían acudido a tribunales años antes pero no hubo ningún pronunciamiento de la Justicia.

El trámite fue iniciado en junio ante esa jurisdicción por la aseguradora norteamericana MetLife. Consultada por BAE Negocios, desde la compañía afirmaron al momento de requerir el arbitraje del Ciadi que la demanda se inició "a fin de resguardar los derechos de sus accionistas" y que "habiéndose iniciado el referido proceso legal, presentaremos nuestros argumentos en dicha instancia y no haremos más comentarios sobre la materia", afirmaron. De todas formas, según voceros, la compañía no tiene planificado modificar o interrumpir sus actividades en el país: "Valoramos nuestra larga trayectoria en la Argentina, a sus trabajadores y a sus más de dos millones de clientes y seguiremos trabajando en el país", comentaron.

Esta demanda, de la que todavía no es posible calcular cuál podría ser el costo que tendría para el Estado, forma parte de las 13 que están pendientes en ese tribunal. Algunas de las empresas que demandaron al Estado nacional ante el organismo dependiente del Banco Mundial son AES Corporation, Camuzzi Internacional, Gas Natural, Suez y Mobil Exploration.

De acuerdo a información reciente publicada por el Ministerio de Finanzas ante inversores, al día de hoy existen seis sentencias finales del tribunal por un monto de 850 millones de dólares. Cinco de los casos que continúan pendientes en el Ciadi representan un valor de 1.600 millones de dólares.

Acuerdo de participación público-privada con España

Los gobiernos de Argentina y España firmaron ayer en Santander un acuerdo de colaboración en infraestructura, desarrollo urbano, vivienda y transporte bajo el modelo de participación público-privada.

El acuerdo establece la realización de mecanismo de cooperación en proyectos de desarrollo urbano que aporten innovación en la gestión de los servicios urbanos; planificación integral y sostenible del territorio; políticas de regeneración urbana y rehabilitación de viviendas. También contempla actividades de cooperación en rehabilitación, restauración y recuperación del patrimonio arquitectónico, y la difusión, fomento e investigación de la arquitectura; estructuración financiera de proyectos; planificación, desarrollo, proyecto, construcción, supervisión, puesta en servicio, mantenimiento y explotación de infraestructuras y otros campos de interés mutuo.

Por parte de Argentina estuvo presente el ministro del Interior Rogelio Frigerio mientras que por España firmó el titular de la cartera de Fomento, Iñigo de la Serna