El ministro de Gobierno de Chubut, Andrés Meiszner, confirmó que la provincia está avanzando en la preparación de un recurso de amparo contra el reciente aumento de tarifas de gas, siguiendo el anuncio previo realizado por el gobernador en Comodoro Rivadavia. Este recurso se suma a otros reclamos judiciales que la provincia tiene en marcha contra el gobierno nacional, incluyendo temas relacionados con el transporte y la deuda del Fondo Fiduciario por casi 145.000 millones de pesos.

A pesar de la cancelación anunciada por el gobierno nacional de la actualización tarifaria prevista para mayo, los usuarios ya han recibido facturas con aumentos aplicados en abril. Esto ha resultado en incrementos significativos en las facturas de servicios, como el caso de los cuarteles de Bomberos de Comodoro, que vieron un aumento del 800%, o el Centro de Jubilados de la Capital del Petróleo, con un incremento del 2500%, según la información recolectada por el medio ADNsur.

Meiszner reconoció que el modelo del recurso que están preparando guarda similitudes con el presentado recientemente por la provincia de Santa Cruz, el cual busca revertir los aumentos aplicados en abril y promover una actualización tarifaria de forma más gradual y razonable. Además, destacó que este no es el primer enfrentamiento legal entre Chubut y el gobierno nacional, recordando otros reclamos previos relacionados con subsidios de transporte y deudas.

En cuanto al tema del transporte, el ministro detalló que la provincia está enfrentando un nuevo desafío tras una reciente resolución de Nación que elimina los subsidios al interior del país, aunque los mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Ante esto, Chubut está finalizando la presentación de medidas legales en el juzgado federal de Rawson, pero el enfoque principal del gobierno provincial es absorber este recorte para mantener las tarifas lo más razonables posible.

Este ajuste en los subsidios de transporte implica un aumento del 60% en los aportes que la provincia debe realizar para sostener las tarifas, especialmente en el transporte interurbano, mientras que para el transporte urbano, que es concesionado por los municipios, la carga financiera recae principalmente en ellos, aunque con un respaldo estatal en menor medida.

Meiszner subrayó la importancia de realizar un análisis minucioso de los números para evitar un impacto excesivo en los usuarios finales, asegurando que la prioridad es mantener tarifas razonables para los pasajeros.