Una vez más y pese a las experiencias que en el pasado cercano mostraron la necesidad de contar con mecanismos de acción para evitar las crisis periódicas que provoca la oscilación internacional del precio del petróleo, la región del golfo San Jorge afronta un período de incertidumbre a partir de que la caída de la cotización aparece más acelerada de lo que se pensaba apenas un mes atrás. En efecto, aun en los pronósticos menos optimistas que se trazaban antes del cierre de 2014, se creía en una cotización internacional con un piso de entre 65 y 70 dólares, pero la caída que mostró la última semana el WTI hasta 48 dólares (el Brent, que se toma como referencia para la provincia, osciló en torno a los 50) lleva a comprobar una vez más que el mercado es absolutamente imprevisible.  

Y lo es a tal punto que es difícil asegurar que en los próximos días no seguirá bajando, tanto como resulta imposible descartar que un efecto político de otro orden internacional podría activar nuevos recortes a la producción y lograr un rebote para equilibrar el mercado. Lo cierto es que por ahora la perspectiva es de baja, de un modo mucho más acelerado que el que podría haberse estimado. En esa proyección, no puede perderse de vista que con la actual caída de precios, muchos proyectos shale dejan de ser viables, incluso en países como Estados Unidos. Precisamente este es uno de los jugadores del mercado que redujo su demanda a nivel internacional, a partir del desarrollo de sus recursos no convencionales (particularmente en el mercado gasífero) y, por ello, algunos economistas estiman que al caer su respuesta energética y volcar al mercado mundial en busca de gas y petróleo habría un efecto de alza en los precios.  

En ese contexto, las proyecciones realizadas tras la primera semana del año permiten estimar que la provincia sufrirá una reducción –siempre que se mantenga el acuerdo firmado con Nación sobre fines de diciembre- del orden de los 100 millones de pesos, ya que la consideración de un valor de 60 dólares por barril para liquidar regalías (a los que se suman otros 3 dólares que Nación aporta en concepto de subsidio) provoca pérdidas de regalías frente a los 67 dólares que representaba el barril de crudo Escalante hasta antes de ese acuerdo. En un escenario pesimista, pero estable (es decir, suponiendo que no haya recuperación, pero que el crudo no caiga más y se estabilice en valores actuales) esa pérdida significaría unos 1.200 millones de pesos en todo el año, casi la cuarta parte de lo que se había estimado como ingreso por regalías (5.700 millones de pesos) en el proyecto de presupuesto 2015 que el Ejecutivo provincial remitió a la Legislatura pero que no llegó a tratarse, precisamente a la espera de cómo evolucionaría el mercado internacional del crudo. Si bien es demasiado pronto como para hacer una proyección anual, el dato forma parte de las mesas de análisis que por estas horas se profundizan y que tendrán continuidad el lunes en la reunión de la OFEPHI, con la intención de los gobiernos petroleros de sostener el acuerdo con Nación para seguir blindando el mercado interno frente a la caída internacional. “En realidad el acuerdo se sostiene mientras los consumidores sigan pagando el precio de las naftas a los valores actuales”, confió un técnico que sigue de cerca esos encuentros. “Cuando la presión crezca, habrá que ver si el gobierno nacional decide seguir apuntalando el acuerdo o termina cediendo”.

El crédito a favor de las provincias petroleras

Tal como se ha advertido desde este espacio, otros factores de poder económico presionarán para que el Estado nacional deje de subsidiar a las operadoras petroleras y, dejando caer el precio del crudo a los valores reales del mercado internacional, se produzca una nueva baja del precio de las naftas y el gasoil (habida cuenta de que el 5% rebajado en diciembre no alcanza a contener los aumentos de los últimos tiempos). A la hora de defender su posición, las provincias petroleras tienen como “crédito a favor” el hecho de haber dejado de percibir alrededor de 18.000 millones de dólares, desde el año 2003 en adelante, al haber recibido regalías liquidadas  un valor mucho más bajo que el que tenía el petróleo en el mercado internacional. Entre estas, Chubut cedió por ejemplo 2.000 millones de dólares en ese período, según el análisis de la consultora Noanomics, del economista Félix Piacentini. Dicho aporte fiscal de las provincias productoras de petróleo fue en aras de que los precios de los combustibles en el país se mantuvieran no tan alineados con la evolución internacional (no dejaron de subir los precios, pero lo hicieron a un ritmo y en valores menores a los de otros países de la región). Pero hay otro argumento mayor, que nadie se ha atrevido a poner en discusión. Así lo reflejaron dos economistas de renombre nacional y con activa presencia en los medios argentinos, como Tomás Bulat y Maximiliano Montenegro, quienes estuvieron en Comodoro Rivadavia en febrero y octubre último, en oportunidad de las exposiciones organizadas por la Sociedad Rural de esta ciudad. En efecto, en distintos momentos y con similares argumentos, ambos coincidieron en que gran parte del déficit fiscal que hoy enfrenta el país, medido decenas de miles de millones de pesos, se explican por la necesidad del Estado nacional de cubrir los subsidios al transporte y al consumo de energía (gas y electricidad) en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Para cubrir ese déficit, el gobierno apela a la emisión monetaria (es decir, la maquinita de imprimir billetes) lo que a su vez explica gran parte de la espiral inflacionaria del último año. Sin embargo, dicho aporte (de todo un país para sostener el consumo del gran centro urbano que puede decidir, en un cacerolazo, ya se sabe, la (in) estabilidad de cualquier gobierno, no suele recibir cuestionamientos como los que sí empiezan a escucharse hacia la decisión –precaria, como todos los remendones- de posibilitar no sólo que las provincias petroleras frenen sus caídas de ingreso y que la actividad petrolera sostenga niveles de empleo, sino también el objetivo de continuar buscando un autoabastecimiento que evite al país la condena a depender siempre del gas y petróleo importado.

La discusión no debería darse en torno a si subsidia o no a las operadoras petroleras, que bien saben defenderse solas y así lo demuestran sus propios balances, sino por aquellas acciones políticas que salgan de los espasmos de un país que se alimenta de lo que producen las periferias, pero decide sus destinos en base a los humores de un centro cada vez más concentrado en su propio centro. Sostener un acuerdo que evite la caída de la actividad es hoy una herramienta que posibilitaría seguir aspirando a un recupero energético que en el futuro reduzca el déficit actual, que cercena hoy cualquier posibilidad de crecimiento. (por Felipe Marlow)